De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), un millón de niñas menores de 15 años dan a luz cada año. México se ha coronado como el número uno de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) en lo que respecta a embarazos de niñas menores. El organismo internacional destacó el registró de 11 mil 808 nacimientos entre niñas de 10 a 14 años, en 2016. En tanto, el Inegi informó que en 2018 se reportaron cada día dos nacimientos de madres de entre 10 y 11 años.
La doctora Claudia Martínez, de IPAS México, plantea que la visibilización del embarazo adolescente tiene que ir acompañada de la comprensión de la normalización del irrespeto de los derechos humanos de las niñas y las adolescentes, ya que la mayoría de los embarazos en ese periodo se se relacionan con la coerción y la violencia.
Ciudad de México, 17 de diciembre (SinEmbargo).- Marimar tenía 17 años cuando quedó embarazada producto de una violación sexual. Acompañada por sus padres, acudió al Hospital General de Cuernavaca “Dr. José G.Parres” en donde le realizaron una valoración médica y le informaron que el producto tenía una malformación congénita, lo que implicaba un riesgo mayor para su embarazo. La joven solicitó una intervención legal del embarazo.
La solicitud de la joven fue negada por el Comité de Bioética de ese hospital, que notificó a la familia que “la malformación no ponía en riesgo la vida de la madre”, por lo que “no había sustento legal, ni orden legal, para la terminación del mismo”. La decisión ignoraba los recursos jurídicos que establecen como obligatorio el aborto al ser consecuencia directa de la violación sexual y el artículo 119, fracción IV, del Código Penal del Estado de Morelos, que prevé como causal de la interrupción del embarazo alguna alteración congénita.
El caso de Marimar fue atraído por el Grupo de de Información en Reproducción Elegida (GIRE), organización que le ofreció apoyo legal para interponer un amparo indirecto para impugnar la decisión del Comité. La demanda no tuvo éxito, por lo que se optó por interponer un recurso de revisión a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que falló a su favor este 2018 y luego de tres años.
Este hecho se ha constituido como el primero en el que la SCJN se pronuncia por la negación al derecho de la interrupción del embarazo, por lo que se espera que se convierta en un antecedente de miles de niñas y adolescentes a las que se les niega la garantía.
El embarazo en menores y la falta de acceso a la justicia para aquellas que llegan a requerir atención urgente es uno de los grandes pendientes del sector salud con las mujeres. En opinión de diferentes especialistas en salud sexual y reproductiva es necesario que comiencen a atenderse las causas de un problema que pone en riego la vida y el desarrollo completo de las niñas en México.
“Esto no se trata de una irresponsabilidad o responsabilidad única de las mujeres. La causa de los embarazos no planificados es multifactorial. Si nosotros no les brindamos un acceso integral a la salud reproductiva a las mujeres, a las niñas y a las adolescentes lo que termina resultando son embarazos no planificados y no deseados”, afirma Claudia Martínez, doctora de IPAS México, organización civil que defiende la salud y el acceso de las mujeres a sus derechos.
Una de las preocupaciones de las investigadoras es la falta de educación sexual que rodea al entorno adolescente. Al respecto Minerva Santamarina, coordinadora del área de Jóvenes de la Católicas por el Derecho a Decidir, reconoce que el desconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos junto con la influencia de la religión católica se han constituido como una de las principales causas del embarazo adolescentes en la región.
“Generalmente la sexualidad se relaciona con el pecado, con el miedo y estos elementos pueden generar una influencia negativa en el uso de métodos anticonceptivos, en que decidan poner límites a la pareja sexual y que insistan en lo prohibido, en el pecado, y no busquen información relacionada con el ejercicio de la sexualidad”, expone Santamarina.
El embarazo adolescente y el aborto para menores víctimas de violencia sexual aún se encuentra rodeado de estigmas que están aniquilando a las mujeres. El estudio “Violencia sexual y embarazo infantil en México: Un problema de salud pública y derecho humanos”, del IPAS, destaca que entre 1990 y 2014 el 13 por ciento de las muerte maternas registradas en el país correspondieron a mujeres menores de 20 años.
