Dominga González Martínez, Marco Antonio Pérez González, Lorenzo Sánchez Berriozábal, Pedro Sánchez Berriozábal, Teófilo Pérez González y Rómulo Arias Mireles, defensores del agua de Tlanixco, fueron condenados a 50 años de prisión el 27 de noviembre de 2017. Sin embargo, habían pasado ya 10 años encarcelados entre 2006 y 2007 por el Gobierno del Estado de México, entonces gobernado por Enrique Peña Nieto, quien hoy termina su gestión como Presidente de México.
Su caso, lleno de irregularidades legales que apuntan también a la discriminación, llamó la atención de la ONU que, desde Ginebra, Suiza, exige se revisen las faltas al debido proceso, principalmente la presunción de inocencia, la valoración de testimonios, la individualización de la pena y la duración de la prisión preventiva.
Cuidad de México, 30 de noviembre (SinEmbargo).– El 27 de noviembre de 2017, el Juzgado Primero Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, sentenció a Dominga González Martínez, Marco Antonio Pérez González, Lorenzo Sánchez Berriozábal, Pedro Sánchez Berriozábal, Teófilo Pérez González y Rómulo Arias Mireles a 50 años de prisión en el penal de Almoloya de Juárez.
Al momento de ser anunciada la resolución, los defensores del agua de San Pedro Tlanixco, una población que pertenece al municipio de Tenango del Valle, ya habían pasado 10 años en prisión preventiva.
La sentencia ha alertado a diferentes organizaciones defensoras de los derechos humanos, en particular a la de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que el pasado 27 de noviembre, desde su sede en Ginebra, Suiza, exigió atender las faltas al debido proceso de los acusados.
En un documento oficial, la ONU destacó que los juicios de Dominga, Marco Antonio, Lorenzo, Pedro y Teófilo "se habrían visto afectados por varias irregularidades, entre éstas la ponderación basada exclusivamente en declaraciones de los testigos de cargo que no estaban presentes en el momento y lugar del hecho delictivo; valoración de testimonios incoherentes e inverosímiles; desigualdad frente a los tribunales y en el acceso a la justicia; no respeto del principio de individualización de la pena; verificación de una inversión del onus probandi y consecuentemente violación del principio in dubio pro reo [una regla de valoración de la prueba, dirigido al Juez o Tribunal sentenciador o, en su caso a los miembros del Jurado, para que atemperen la valoración de la prueba a criterios favorables al acusado, cuando su contenido arroje alguna duda sobre su virtualidad inculpatoria].
Los seis defensores indígenas de la misma comunidad fueron acusados de la muerte de un empresario floricultor del municipio de Villa Guerrero, una localidad cercana a Tlanixco, con la que los mexiquenses sostienen un conflicto por el uso del agua desde hace tres décadas.
El desacuerdo entre las partes inició en la década de 1980 y se incrementó en el 2001 cuando la Comisión Nacional de Agua (Conagua) canceló la concesión del uso del recurso vital a la comunidad nahua y el Gobierno mexiquense, entonces encabezado por Arturo Montiel Rojas, entregó el río a la Asociación de Floricultores del municipio de Villa Guerrero (ASFLORVI), de la que actualmente depende el 67 por ciento de la producción nacional de flores.
Las detenciones de los seis cuidadores del agua se llevaron a cabo entre 2006 y 2007, durante el periodo de Gobierno de Enrique Peña Nieto, quien años más adelante y ya como Presidente de la República, encabezaría una serie de reformas legales que se convirtieron en el marco del despojo de las tierras y recursos naturales de las comunidades indígenas.
La Organización de las Naciones Unidas, que ahora sigue el caso ha destacado diferentes faltas en el debido proceso, principalmente en los rubros de presunción de inocencia, valoración de testimonios, individualización de la pena y duración de la prisión preventiva.
EN DEFENSA DEL AGUA
En la comunidad de Tlanixco nace el río Texcaltengo, que fue entubado sin consultar a la comunidad indígena y con el objetivo de asegurar el uso el agua a los floricultores de origen italiano y español instalados en Villa Guerrero.
