Entre 2012 y 2018, el incremento de espectaculares fue de 75 por ciento (al pasar de 3 mil 600 a 9 mil). Este mercado genera, sólo en la Ciudad de México, una derrama económica de 4 mil 500 millones de pesos al año.
Este negocio, qué debería ser redituable para el erario público y traducirse en mejoras espaciales y ambientales, por contrario, evidencia la falta de acciones y la complicidad de autoridades con privados. Ejemplo de ello es el pago de derechos por vallas que le da al Gobierno alrededor de 20 millones de pesos anuales.
El año pasado, con los sismos, dos edificios colapsaron por el peso de los espectaculares; decenas más sufrieron daños e inclusive hubo heridos, recordó el director de FRRPU, Jorge Carlos Negrete.
Ciudad de México, 23 de noviembre (SinEmbargo).- La publicidad exterior es un problema capitalino que ha venido engordando en los últimos 18 años. Afecta a la población (con estrés), implica riesgos de protección civil y evidencia colusión entre autoridades y empresas.
Tan sólo en los últimos seis años, durante el Gobierno de Miguel Ángel Mancera Espinosa, quien ahora funge como coordinador de los senadores del Partido de la Revolución Democrática (PRD), el aumento generalizado de anuncios y espectaculares fue de 20 por ciento en la Ciudad de México. Entre 2012 y 2018, el incremento de espectaculares fue de 75 por ciento (al pasar de 3 mil 600 a 9 mil).
De la cantidad actual, un 60 por ciento (5 mil 400) son “ilegales” y el resto está a la espera de ser “reordenado”, explicó Jorge Carlos Negrete, director general de la Fundación por el Rescate y Recuperación del Paisaje Urbano (FRRPU). Además, hay entre 8 y 9 mil vallas publicitarias (la mayoría, o el 90 por ciento sin regular) y entre 2 y 3 mil espacios publicitarios.
En conjunto, el mercado de espectaculares capitalino genera una derrama económica de 4 mil 500 millones de pesos al año.
Este negocio, qué debería ser redituable para el erario público y traducirse en mejoras espaciales y ambientales, por contrario, evidencia la falta de acciones y la complicidad de autoridades con privados.
Ejemplo de ello —dijo Negrete— es el pago de derechos por vallas que le da al Gobierno alrededor de 20 millones de pesos anuales (equivalentes al 10 por ciento en impuestos).
Sin embargo, dado el tamaño del negocio, el ingreso a las arcas locales debería de ser, sólo por vallas, de 200 millones de pesos al año (10 veces más de lo que en realidad es recaudado).
Inclusive, “en el Metro se debían más de 100 millones de contraprestaciones” que fueron pagados en especie y no en efectivo, mencionó Negrete.
Es decir que “regalan los espacios de publicidad y [los ciudadanos] recibimos muy pocos beneficios”.
En la actualidad, hay alrededor de 47 empresas que se benefician de este negocio. Sin reproche a ello, el problema es, según Negrete, el control del mercado en unas cuantas manos (como lo son JCD Co. Y Showcase, por ejemplo).
La saturación “es bestial”. En lugar de disminuir va en aumento “por la confabulación entre empresas y el Gobierno”. La nueva administración, encabezada por Claudia Sheinbaum Pardo, debe “tomar cartas en el asunto” y enmendar la situación, urgió el titular de la FRRPU.
LA CRISIS
La problemática de la publicidad exterior inició en el siglo pasado; pero fue a partir del año 2000 —durante la administración de Andrés Manuel López Obrador— que comenzó a hincharse y devorar espacios antes libres.
La crisis persiste, no obstante que la Ciudad de México cuente con la legislación “más moderna” de los tres estados que regulan el mercado (y debido a que los reglamentos de Chiapas y Yucatán han sido “rebasados”, según Negrete). O a pesar de las reformas y acciones de los últimos años.
En 2011 y 2015, el Gobierno capitalino generó y modificó, respectivamente, el padrón de personas físicas y morales autorizadas para desplegar publicidad exterior.
A finales del año pasado, la administración de Miguel Ángel Mancera Espinosa modificó el artículo transitorio décimo tercero de la Ley de Publicidad Exterior para reordenar los espacios publicitarios y limitarlos a “corredores” ubicados en avenidas principales.
Ese mismo año, la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) y el Instituto de Verificación Administrativa (Invea) prometieron que al término de la administración de Mancera —esto es, el 5 de diciembre próximo— ya no habría anuncios en las azoteas.
Limpiaron el corredor de patriotismo en 2017, por ejemplo. El 80 por ciento de las estructuras, entonces, fue retirado.
El tratamiento irguió esperanzas; pero al poco tiempo demostró ser paliativo por naturaleza.
Limpiaron y reordenaron sin observar el cumplimiento de la distancia legal y adecuada (250 metros) para reducir riesgos y a la postre, la autoridad fue parte del problema.
Hoy, a pesar de las promesas, subsisten 2 mil espectaculares en inmuebles y con ellos, la tragedia de repetir la historia.
El año pasado, con los sismos, dos edificios colapsaron por el peso de los espectaculares; decenas más sufrieron daños e inclusive hubo heridos, recordó Negrete.
Año con año —abundó— entre 18 y 20 espectaculares se caen y en todo caso existen daños.
La Seduvi, el Invea y El Consejo de Publicidad Exterior “no han cumplido con su palabra desde 2011”. Las instituciones “no sirven para nada y se requiere un órgano de Estado encargado de regular”, que centralice los esfuerzos y aplique la Ley, sentenció el activista.
LA TORMENTA QUE VIENE
Además de la saturación, las estructuras publicitarias afectan la salud, dijo el director de FRRPU.
“El cerebro digiere el bombardeo de anuncios con estrés”. También “es un problema de Protección Civil reconocido desde 2006”, apuntó.
Lluvias, vientos, omisiones y falta de responsabilidad, cada vez más, causan daños, lesiones y hasta la muerte de personas.
El Invea tiene los recursos para cambiar la situación “y no lo ha hecho porque las empresas no querían y continúan poniendo en riesgo a 20 mil personas” cada año, lamentó el activista.
En la actualidad, el riesgo se agrava por la migración de formato de la industria, dijo Negrete.
Marquesinas y pendones, letreros y pancartas, hoy por hoy, son sustituidos por pantallas electrónicas que añaden peso a las estructuras que las soportan y aumentan, por ende, los riesgos de colapso.
A la par, las quejas no cesan para la Fundación y la luminosidad es el nuevo fantasma de un nuevo problema, porque no permite a las personas descansar.
Este fenómeno y su espectro, no ha sido regulado y se suma a los males que podrían corregirse con estricto apego a derecho, concluyó Negrete.