De hecho, el Sistema Automatizado de Egresos Hospitalarios (SAEH) muestra que en 2014 estas complicaciones sumaron más del 80 por ciento de los egresos que realizó la Secretaria de Salud en adolescentes de entre 15 y 19 años y el 18.5 en niñas y adolescentes atendidas entre los 10 a 14 años.
EMBARAZO PREMATURO
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), un millón de niñas menores de 15 años dan a luz cada año. México se ha coronado como el número uno de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE), en lo que respecta a embarazos de niñas menores.
El organismo internacional destacó el registró de 11 mil 808 nacimientos entre niñas de 10 a 14 años, en 2016. Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que en 2018 se registraron a diario dos nacimientos de madres de 10 y 11 años.
Las causas de este problema de salud reproductiva son muchas: la mala información, la desinformación, la estigmatización de las mujeres cumpliendo roles de crianza, la religión que promueve la maternidad y desvalora la necesidad de la anticoncepción y la violencia sexual son algunas de éstas.
“El ejercicio de los derechos reproductivos está caracterizado por problemas estructurales: el tema de impunidad, por ejemplo; la falta de acceso en servicios de salud en general para toda la población y también está atravesado por una serie de cuestiones ideológicas. El tema del aborto y el acceso a anticonceptivos está ligado históricamente con posiciones morales e ideológicas de legisladoras y legisladores, y funcionarios de la Secretaría de Salud que en temas de salud reproductiva se oponen con posiciones ideológicas y no han tenido la suficiente voluntad para garantizar estos servicios y verlos en términos de los derechos de las mujeres”, afirma Rebeca Ramos del GIRE.
Recientemente, la investigadora Claudia Díaz Olivarrieta, de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), mencionó que en 2009 la necesidad insatisfecha de anticonceptivos entre mujeres adolescentes fue de 24.8 por ciento, porcentaje aún mayor a la cifra de mujeres hablantes de una lengua indígena, cuya cifra es de 21.7 por ciento.
Los jóvenes no suelen acudir a los servicios de salud que ofrecen anticonceptivos y en caso de hacerlo reciben información deficiente. En general no se discute con ellas sus intenciones reproductivas comparadas con las usuarias de 20 a 44 años, plantean las especialistas.
De acuerdo con el Inegi, la edad mediana de la primera relación sexual de las mujeres en edad fértil para 2014 fue de 17.6 años y el uso de anticonceptivos es menos común en las adolescentes entre 15 a 19 años de edad que entre las mujeres de 20 a 49 años. Solo cinco de cada 10 mujeres del primer grupo usan algún método, con el condón masculino como el más usado (82.7) , seguido de la píldora del día siguiente (74.0), lo que demuestra que no existe una cultura de prevención de enfermedades de transmisión sexual.
El embarazo temprano, entre menos de 10 a 14 años, y los embarazos adolescentes son un problema de salud pública debido a que pueden tener fuertes consecuencias físicas y psicológicas en las madres y los nacidos. A nivel global, las complicaciones entre el parto y el embarazo son la segunda causa de muerte entre adolescentes de 15 a 19 años.
La doctora Claudia Martínez, de IPAS México, mencionó en una entrevista con SinEmbargo que el embarazo o el parto entre mujeres jóvenes corre un doble riesgo de presentar complicaciones obstétricas: preeclampsia, eclampsia, hemorragias, infecciones y las complicaciones derivadas de ellas. Debido a la inmadurez también se presentan más indicaciones de cesaría.
Asimismo, es mucho más probable que los recién nacidos presenten un bajo peso al nacer, lo que tiene una repercusión en la descendencia de la madres. La probabilidad de mortalidad infantil es 50 por ciento mayor cuando la madre es una adolescente.
MATERNIDAD FORZADA Y CRIMINALIZACIÓN
A los 15 años, una niña de Chiapas que migraba junto sus padres fue abusada sexualmente en la caminata. Por pudor y vergüenza, la joven no rebelo nada a sus familiares hasta que regreso a su estado. Al enterarse la familia, buscó apoyarla y darle oportunidades para que pudiera abortar al producto de la violación, pero en el estado de Chiapas el aborto es legal sólo hasta las 12 semanas. Al hablar con los médicos del sector público, estos quisieron extorsionarlos y cobrar a la familia una cantidad significativa para poder realizar la interrupción, esto pesar de que existe una normatividad federal que lo permite.
