La antigua tradición de los nuevos gobiernos en México de llegar y tapar las tropelías del Gobierno saliente, parece que se mantiene con Andrés Manuel López Obrador.

El anunciado perdón a los corruptos de los gobiernos anteriores ha provocado un malestar generalizado en la población. Y no es para menos. No es lo que se esperaba del Presidente electo.

Durante los últimos años y durante su campaña electoral, López Obrador aseguró que habría justicia. Aún retumban en nuestros oídos su frase de que nadie estaría por encima de la ley, aún recordamos su promesa de que la justicia debe suceder antes del perdón.

Por eso, sorprenden las declaraciones de AMLO sobre el perdón a corruptos de los anteriores gobiernos que no tengan iniciados procesos judiciales. El Presidente electo le propone a los ciudadanos aceptar un perdón, un “punto final”, para que se acabe la “historia trágica, horrenda de corrupción e impunidad”, según dice.

AMLO insiste en que la venganza no es su “fuerte” y que por tanto no es bueno “empantanarnos” persiguiendo a los corruptos. Y aclaró que todos los procesos por corrupción ya iniciados que continúen y no se detengan.

El Presidente electo reconoce que él no es ningún cacique o dictador y que por tanto no puede darle ordenes al Poder Judicial ni al Poder Legislativo que son independientes.

Efectivamente, López Obrador está en su derecho personal de perdonar desde la óptica judeocristiana a quién quiera, pero como Presidente su perdón no tiene nada que ver con las decisiones del Poder Judicial. De hecho, es precisamente la procuración de justicia quien debe hacer el trabajo contra los corruptos y no el Presidente. No está en sus atribuciones investigar, demandar penalmente o juzgar a los ex presidentes corruptos, ese es trabajo del poder judicial.

Y como AMLO ha dicho que él no es ningún dictador, pues esperamos que en el nuevo Gobierno, el Poder judicial y por supuesto, el Poder Legislativo haga su trabajo pronto y expedito y enjuicie la corrupción que ha enriquecido a Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, Vicente Fox, Ernesto Zedillo y Carlos Salinas de Gortari.

De lo contrario, podemos comprobar que hubo un pacto de estado para proteger a los corruptos. Un pacto de estado por encima de la ley. El mismo pacto que hubo entre Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Igualmente el que existió entre Vicente Fox y Felipe Calderón, o el de Ernesto Zedillo y Vicente Fox o bien el de Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo.

El pacto entre ex presidentes es viejo, ilegal y ofende a los ciudadanos. Es un pacto que ha funcionado como tapadera. El que llega, tapa lo de su antecesor y así sucesivamente. Igual funciona en los estados de la República, donde los gobernadores se reparten el poder y las ganancias del robo al erario, sin rubor, sin culpa.

Son pactos de poder para garantizar impunidad a los corruptos, dañan a nuestra democracia. En México, la corrupción se ha convertido en moneda de cambio. Por eso existe una competencia de a ver quién roba más. No hay límites. Lo hemos visto con lo robado por gobernadores como Javier Duarte que presuntamente robó 60 mil millones de pesos.

El pacto de impunidad genera más impunidad e invita a seguir robando. No se debe perdonar el saqueo de nuestro país. Nadie tiene el derecho de perdonar semejante rapiña, ni siquiera un Presidente.

Ningún Presidente debe perdonar a los corruptos, porque no se trata de su dinero, ni de su patrimonio. El despojo a manos llenas ha lastimado a los mexicanos. La corrupción es una violación a los más elementales derechos humanos. Con lo robado por los ex presidentes y ex gobernadores se podrían haber construido miles de kilómetros de carreteras, decenas de universidades, cientos de clínicas y hospitales.

La corrupción de ex presidentes y ex gobernadores nos ha dejado empobrecidos, con los últimos lugares en nivel educativo, con paupérrimos salarios mínimos, con escasez de recursos naturales, con la gasolina por las nubes y la canasta básica disminuida.

Los acuerdos en lo oscurito entre ex presidentes y presidentes están por encima de la ley. Nada los justifica. El argumento que algunos han esgrimido es tener una transición en paz, como si la actuación de la justicia generara inestabilidad. Que le pregunten a los gobiernos italianos con el famoso proceso de “manos limpias”.

Finalmente, como si se tratara de un asunto menor y no judicial, AMLO ha prometido que en marzo someterá a consulta el perdón a los ex presidentes corruptos y otros asuntos. La judicialización de los casos no debería ser sometida a consulta, más bien, lo que se requiere es dejar actuar a los ministerios públicos y jueces. No se vale, los derechos humanos no tienen porque someterse a consulta, tampoco el derecho inalienable a la justicia.

Pero supongamos que en esta nueva democracia participativa el resultado de esa consulta es a favor de enjuiciar a los ex presidentes. Será AMLO quien tenga que hacer honor a su palabra. “Yo sólo tengo un amo: el pueblo”, me dijo en una reciente entrevista.

Ojalá y lo cumpla. Los mexicanos estamos hartos de los pactos en lo oscurito. No nos merecemos un borrón y cuenta nueva. Tampoco continuar con la misma inercia. Queremos justicia. Y eso significa cárcel a los corruptos y devolución de lo robado. Eso sería el cambio verdadero, la cuarta transformación, pues.

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Sanjuana Martínez

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Es periodista especializada en cobertura de crimen organizado.

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