En marzo de 2011 llegó a Ciudad Juárez el teniente Julián Leyzaola desde Tijuana, donde se hizo fama de tipo duro, y fue recibido con esperanza de que se incorporara a la coordinación establecida entre las fuerzas federales, estatales y los ciudadanos; sin embargo él tenía su manera de trabajo y desde el principio nos dimos cuenta que lo haría por su cuenta, aunque sí rompió con el miedo paralizador de la Policía Municipal y, aún arriesgando su propia integridad, dirigió el ataque en contra de la delincuencia.

El teniente escogió como su campo de batalla el Centro de la ciudad, la zona que más férreamente defendían los extorsionadores, donde más de 500 comerciantes entonces debían pagar derecho de piso semanalmente a una banda que, aunque inicialmente se dedicaba a la venta de narcóticos y sólo tras conocer la dinámica de la Zona Centro, simplemente extendió sus tentáculos para atrapar a los vendedores establecidos.

Pero, ya empoderado y con sus policías con espíritu de cuerpo pronto, pasó de perseguir y enfrentar a los delincuentes a fastidiar a la sociedad, sobre todo a los más humildes y a los trabajadores; con la consigna terrible de “detener y trasladar a la cárcel municipal a todo aquel que, a criterio de los agentes, pareciera sospechoso de ser malandro”, el agente podía sospechar de cualquier transeunte que vistiera, según él, como delincuente y detenerlo y presentarlo ante el juez de Barandilla, quien a su vez podía ordenar su detención por 36 horas o una multa de hasta mil 200 pesos.

Aunque el combate a los extorsionadores del Centro histórico de Juárez fue exitoso, le costó muy caro al resto de la población: no habían pasado 15 días de la llegada de Leyzaola a Ciudad Juárez cuando ya cuatro jóvenes habían sido detenidos en la colonia Oasis Revolución para que una semana después sus cadáveres aparecieran degollados; pese a que se podía identificar perfectamente a los que participaron en esta ejecución extrajudicial, ya que su patrulla detuvo a los jóvenes frente a un mercado informal de segundas, el teniente apenas brindó la información necesaria para su deslinde legal y no para aplicar la ley a los asesinos (que siguen impunes).

La política represiva de la Policía fue la que más atentó contra los derechos humanos de la población, más aún que las sistemáticas agresiones de los militares, y los datos eran verdaderamente alarmantes: durante el primer año fueron remitidos ilegalmente a las cárceles 110 mil pobladores de esta ciudad por su simple apariencia y durante el segundo año se encarcelaron a otros 130 mil. El 20 % de la población de Ciudad Juárez fue agredida injustamente por los policías municipales.

Para 2011 fue bajando el número de homicidios y se estableció una tendencia a la baja; se logró un mayor nivel de eficacia de la Policía ministerial al detener a presuntos homicidas, de un ínfimo 2 % hasta un 47 % de crímenes judicializados; se registró la muerte de más de 8 mil adictos y miembros de pandillas y la detención de unos 5 mil delincuentes y su traslado a otros penales; además de que se lograron aplicar de forma efectiva politicas de atencion a la juventud, como el programa ConArte dirigido por Lucina Jiménez.

Así fue cómo la combinación de los esfuerzos federales, estatales y municipales, coordinados con una efectiva participación ciudadana, lograron contener la ultraviolencia que se apoderó de nuestra ciudad entre 2008 y 2013.

Pueden sacarse muchas conclusiones al analizar esta etapa tan difícil y complicada para una ciudad, y también diversas opiniones respecto a la participación de los militares en tareas de seguridad pública, pero yo me atrevo a una sola: los soldados dan prioridad al cumplimiento de las órdenes de sus superiores, aún sobre su propia seguridad y libertad; así pues se entiende que las órdenes de los jefes van a permear hacia abajo y explica por qué los militares son capaces tanto de respetar como de violentar los derechos de los ciudadanos.

Por eso, y con cinco años de experiencia trabajando en tareas de seguridad, me inclino a sostener que en Seguridad Pública, sobre todo en las ciudades, es preferible el mando civil aunque los miembros de sus tropa tengan un origen y preparación castrense. A fin de cuentas, todo depende de quién manda y quién es el mandado.

Gustavo De la Rosa

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Es director del Despacho Obrero y Derechos Humanos desde 1974 y profesor investigador en educacion, de la UACJ en Ciudad Juárez.

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