La joven chiapaneca intentó suicidarse porque no quería continuar con un embarazo que no deseaba. Ante esto, su comunidad decidió respaldarla y sólo así pudo realizar la interrupción.
La historia narrada por Minerva Santamaria pone en la mesa las grandes complicaciones que existen entorno a la violencia sexual y el silencio que se produce al redor del abuso, ya que no existen espacios seguros en los que se puedan compartir esta clase de experiencias.
El diagnóstico sobre la Atención de Violencia Sexual en México señala que, integrando el cálculo de aquellos que no denuncian, entre 2010 y 2015 se acumularon un total de 110 mil 914 víctimas de violencia sexual, el 81 por ciento de las víctimas eran mujeres (90 mil 025). El mismo informe revela que los delitos más frecuentes son: abusos sexuales (46 mil 927) y violaciones (35 mil 898). La información disponible en las carpetas de investigación presentadas por los organismos de procuración de justicia evidencia que casi cuatro de cada diez (37.48 por ciento) tienen menos de 15 años.
En opinión de Martínez, la visibilización del embarazo adolescente tiene que ir acompañada de la comprensión de la normalización del irrespeto de los derechos humanos de las niñas y las adolescentes; ya que la mayoría de los embarazos durante este periodo se encuentran relacionados con la coerción y la violencia.
Existen muchos tipo de violencia que pueden llega a inducir un embarazo en adolescentes. La coerción sexual como dinámica de ejercicio de poder y control sin violencia física, es uno de ellos. La especialista insiste en que en muchas ocasiones las niñas son obligadas o coaccionadas a tener relaciones motivándolas con razones psicológicas e inclusive económicas.
Las estadísticas de la Conapo revelan que durante 2016 el 40.1 por ciento (4 mil 723) de las niñas y adolescentes entre 10 y 14 años que tuvo un hijo lo hizo con una pareja de entre 15 y 19 años; 22.7 por ciento (2 mil 680) con una pareja de entre 20 y 24 años y 4.9 por ciento (579) con un pareja entre 25 y 29 años. Sin embargo han rebelado que inclusive la edad de los padres de sus hijos puede llegar hasta los 78 años de edad.
Pese a que la ENDIREH 2016 expuso que 10.9 por ciento de las mujeres que tuvieron un embarazo adolescente fueron víctimas de violencia sexual, el aborto –permitido por la NOM 046 para esta clase de casos– es un estigma que continua persiguiendo a este sector de la población.
En el mundo tres millones de adolescentes entre 15 y 19 años se practican abortos inseguros o clandestinos para interrumpir embarazos no deseados. La OMS estima que, en los países en desarrollo, anualmente se registran 3.2 millones de aborto inseguro entre adolescentes de 15 a 19 años, de los cuales 670 mil (23 por ciento) se llevan a cabo en América Latina y el Caribe.
El IPAS a informado que las estimaciones más recientes indican que en el 2009, el 34 por ciento de los embarazos en adolescentes de 15 a 19 años terminaron en aborto, lo que representa un total de 230,18 interrupciones de embarazo (44 por cada 1000). A pesar de ello la contabilidad de abortos legales que se realizan en atención a violencia sexual, es solo de 27 anualmente.
La Norma 046 fue publicada en marzo de 2016 y específica que: “en el caso de un embarazo por violación, una mujer puede acceder a un aborto médico legal, sin necesidad de presentar una denuncia penal”. Los servicios públicos de salud deben ofrecer a las mujeres estos procedimientos solo a solicitud de la interesada e inclusive las niñas mayores de 12 años pueden realizarlo sin la necesidad de contar con autorización de los padres.
En este sentido, Santamarina reflexiona la urgencia y la importancia de hablar de salud sexual y hace un llamado al nuevo Gobierno federao, ya que el sexenio de Enrique Peña Nieto se fue dejando muchos pendientes en la atención a la población juvenil de nuestro país, entre ellos el fortalecimiento a la capacitación del personal educativo, una mayor incorporación de cambio en la currícula educativa de educación sexual y un mayor liderazgo y rectoría por parte de la SEP para trabajar en espacios interinstucionales de atención integral.
