Durante años, los padres de los 43 y el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) pidieron investigar a Tomás Zerón, pero fue protegido desde la Presidencia de la República. Se volvió asesor de Enrique Peña Nieto mientras en las calles se pedía su cabeza.
Ciudad de México, 15 de enero (SinEmbargo).– Tomás Zerón De Lucio, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Procuraduría General de la República, será indagado por la Comisión para la Verdad y la Justicia del caso Ayotzinapa.
La investigación sobre Zerón De Lucio forma parte de la recomendación que hizo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre el caso Ayotzinapa, recordó hoy Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.
Durante años, los padres de los 43 y el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) pidieron investigar a Tomás Zerón, pero fue protegido desde la Presidencia de la República. Se volvió asesor de Enrique Peña Nieto mientras en las calles se pedía su cabeza.
Hoy se instaló la Comisión Para La Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa.
La Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aseguró que el objetivo principal de la Comisión Para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa, que fue instalada este jueves, es coadyuvar al esclarecimiento de la verdad sobre los sucedido con los 43 normalistas desaparecidos y dar paso a la aplicación de la justicia sin importar quiénes hayan sido y qué cargos ocupaban.
“Hoy 15 de enero de 2019 estamos aquí para dar cumplimiento al decreto Presidencial. […] El objetivo del decreto presidencial es coadyuvar al esclarecimiento de la verdad para dar satisfacción al justo reclamo de los familiares de los 43 normalistas y para dar paso a la aplicación de la justicia sin importar quiénes hayan sido y que cargos ocupaban”, dijo la titular de la Secretaría de Gobernación.
La Comisión está encabezada por el Subsecretario de Derechos humanos, migración y población, Alejandro Encinas, e incluye a los padres de los normalistas desaparecidos y a las organizaciones civiles que les han dado acompañamiento: el Centro de los Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Fundar y Serapaz.
También hay representantes de la Cancillería y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Acompañada de Alejandro Encinas, el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, así como familiares de los normalistas desaparecidos, la Secretaria de Gobernación indicó que la comisión tiene como tarea dar resultados de manera inmediata “para ser de los primeros que entregue” el Presidente Andrés Manuel López Obrador.
Olga Sánchez dijo que la comisión no parte de cero pues pese a la inconsistencias existen avances importantes de las investigaciones previas.
La encargada de la política interior, pidió a los integrantes de la Comisión “su más decidido esfuerzo y compromiso” para entregar resultados “en el más breve plazo que sea humana, legal y científicamente posible”.
“Vamos a esclarecer los hechos, vamos a conocer la verdad, esa es la orden que nos ha dado el Presidente de México y la vamos a cumplir”, aseguró.
El pasado 3 de diciembre el Presidente Andrés Manuel López Obrador firmó, frente a los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, su primer Decreto Presidencial, que es para crear la Comisión de la Verdad. Ofreció justicia, y llegar a la verdad; dar todas las facilidades y que “la autoridad competente, que sería la Fiscalía General, constituya esta comisión”.
Bajo el mandato del ex Presidente mexicano Enrique Peña Nieto (2012-2018), el caso más mediático fue la desaparición en 2014 de los 43 estudiantes de la escuela para maestros de Ayotzinapa.
El Ejecutivo de Peña Nieto tuvo algunos encontronazos con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) debido a la creación de un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que investigó el caso Ayotzinapa y echó abajo la versión oficial.
De acuerdo con la “verdad histórica” defendida por el Gobierno de Peña Nieto, los estudiantes fueron detenidos por policías municipales corruptos en Iguala y entregados al grupo criminal Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en un basurero del municipio vecino de Cocula, estado de Guerrero.
Pero el GIEI, que estuvo un año investigando el caso, planteó la imposibilidad de que los 43 hubieran sido quemados en el vertedero la misma noche en que desaparecieron y, además, sacó a la luz que parte de la versión oficial se basaba en testimonios de detenidos torturados.
Nade más llegar al poder, el 3 de diciembre, López Obrador ordenó en su primer decreto presidencial la creación de una Comisión de la Verdad sobre el caso de Ayotzinapa que será instalada esta semana.
–Con información de EFE
