Por Beatriz Olivera
Investigadora en Fundar, Centro de Análisis e Investigación

Urge hacer cambios a la ley minera en México, pero quien decida hacerlos debe saber que se enfrentará a grupos y redes de poder tremendos. Industrias canadienses, estadounidenses y mexicanas tienen acaparado el mercado minero en México y hay una importante representación de políticos mexicanos provenientes de estados mineros que saldrán a defenderlos con uñas y dientes.

La ley minera tal como está, favorece únicamente a las empresas brindándoles amplios privilegios: el otorgamiento de concesiones que pueden durar hasta un siglo, la obtención de permisos para operar dentro de las zonas núcleo de áreas naturales protegidas, (incluso hay concesiones en el ANP de la mariposa monarca), hasta el otorgamiento del carácter de utilidad pública y la consecuente preferencia que posee la actividad minera frente a cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno.
Hasta ahora la ley no obliga a las empresas a presentar un Estudio de Impacto Social y Ambiental, ni a consultar a los pueblos que habitan en las comunidades donde la actividad se realiza, contrario a lo que señalan los estándares internacionales en la materia y que han sido ratificados por el Estado mexicano, poniendo en riesgo con ello, las responsabilidades adquiridas ya por el gobierno.

En contraste, los aportes que hace la actividad minera al desarrollo del país son ridículos. Por un lado, las actividades de exploración y extracción minera representan tan sólo el 0.9% del PIB y, los ingresos que dicha actividad aporta a las finanzas públicas son de apenas 0.35%. En cuanto al empleo, la minería representa menos del 1% del empleo asegurado del país, y además es el sector que más personal contrata por outsourcing.

Pero más allá de los datos a nivel país, los datos en las comunidades de las cuales se ha extraído oro y plata desde hace décadas tienen niveles preocupantes de pobreza y pobreza extrema. En los municipios de los cuales se ha extraído oro, la mitad de la población vive en pobreza y al 22% ni siquiera le alcanza para abastecer la canasta básica. Es contrastante pues, que la gente viva en una zona donde abunda oro pero que sean tan pobres que no les alcance ni para poder comer.

Los privilegios para la minería no paran. En el país, aunque se extrae una gran diversidad de minerales, más del 80% de las minas a cielo abierto, incluyendo las que están en construcción, se centran en la extracción de minerales preciosos. Lo más peligroso de la extracción de estos minerales y de este tipo de minas es que implican la realización de un proceso llamado lixiviación, en el cual generalmente se emplea cianuro y que provoca severos impactos ambientales y a la salud humana; es un proceso prohibido en otros países pero permitido en México.

Dada la enorme laxitud y permisividad de la actual ley minera, es un hecho que debe ser cambiada. Por supuesto, es de esperarse que los representantes de las industrias que agrupan la Cámara Minera de México (Camimex), de otras empresas mineras y del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) especulen sobre una posible desestabilización de los mercados, provocada por las iniciativas que se han presentado en la Cámara de Senadores y cuyo espíritu es reducir y acotar los privilegios de las empresas mineras. Les aseguro que no va a pasar nada que perjudique al grueso de la población, no se va a resquebrajar el presupuesto, ni se va a derrumbar la economía. Las cifras están allí, la actividad minera no es relevante en términos de empleo, producto interno bruto, finanzas públicas, ni desarrollo local.

Lo que sí es necesario y urgente es que esta legislatura armonice la ley minera con los tratados internacionales en materia de impacto socioambiental y de consulta indígena, que se derogue el carácter de utilidad pública que tiene esta actividad sobre otros usos del territorio y que se retire a las mineras de las áreas naturales protegidas. Estos cambios y otros más servirán para poner en orden a un puñado de empresas que llevan años siendo privilegiadas y consentidas a costa de las y los mexicanos y de nuestros derechos. Legisladores, ¡sean valientes y modifiquen la ley minera!

Fundar

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Centro de Análisis e Investigación, para la capacitación, difusión y acción en torno a la democracia en México.

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