El caso aceptado por la CIDH se refiere a la masacre de El Charco ocurrida en la primaria Caritino Maldonado el 7 junio de 1998, cuando integrantes de Ejército Mexicano de la 27 Zona Militar, bajo el argumento de que ejecutaban un operativo contra el narcotráfico, cercaron a integrantes de la comunidad que se encontraban ahí durmiendo, pues habían participado en una asamblea que continuaría al día siguiente.
Por Guillermo Rivera
Ciudad de México, 5 de enero (El Sur/ SinEmbargo).– Más de dos décadas después de perpetrada la masacre ejecutada por soldados del Ejército contra 11 personas –10 indígenas nu’savis y un estudiante universitario– en la comunidad El Charco, municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero, el caso será estudiado y analizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se informó este viernes.
La Red Solidaria Década Contra la Impunidad manifestó en conferencia de prensa su beneplácito ante el informe de admisibilidad 166/18, del caso 13 mil 709 "Masacre de El Charco", que la CIDH presentó el 14 de diciembre de 2018.
En el acto en la sede del Centro Nacional de Comunicación Social estuvieron Ernesto Rodríguez Cabrera, litigante de la red ante la CIDH y Magdalena López, secretaria ejecutiva de esa asociación. También acudieron Efrén Cortés, sobreviviente, el obispo Óscar Pérez y el fray Julián Cruzalta.
Ernesto Rodríguez dijo que el caso se refiere a la masacre de El Charco ocurrida en la primaria Caritino Maldonado el 7 junio de 1998, cuando integrantes de Ejército Mexicano de la 27 Zona Militar encabezados por el general Juan Alfredo Oropeza Garnica y el comandante de la Novena Región Militar, Luis Humberto López Portillo Leal, bajo el argumento de que ejecutaban un operativo contra el narcotráfico, cercaron a integrantes de la comunidad que se encontraban ahí durmiendo, pues habían participado en una asamblea que continuaría al día siguiente.
“Los militares acusaron a los indígenas mixtecos de albergar a integrantes del grupo rebelde Ejército Popular Revolucionario (EPR), y 10 indígenas nu’savis y un estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México fueron ejecutados extrajudicialmente”, leyó Rodríguez.
El abogado recordó que los militares dispararon más de 284 municiones y lanzaron dos granadas contra indígenas, activistas sociales, universitarios y rebeldes que se encontraban ahí. Dos días después los militares permitieron la entrada de periodistas a la zona y el Estado mexicano aseguró que se trató de un enfrentamiento entre el Ejército y la guerrilla.
Manifestó que es “de vital trascendencia” el informe de admisibilidad 166/18 en la actual coyuntura que atraviesa el país en el ámbito de las violaciones de derechos humanos perpetradas por las fuerzas armadas en contra de la población civil.
“Las fuerzas armadas tienen una formación que no es la de seguridad, por lo que es latente el riesgo de sufrir violaciones a los derechos humanos a manos de elementos castrenses en la llamada Guardia Nacional”, alertó.
NO A LA GUARDIA NACIONAL
En su intervención, Julián Cruzalta catalogó al Estado mexicano de “terrorífico, caracterizado por la impunidad” y “el caso de El Charco es paradigmático porque representa eso ya que a 20 años ninguna autoridad ha sido sancionada. Por desgracia no es el único caso donde las fuerzas armadas han intervenido y ha habido un velo de mucha impunidad sobre el Ejército. Esta violencia de Estado la han llevado a cabo militares y marinos”.
Sí, insistió el fray, “podemos hablar de un verdadero terrorismo de Estado”. El caso El Charco, afirmó, “es una muestra de lo que puede pasar con la Guardia Nacional militarizada”, que pretende crear el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
“No nos oponemos a la seguridad interna, es necesaria ante tanta delincuencia organizada, pero el problema es una Guardia Nacional militarizada. Este es un ejemplo claro de que pueden venir más masacres”, advirtió.
“No cambia el Ejército mexicano” por decreto presidencial, dijo.
“Son las mismas fuerzas armadas, hoy el Presidente dice que son otras. Son los mismos elementos que no tienen una formación para investigación y es muy grave que participen en las investigaciones. Invitamos a las cámaras de diputados y senadores a que pongan candados a esta iniciativa. Se nos habla de que es momentáneo, mientras existan policías confiables, pero para algo momentáneo no se modifican 13 artículos de la Constitución. Esto es para abrir la puerta a una militarización grave del país”.
Cruzalta mencionó la relevancia del artículo 21 de la Constitución que señala que el mando de la seguridad interna debe ser civil.
“Sí necesitamos una guardia, una policía, pero con mando civil, de ninguna manera aceptamos una Guardia Nacional bajo el mando de la Secretaría de la Defensa, cuyos elementos han cometido barbaridades. Se planea modificar la Constitución para volver legal esto. La Guardia Nacional nos parece una verdadera arbitrariedad. Esta salida no nos parece una señal de paz”, concluyó.
“ANTESALA DE UNA DICTADURA”
Por su parte Óscar Pérez, quien secundó a Cruzalta respecto a su postura ante la Guardia Nacional y celebró la admisibilidad del caso El Charco en la CIDH, dijo que existen “muchos casos donde el Ejército ha violado derechos humanos, ha lastimado a la población. El Charco es uno de estos casos. Debemos ver que el Ejército no es apto para crear estructuras para la defensa de la sociedad, porque ha violado y lastimado a la misma”.
Por eso, continuó el obispo, “levantamos la voz en contra de una Guardia Nacional que esté basada en el Ejército cuando la seguridad pública debe de estar en manos de los ciudadanos. Hemos visto que El Charco fue manipulado por los militares y se violaron derechos, hubo muertas extrajudiciales… fue deplorable. Creemos que si se aprueba una Guardia Nacional promovida por los militares, es la antesala de una dictadura y de muchas desapariciones forzadas”.
“Aprovechando que se anuncia la admisibilidad de El Charco levantamos la voz en el área religiosa. No estamos a favor de esa Guardia Nacional promovida por los sectores militar y de la Marina”, siguió.
Efrén Cortés, sobreviviente de la masacre de El Charco, expresó que el Ejército “es una maquinaria de muerte, preparada para eso. Lo vimos, nosotros que fuimos detenidos, torturados, sometidos. Hemos visto que cuando al Ejército se le señala, muchos sectores callan porque piensan que sí, que el Ejército es buena onda y que los malos son los políticos. Es una maquinaria, que, si se le ordena masacrar, lo va a hacer”.
El activista señaló que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, “mientras esté supeditada al poder político va a ser muy difícil que sea independiente. Va a ser como una cortina de humo para cubrir los crímenes que comete el Ejército y la Marina. Nosotros lo vimos, no nos lo contaron”.
El caso El Charco “sí entra dentro de esta lógica que el Estado ha querido esconder: no es cierto que con el nuevo Gobierno los militares ya van a ser buenos, es una institución que fue educada para ser maquinaria de muerte”, insistió y rechazó también la formación de la Guardia Nacional “porque se reconoce que hay una crisis de violencia, pero ésta tiene sus orígenes en otras cosas”.