El despojo del recurso hídrico fue posible gracias al encarcelamiento deconstituye una regla de valoración de la prueba, dirigido al Juez o Tribunal sentenciador o, en su caso, a los miembros del Jurado, para que atemperen la valoración de la prueba a criterios favorables al acusado, cuando su contenido arroje alguna duda sobre su virtualidad inculpatoria. Los pobladores habían interpuesto un amparo que impedía a Isaak Basso acercase a la comunidad, por lo que alertados de la situación se encontraron con el empresario, quien al ser trasladado para presentarse ante las autoridades comunales –como los usos y costumbres lo determinan – cayó en una vereda y murió al instante.
El accidente se convirtió en el pretexto perfecto para que diera inicio la persecución y la campaña de desarticulación del movimiento.
En entrevista para SinEmbargo, Antonio Lara, director del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, refiere que en las primeras comparecencias sobre el supuesto delito, los integrantes de la asociación de floricultores argumentaron no haber presenciado ningún acto que fuera denunciable. No obstante, a los 15 días del acontecimiento y “basados en sus propias investigaciones” señalaron a los defensores de la tierra como culpables.
En el intento por acabar con toda oposición, los miembros de la ASFLORVI llegaron a señalar a tres personas que ni siquiera estaban en la comunidad durante los hechos. Uno de los supuestos criminales, Venancio Zetina Gonzáles, tenía un liderazgo histórico de la comunidad e incluso había fallecido un año antes.
“El abogado de los empresarios ya en el juicio declaró: “no es cierto que nosotros hayamos visto algo”, lo que ocurrió fue que durante esos 15 días la hermana del occiso reunió a todos los empresarios en un rancho denominado San Francisco, ubicado en el municipio de Villa Guerrero, y mostró fotografías y videos de las protestas y de las mesas de diálogo en la que se destacaba la figura de los liderazgos del pueblo. Fue allí donde los empresarios obtuvieron nombres, características físicas de los líderes del pueblo y basado en eso presentaron la denuncia penal (…).
"Asimismo destacó que la fotografía de doña Dominga fue mostrada por un miembro de la Secretaria de Gobierno del Estado de México. Cuando les enseñan la fotografía exigen que la señalen a ella y entonces todos la señalan, porque doña Dominga era quién presentaba los amparos y los recursos legales para defender el río”, explicó Antonio Lara.
El señalamiento era claro: los defensores de la tierra representaban un obstáculo para los negocios del mismo Estado de México, por lo que se impulsó todo un proceso judicial en la que los argumentos serían difusos y poco apegados a la Ley.
Las acciones tuvieron el efecto esperado y los floricultores ganaron el control total del río Tlexcaltengo, mientras que las comunidades indígenas tienen prohibido el acceso al mismo. Además son señalados por la Procuraduría General de la República (PGR) como "poblado terrorista" en su línea de investigación PGR/tol/V/017/.
Lara destaca que el juicio ha estado plagado de argumentos discriminatorios.
La sentencia de doña Dominga, por ejemplo, estuvo basada únicamente en sus características físicas: “concretamente por ser una mujer morena y chaparrita”, que es la única forma registrada en el expediente con la que se ha pretendido argumentar su culpabilidad, explica.
Por su parte, el Juez Primero Penal de Primera Instancia de Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Maximiliano Hernández, ha declarado –entre los motivos para determinar la sentencia máxima– la condición de los acusados como defensores del agua y como indígenas, misma que se ha puesto en duda porque refirieron haber estudiando la primaria y la secundaria. Una muestra de la necesidad del Estado mexicano de reconocer ignorantes a los integrantes de las comunidades indígenas.
A diez años de su reclusión, los defensores del agua, ubicados en el penal de Almoloya de Juárez, viven en condiciones de hacinamiento y tienen problemas de salud. En particular, doña Dominga que ha padecido enfermedades características de su género; quienes han sostenido la defensa del agua y han promovido su inocencia son sus familiares de los que se encuentran lejos desde hace 15 años.
