Entre 2012 y 2018, al menos 11 magistrados y jueces fueron destituidos por corrupción o irregularidades. En ese mismo periodo, otros fueron suspendidos (50), sancionados (13) o advertidos (58) de las consecuencias penales o administrativas de sus actos.
A estas determinaciones por parte de los órganos vigilantes y sancionadores del Poder Judicial (estatales y federal) se suman 62 casos en proceso de resolución, además de las investigaciones iniciadas este año en contra de 12 jueces y magistrados de Coahuila y Nayarit, por su presunta participación en una red de corrupción y fraude hipotecarios.
Ciudad de México, 24 de diciembre (SinEmbargo).- El Poder Judicial sancionó a por lo menos 132 jueces y magistrados a nivel federal y local, entre 2012 y 2018. Esta cantidad equivale al 6.2 por ciento del total de funcionarios públicos con sanciones administrativas y penales “definitivas» (2 mil 139) durante el periodo, según cifras desconcentradas del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y de la Procuraduría General de la República (PGR).
De la cantidad de jueces y magistrados sancionados, 58 recibieron una advertencia, 50 fueron suspendidos (de manera temporal o definitiva), 13 recibieron una sanción (administrativa, penal, privada o económica) y 11 más fueron destituidos. Los 62 casos restantes de presunta corrupción, aunque están “fundados”, permanecen en proceso de resolución e incluyen probables “procedimientos disciplinarios de oficio”.
Los datos de la PGR también refieren que, de 2014 a 2016, hubo 526 denuncias en contra de funcionarios públicos, de las cuales, el 45 por ciento (236 casos) fue por “delitos cometidos”, 42 por ciento (220) por la comisión de “ejercicios indebidos” y 13 por ciento (70) por “coalición de servidores públicos”.
Asimismo, las cifras del Ministerio Público federal refieren que los delitos penales cometidos por funcionarios públicos fueron al alza en 24 por ciento real, entre 2013 y 2016 (al pasar de 3 mil 755 a 4 mil 575 casos). Sin embargo, a lo largo de casi todo el sexenio (2012-2017) del ex Presidente Enrique Peña Nieto, el registro de delitos penales de funcionarios públicos tuvo un decremento real de 4.1 por ciento (al pasar de 3 mil 755 a 3 mil 601 casos).
A estas cifras habrían de añadirse aquellos funcionarios públicos y jueces y magistrados de Coahuila y Nayarit que, en la última semana, fueron vinculados a una red de corrupción y fraude hipotecarios, en detrimento de miles de derechohabientes del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).
La semana pasada, el Consejo de la Judicatura de Coahuila suspendió a seis jueces. Por su parte, la Fiscalía de Nayarit solicitó al Congreso local iniciar un proceso de desafuero a cuatro jueces y dos magistrados, para poder juzgarlos.
En ambos casos, los funcionarios del Infonavit fueron señalados de ejecutar, con irregularidades, la suspensión de créditos hipotecarios a los deudores (por falta o abandono de pagos) en al menos seis estados de la República Mexicana –Chihuahua, Jalisco, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas–, además de Coahuila y Nayarit.
Por su parte, los jueces y magistrados fueron acusados de realizar “juicios exprés” y “juicios falsos» para justificar la requisición de las propiedades morosas, de modo que los funcionarios del Infonavit pudieran rematar las propiedades al 34 ó 47 por ciento de su valor inicial (380 mil pesos). Hasta el momento, el monto del fraude no ha sido dado a conocer por las autoridades competentes.
Los casos de Coahuila y Nayarit abonan a una serie de controversias que se suscitaron en el Poder Judicial entre 2012 y 2018, con un acumulado mínimo de 246 jueces y magistrados que han sido objeto de investigación por diversas razones.
ABUSO Y PODER
Las acusaciones de corrupción y de presuntos lazos de jueces y magistrados con integrantes del crimen organizado han sido, por lo menos en los últimos nueve años, una mancha indeleble que demerita la confianza en el Poder Judicial de la Federación.
En noviembre pasado, el ex Procurador General de la República (por suplencia) Alberto Elías Beltrán, reconoció que en la actualidad la ciudadanía tiene un bajo nivel de confianza en las instituciones públicas, sobre todo en aquellas en materia de procuración de justicia.
Inclusive, el 11 de diciembre de este año, el coordinador de la bancada del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, solicitó a la PGR un informe pormenorizado –a reserva de la información delicada o confidencial– de las investigaciones por actos de corrupción en contra de jueces y magistrados.
Con dicha medida –en el marco de una crisis de procuración de justicia y lucha contra la impunidad– los senadores pretenden dar mayor atención a la corrupción que “permea” en los órganos jurisdiccionales de nuestro país, ya que la falta de información disponible «limita las posibilidades de materializar la anhelada transformación del Estado mexicano”, explicó Monreal.
Entre los casos más polémicos y recientes está, por ejemplo, la investigación de la Visitaduría General de la PGR (2018) a los funcionarios públicos –incluidos jueces y magistrados– que pudieron haber incurrido en la comisión de cohechos y delitos contra la administración de justicia, en el caso del ex Gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa.
La investigación inició con una denuncia interpuesta por la organización civil Tojil, por las presuntas acciones y omisiones de las autoridades que permitieron la reducción de la sentencia del ex Gobernador, acusado de sustraer y lavar más de 500 millones de pesos del erario público veracruzano.
Por falta de pruebas suficientes y la obtención de las mismas sin una autorización judicial previa, a principios de 2018, la PGR anunció que cambiaría la acusación en contra de Duarte por delincuencia organizada, a asociación delictuosa. La reconfiguración del delito implicó la posibilidad de una condena más corta (de cinco a 10 años, en lugar de 20 a 40) para Duarte, así como la posibilidad de cumplir su condena en libertad condicional.
