Por Cecilia Toledo Escobar

Este es uno de los 72 refugios de este país. No son fácil de localizar porque no se anuncian en ningún lado pues son espacios de seguridad para mujeres que huyen de situaciones de violencia extrema. Para las mujeres que están en esta situación, llegar aquí es casi cuestión de suerte.

Las mujeres y sus hijas e hijos que se encuentran en este refugio están salvándose de la violencia doméstica y preservando su vida. Pero la vida en el refugio no es una vida normal. La casa en la que permanecerán durante 3 meses o más, es una construcción amurallada, las ventanas son elevadas y diminutas, por seguridad, así que es muy raro ver la luz del sol. Estas familias sobrevivientes pasan los días en sus habitaciones y compartiendo las áreas comunes como la cocina, la sala y el comedor. Sus actividades diarias están reguladas y organizadas, y así pueden recibir atención jurídica, servicios médicos y apoyo sicológico.

Cuando estas mujeres salen, lo hacen acompañadas por personal del refugio para acudir a citas con el ginecólogo; y atenderse infecciones agravadas por los hechos de abuso sexual que muchas han vivido. También salen al dentista porque en muchos casos han perdido sus dientes a causa de los golpes, o salen a recuperar documentos tan básicos como el INE, las actas de nacimiento o los certificados de sus estudios o de sus hijos. La pérdida de la identidad durante la huida. Se trata de un acto de valentía que si bien no refleja lo cotidiano de la vida, para muchas es la certidumbre de saber que van a hacer tres comidas y que van a dormir toda la noche sin sentir el miedo que les genera el agresor.

Las conversaciones con ellas fueron clave para entender que la violencia no es un fenómeno que afecta sólo a un grupo social o de una determinada edad, sino que empieza con expresiones normalizadas y toleradas socialmente. Ellas narran cómo sus parejas las fueron alejando de sus amigas, de sus familiares y se fueron aislando hasta que dependían totalmente de ellos. También cómo fueron abusadas físicamente por sus parejas y las veces que los perdonaron creyendo que esta vez sería la última. Y de cómo decidieron escapar y acudir a las autoridades -la policía principalmente-, que les sugieren “arreglar sus problemas por qué para qué llegar a denunciarlo, sólo va a perder el tiempo”.

El inicio de sus historias se parece a la de muchas de nosotras: un novio celoso, un marido explosivo, llamadas controladoras y otra serie de expresiones “normales” que marcan las desigualdades sociales y que se profundizan en las relaciones interpersonales. De acuerdo con la ENDIREH 2016, 8 de cada 10 mujeres que han sido agredidas por su pareja no solicitó apoyo ni presentó una denuncia porque ellas mismas consideraron que se trató de algo sin importancia. Sin duda, un recordatorio de que la extrema violencia feminicida es la última expresión de una continuidad de violencias normalizadas que se hacen presentes en todos los ámbitos, día tras día.

La normalización de las violencias ha permeado también las instituciones del Estado. De acuerdo con el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, unidad responsable de la gestión de programas de salud con enfoque de género de la Secretaría de Salud, en 2017, al menos 13  entidades federativas,[1] entre las que destacan Sinaloa, Morelos, Michoacán, México, Quintana Roo y Chiapas, que tienen Alerta de Violencia de Género, están aplicando la herramienta de detección de la violencia de manera inadecuada y el personal médico de primer contacto no cuenta con la sensibilización y la capacitación requerida, además de no contar con recursos para ello.[2]

Tampoco se han utilizado de manera efectiva las órdenes de protección como un primer paso para evitar que escale la violencia hacia las mujeres. Datos del 2018 obtenidos del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México muestran que de un total de 431 mujeres que solicitaron órdenes de protección, 388 las ratificaron.[3] Esto es que las mujeres si optan por estas medidas para protegerse de las violencias, pero en muchos casos son las autoridades las que fallan con procesos largos en donde muchas veces son violentadas de nuevo.

De funcionar estos mecanismos para la detección temprana de las violencias y de las situaciones de riesgo, familias completas no tendrían que abandonar su casa y trasladarse a un refugio. La emergencia nacional que vivimos requiere el compromiso del gobierno de que no habrá lugar para la impunidad hacia este tipo de violencia. Ello implica fortalecer a las dependencias encargadas de coordinar los diferentes niveles institucionales que conforman el Sistema nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la violencia contra las mujeres, para que desde el primer contacto con las mujeres, éstas sean canalizadas de manera oportuna e inmediata para salvaguardarlas de las violencias.

[1] Las otras son Aguascalientes, Tabasco, Oaxaca, Tlaxcala, Durango, Puebla y Yucatán

[2] Respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información con Folio 0001200310218 dirigida a la Secretaría de Salud y recibida el 10 de agosto de 2018.

[3] Respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información con Folio 6000000154718 dirigida al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y recibida el 13 de agosto de 2018.

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