GOBIERNOS DEL PRI, DETRÁS DE LA VIOLENCIA
Maricela Molina, esposa de Pedro Sánchez, recuerda que el conflicto se recrudeció durante la gubernatura de Arturo Montiel Rojas. El mandatario priista, acompañado de Alfonso Navarrete Prida, ex Procurador de Justicia del Estado de México y hasta hoy Secretario de Gobernación federal, se “encargó de usar todo el peso de la Ley en contra de los pobladores de Tlanixco”, quienes fueron engañados por sus predecesores, en particular por Enrique Peña Nieto, con la promesa de justicia para los defensores del agua.
Han pasado 15 años y cuatro gubernaturas estatales, todas ellas priistas, y el conflicto sigue sin tener un resultado positivo para los defensores del agua. Para Maricela, la falta de acceso a la justicia se debe en gran medida a los intereses del Grupo Atlacomulco que ha defendido los intereses de distintas empresas extranjeras.
“Todo ha sido Grupo Atlacomulco, todos han sido priistas, que tiene mucho intereses con las empresas extranjeras. Ellos como gobernadores han tenido mucho interés, incluso existe un rancho en el municipio de Villa Guerrero que se van pasado de Gobernador en Gobernador (...) Yo en lo personal hago responsable a todos los gobernadores que han pasado en el Estado de México, desde Arturo Montiel hasta Alfredo del Mazo porque ellos han ocasionado todo lo que nos ha pasado, ellos han encarcelado a nuestros familiares y les han dado esa sentencia tan racista porque ellos al agua la ven como una mina de oro”, añade.
La también activista destaca que la relación con los gobernadores ha sido distante, con excepción de las acciones violentas que se han desatado en su contra. Afirma que Arturo Montiel, ex Gobernador del estado, junto a Alfonso Navarrete, ex Procurador del Edomex, fue el responsable de “levantar de todo el peso de la Ley en contra de los defensores de Tlanixco”.
Antonio Lara, defensor de derechos humanos, también encuentra una relación fundamental del priismo con el conflicto de Tlanixco. En Peña Nieto ve la imagen pública de un grupo de políticos que han alimentado sus fortunas con la opresión y la explotación de la tierra y sus recursos naturales.
“Hay que decirlo con todas sus letras. Enrique Peña Nieto es la imagen pública de un grupo de políticos que han hecho del despojo y la agresión a los pueblos su eje transversal para el enriquecimiento y el poder que hoy tiene. Tlanixco es uno de tantos casos, como en su momento lo fue San Salvador Atenco, quienes vivieron en carne propia la capacidad represiva y la vocación de violación de derechos humanos de Enrique Peña Nieto y su grupo”, dice Lara, director del centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero.
El activista hace un llamado respetuoso y enérgico al próximo Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para que atienda a la brevedad la situación de los presos políticos, "que son un símbolo de todo lo peor que cometió Enrique Peña Nieto y su grupo”.
También recuerda que el próximo Jefe del Ejecutivo federal se ha pronunciado por terminar con todas las sentencias de carácter político; por lo que espera que a un año de la sentencia el Tribunal del Estado de México dicte “una resolución que revoque la sentencia que les fue impuesta a los defensores del agua y de los derechos indígenas”.
“Andrés Manuel López Obrador está en la antesala de tomar posesión y dijo que en este país no pueden existir presos políticos defensores de derechos humanos. Hay un llamado atento para la próxima oficina presidencial a constituirse, porque también ha manifestado públicamente su respeto a los ordenamientos de organismos internacionales. Por lo que es prioritario llamar su atención”, agrega.
En la actualidad, el caso de los defensores de Tlanixco se ha convertido en unos de los más paradigmáticos de nuestro país: tres de los acusados esperaron durante 10 años a que se les imputara una sentencia que resultó en una pena máxima indiferenciada para los presuntos agresores.
La ONU-DH se ha pronunciado para que se evalúe si la condición de los defensores indígenas del agua motivó algún abuso en la aplicación del sistema judicial. Además, la Organización de las Naciones Unidas ha hecho un llamado para que se analice el proceso de apelación de los seis defensores interpuesto de manera inmediata frente a la presunción de los 50 años de prisión.
