En Guanajuato vivimos una realidad cambiada. Si en las conferencias matutinas de Andrés Manuel López Obrador se dibujan matices de un país en el que muchos no nos reconocemos, en nuestra entidad tampoco cantamos mal las rancheras, con un gobernador que ha decidido asumirse como un simple encargado de despacho.

Este martes coincidieron dos eventos que no parecen ser ajenos.

Por una parte, el Gobernador Diego Sinhue Rodríguez asumió por fin en forma personal la defensa de su propuesta de Fiscal General, no empleando datos duros y cifras irrebatibles, sino recurriendo al expediente ficticio de los reconocimientos nacionales e internacionales que presume Carlos Zamarripa, un poco al estilo de esos restaurantes que compran diplomas para exaltar su calidad, cuando lo que debería hablar es la sazón de sus platillos.

Por otra parte, el ex Gobernador Miguel Márquez acudió a una reunión de la Comisión Permanente del PAN donde se dejó retratar junto al dirigente nacional Marko Cortés, acompañado de la irremplazable Juana de la Cruz Martínez, del dirigente estatal Román Cifuentes y de la diputada Alejandra Gutiérrez.

¿Coincidencia desafortunada? ¿Acto fallido? Lo cierto es que la reaparición pública en redes sociales y en medios de comunicación del exgobernador cuya presencia sigue vigente gracias al estado mayor del que rodeó a su sucesor, al mismo tiempo que se apresura la designación de Carlos Zamarripa como el primer fiscal general de Guanajuato, no parece casualidad.

Por si fuera poco, junto con la reaparición de Márquez y la decisión de Sinhue de asumir personalmente la campaña de defensa y promoción de Zamarripa, tanto en declaraciones a los reporteros como en cabildeos con empresarios de los medios de comunicación, se da la decisión del grupo parlamentario del PAN de mantener el periodo de nueve años a Zamarripa, cancelando cualquier reconsideración.

No me la crean, pero no dejo de pensar que la aparición de Miguel Márquez junto a la implacable Juana de la Cruz, fue como un manotazo en la mesa para exigir el cumplimiento de los acuerdos mediante los cuales Diego llegó a la gubernatura, así sea tan acotada, y los diputados a su curul.

No es el único episodio bizarro de la política guanajuatense en estos días. Ayer el Gobernador Diego Sinhue Rodríguez acudió al foro de Coparmex en México donde se evaluó el cumplimiento de los 11 compromisos contra la corrupción. Por cierto, el primero de ellos es impulsar la creación de fiscalías autónomas y fiscalías que sirvan. No tenía mucho que decir el gobernador al respecto, pero en cambio presumió una serie de logros gubernamentales acontecidos todos antes de que tomara posesión: leyes de 2015 y de abril de 2018; premios y reconocimientos recibidos también durante el gobierno de Márquez.

Lejos de tratar de imprimir su sello al gobierno que se inicia, el nuevo mandatario parece asumirse a plenitud como un epígono, como el continuador de una tarea, como el heredero atado por las condiciones del testamento.

Sin embargo, la terca realidad está desarrollando otras historias: los periódicos y los portales digitales están llenos de hechos de sangre; ejecuciones, asaltos y balaceras son la realidad de Guanajuato de extremo a extremo; las corporaciones federales se siguen lamentando de la nula coordinación con sus homólogas estatales y las cifras alegres con las que el procurador quiere pavimentar el tránsito a su segunda década como zar de la seguridad en Guanajuato, nomás no tranquilizan a nadie, más allá de los acólitos del PAN.

Pero, además, toda esta operación para contrarrestar el rechazo que la designación de Zamarripa despierta en diversos sectores sociales, lo convierte en el prototipo de fiscal carnal, pues la deuda que adquiere con el gobernador y con los diputados del PAN es enorme.

Eso si no es que estamos, como en el mundo al revés, ante un funcionario que ha acumulado tanto poder fáctico que es quien verdaderamente está imponiendo las reglas del juego, lo que en realidad nos dejaría con un gobernador y diputados carnales al servicio de una inminente dictadura policiaca.

Por lo pronto la obligación de ratificar a Zamarripa contra viento y marea, ha producido toda clase de dislates: ayer la diputada Libia Denisse García defendía la decisión de convertir al procurador actual en Fiscal General con este razonamiento: “atribuirle el tema de seguridad a un solo funcionario me parece por demás un exceso (…) cuando hablamos de seguridad pública es otra instancia la que interviene”.

Quizá Libia no sepa que el funcionario responsable de la Seguridad, Alvar Cabeza de Vaca, ha sido ratificado también; que su actuar se coordina absolutamente con el del procurador y que entre ambos han colocado a la mayoría de los secretarios de seguridad de los municipios. Y que, pese a eso, las cosas no están funcionando.

Cuando hablamos de inseguridad, de crimen, de violencia y de deterioro de la vida comunitaria de Guanajuato, los panistas de por aquí se nos vuelven muy lopezobradoristas, pues ellos, simplemente, “tienen otros datos”.

Arnoldo Cuellar

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Periodista, analista político. Reportero y columnista en medios escritos y electrónicos en Guanajuato y León desde 1981. Autor del blog Guanajuato Escenarios Políticos (arnoldocuellar.com).

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