Más allá de los errores procesales –como sucedió también en los casos de Elba Esther Gordillo, César Duarte Jáquez, Tomás Yárrington Ruvalcaba, Eugenio Hernández Flores y Roberto Borge Angulo, por mencionar algunos– y del caso de Javier Duarte, las imputaciones contra jueces y magistrados remiten a procesos que duraron casi todo el sexenio pasado.
Entre 2012 y 2016, el magistrado Jesús Guadalupe Luna Altamirano se vio involucrado en una investigación y proceso de destitución en contra de 14 magistrados y jueces señalados de sostener vínculos con el crimen organizado, además de lucrar con el uso ilícito de su autoridad.
En mayo de 2012, Luna Altamirano fue suspendido de manera temporal. Entonces fue acusado de enriquecimiento ilícito (tenía ingresos no justificados superiores a 2.4 millones de pesos al año); aunque ya pesaban sobre él los estigmas de haber avalado la extradición (2008) del ex militar argentino Ricardo Miguel Cavallo –acusado de crímenes de lesa humanidad durante la dictadura de 1976–, la liberación (2008) de Iván Archivaldo Guzmán («El Chapito”), la exoneración (2009) del ex Presidente Luis Echerverría Álvarez (del delito por la matanza del 2 de octubre de 1968), además del fallo (en 2012) a favor de Sandra Ávila Beltrán, «La Reina del Pacífico” ligada al Cártel de los Beltrán Leyva.
A pesar de la suspensión de Altamirano en 2012, de los procedimientos disciplinarios (que enfrentó a partir de 2014) y de la orden de aprehensión en su contra en 2016, el otrora magistrado fue destituido hasta 2017 (sin haber pisado la cárcel).
Además de él, uno de los 14 funcionarios públicos investigados por la Comisión de Disciplina del CJF y por la PGR, fue el juez Efraín Cázares López.
De acuerdo con las quejas administrativas (659/2010 y 660/2010) y la denuncia (34/2011) en su contra, Cázares fue destituido en 2012 por dejar en libertad, ese mismo año, a varios alcaldes y funcionarios públicos que habían sido ligados al crimen organizado, durante “El Michoacanazo” del Gobierno del ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa.
Cázares, también, fue señalado de convalidar (en 2010) la toma de protesta en la Cámara de Diputados de Julio César Godoy Toscano –quien permanece prófugo de la justicia– a pesar de sus vínculos con la delincuencia organizada.
OTROS CASOS
De 2012 a 2017, el órgano de administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación (PJF) sancionó a 117 jueces y magistrados que incurrieron en irregularidades durante el ejercicio de sus funciones. Los casos incluyeron apercibimientos (o advertencias), amonestaciones, suspensiones hasta por 10 años consecutivos, así como la separación inapelable del cargo.
Un año después del escándalo de los 14 magistrados locales –de Baja California, Coahuila, Estado de México, Nuevo León y Veracruz–, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) inició una investigación en contra de los ministros del Segundo Tribunal Unitario y del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del estado de Jalisco, por avalar la liberación injustificada del ex líder del Cártel de Guadalajara, Rafael Caro Quintero.
El acto de «procedencia conforme a derecho» para beneficiar al capo mexicano –según lo determinó el máximo tribunal de México en agosto de 2013–, además de la liberación, interrumpió el proceso de sentencia de Caro Quintero por delitos de narcotráfico y el asesinato de un agente de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).
La ristra de señalamientos en contra de jueces y magistrados –que se desencadenó en el mismo periodo (2013-2016) en que los delitos penales cometidos por funcionarios públicos fueron al alza, según datos de la PGR– alcanzó un nuevo pico en 2014.
En noviembre de ese año, el CJF suspendió a un magistrado (de Guerrero), a un juez (de Baja California Sur) y a cinco secretarios (de los juzgados primero y tercero de distrito de Baja California) investigados por haber otorgado, «de manera indebida”, una serie de amparos para la importación de autos usados.
Este caso, que incluyó conflictos de interés y uso indebido de atribuciones, estuvo ligado a las indagatorias de los 14 magistrados y jueces suspendidos y destituidos, entre 2010 y 2017.
Meses más tarde, en septiembre de 2015, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México (TSJEM) inició una investigación en contra de 30 jueces que habrían incurrido en actos de corrupción.
A los escándalos de 2012, 2013, 2014 y 2015, se sumarían las investigaciones de julio de 2016, cuando la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCM) evidenció la existencia de una «posible red de corrupción» al interior del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) capitalino.
Según la indagatoria FSP/T2/120/2016, tanto magistrados como secretarios del TSJ delinquieron por sustraer archivos de «alto impacto” en beneficio de sus «amigos” litigantes, algunos relacionados con los despachos legales Asociados Rodríguez Rodríguez y Reyes y Nava.
Al cierre de 2016, el CJF determinó que, de un total de 124 procedimientos administrativos de responsabilidad contra jueces, magistrados y servidores públicos adscritos al Poder Judicial de la Federación, 77 «fueron fundados” (44 resueltos por la Comisión de Disciplina y 33 enviados al Pleno » para su probable aprobación”).
Hasta noviembre de este año, la PGR reconoció tener «investigaciones en contra de jueces y magistrados por actos de corrupción”, así como funcionarios «vinculados a temas de delincuencia organizada”, según lo aseverado por el subprocurador de Delitos Federales de la Procuraduría, Felipe Muñoz Vázquez.
Las investigaciones, dijo sin mayor detalle, están relacionadas con juzgadores federales que determinaron dejar en libertad a «importantes operadores» del narcotráfico, entre 2016 y 2018.
