De aprobarse el proyecto de presupuesto 2019, los medios públicos federales otra vez tendrían un recorte en sus recursos, tal como sucedió a lo largo del sexenio de Enrique Peña Nieto. Esta disminución sería, en conjunto, de alrededor de 115 millones de pesos. Es una merma muy importante que impacta en la función que tienen encomendada estos medios en una sociedad democrática.

En cifras cerradas, Once TV tuvo en 2018 un presupuesto de 579.5 millones de pesos y en el 2019 sería de 530.6 millones de pesos, nueve por ciento menos. Canal 22 pasaría de 172.7 millones de pesos a 149.2 millones de pesos, una disminución de casi 14 por ciento. El Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR), de ejercer el año pasado 220.2 millones de pesos tendría 205.4 millones de pesos, casi siete por ciento menos.

En el caso de la radio, el Instituto Mexicano de Radio (IMER), de tener un presupuesto de 178 millones de pesos este año, disminuiría a 159.2 millones de pesos, 10 por ciento menos. Y Radio Educación, pasaría de 85.7 millones de pesos a 76.2 millones de pesos, entre un año y otro, esto es, una pérdida de 11 por ciento. Todo esto sin considerar el impacto por la inflación y los recortes a su gasto durante los últimos años.

Efectivamente, debe revisarse el gasto superfluo, las licitaciones infladas, los excesos que también ocurren en los medios públicos como se ha documentado en Sin Embargo, pero esto no se soluciona con el recorte del presupuesto, sino con honestidad en quienes encabecen estos medios, transparencia total en la manera en cómo se distribuye el dinero, rendición de cuentas y una mejor administración de los recursos disponibles. Hacia allá deben encaminarse los esfuerzos en la nueva administración.

Las diputadas y los diputados están obligados a revisar con lupa este financiamiento y considerar las recomendaciones que al respecto han emitido organismos nacionales e internacionales. Por ejemplo, la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha dicho que “los medios públicos de comunicación deben contar con un presupuesto estable y autonomía financiera que impida injerencias arbitrarias también del sector gubernamental”.

“Presupuesto estable” señala la CIDH, pero lo que ha prevalecido es la inestabilidad. Véase, por ejemplo, lo que está sucediendo en estos días en el IMER, donde productores, locutores, guionistas, musicalizadores y periodistas, contratados temporalmente mediante la prestación de servicios profesionales por honorarios, han alzado la voz por la incertidumbre laboral en la que se encuentran ante la falta de pago por los meses de noviembre y diciembre y la ausencia de información sobre su recontratación en el próximo año. Como afirmó la ex directora del IMER, Ana Cecilia Terrazas, la radio pública (y también la televisión pública) siempre ha estado obligada a tener colaboradores porque el presupuesto que les asigna Hacienda “no es suficiente para mantener funcionando las emisoras 24 horas todos los días sólo con el personal de base” (Animal Político, 17 de diciembre).

La misma Relatoría para la Libertad de Expresión en conjunto con la de ONU, la OEA, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa y la Comisión Africana emitió en 2007 una Declaración en la que recomienda que “se deben explorar mecanismos innovadores para el financiamiento de los medios públicos, de tal forma que éste sea suficiente para permitirles cumplir con su mandato de servicio público, que sea garantizado por adelantado para periodos de varios años y que sea ajustado de acuerdo a la inflación” (CIDH, Estándares de libertad de expresión para una radiodifusión libre e incluyente, 2009). Esto tampoco ha ocurrido.

A su vez, la OCDE en su estudio sobre telecomunicaciones y radiodifusión en México 2017, precisó que “los concesionarios de radiodifusión pública (en nuestro país) tienen menos apoyo financiero que en la mayoría de los países de la OCDE, lo cual limita su capacidad para cumplir con su mandato”. Por eso ha recomendado al Estado mexicano que los medios públicos sean beneficiarios, como los concesionarios de uso social comunitario e indígena, de los recursos de comunicación social del gobierno, así como de la posibilidad de “vender una cantidad limitada de publicidad que no comprometa sus objetivos sociales, culturales y educativos” (el estudio está disponible en este enlace: https://doi.org/10.1787/9789264280656-es).

Para esto último, sería indispensable modificar la ley. La política de austeridad obligaría por lo tanto a explorar más fuentes de financiamiento para los medios públicos y no castigarlos, como se hace ahora, para asegurar la pluralidad y diversidad de voces en sus contenidos, de alta calidad, articulados con las necesidades informativas, educativas y culturales de la población, como lo señala la Relatoría para la Libertad de Expresión de la CIDH.

MORENA Y SUS PRINCIPIOS

El programa fundacional del partido Morena destaca la relevancia de los medios públicos. El punto seis de dicho documento establece:

“La radio y la televisión son un servicio público, de interés nacional y son esenciales para el desarrollo cultural y social de la población. Por ello, es necesario establecer medios públicos, en manos de la sociedad, para garantizar el derecho a la información, reflejar la pluralidad política, étnica, social y cultural de los mexicanos”.

El adecuado financiamiento de estos medios, al igual que otras medidas para que cumplan su cometido, debe ser considerado por las diputadas y diputados, de Morena y otras fuerzas políticas, que analizarán y ajustarán el presupuesto para el próximo año.

Queda claro que la tijera se usó incluso hasta en los recursos considerados para las Universidades públicas, los programas sociales, de igualdad de género, la cultura y el deporte, pero podría hacerse un ajuste, por ejemplo, en publicidad gubernamental y trasladarlo a los medios públicos para mantener al menos los presupuestos del 2018.

Para el 2019 se prevé una partida de más de 4 mil 100 millones de pesos en publicidad gubernamental. Aunque es una cantidad menor si se le compara con el gasto anual ejercido en este concepto por el Gobierno de Peña Nieto, no deja de ser alta en un país que también está modificando la relación entre el poder político y los medios de comunicación. Recuérdese que los Estados democráticos cuentan con medios públicos fuertes y medios comerciales no subsidiados por el Gobierno.

EL IFT Y SU NUEVO INTEGRANTE

Como se sabe, en días pasados trascendió que la “misteriosa” persona a la que se le dio la posibilidad, en el último momento, de presentar examen para ocupar una plaza de comisionado en el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) es Leticia Salas Torres, ex directora del Canal del Congreso y ex directora de Comunicación Social del INAI.

En un principio, ella fue rechazada por el Comité de Evaluación responsable de llevar a cabo los concursos por dichas plazas porque supuestamente no demostró su trayectoria académica y profesional en las materias que competen al órgano regulador, pero se inconformó y logró que el Comité reconsiderara su decisión.

Pronto sabremos sí avanzó a la siguiente etapa, pero quedó ahí la suspicacia ante la falta de transparencia del Comité (integrado por los titulares del Inegi, del INEE y del Banco de México) y de cierta dosis de discrecionalidad en la toma de decisiones.

Se ha dicho que Salas es la candidata del Gobierno actual, pero ella asegura que no es así. Independientemente de este hecho, nadie puede negar que cumple con los requisitos que establece la ley y que será deseable que alguien de su perfil, mujer, con experiencia en radiodifusión y en los medios públicos, llegue al IFT para enriquecer la visión del pleno del órgano regulador.

@telecomymedios

Gabriel Sosa Plata

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