Una de las promesas más importantes de Andrés Manuel López Obrador durante sus años de campaña, fue retirar a las Fuerzas Armadas de las labores policiacas en las calles y regresarlos a sus cuarteles.

La militarización de los últimos sexenios ha dejado un saldo terrorífico. Las denuncias contra las Fuerzas Armadas se acumulan en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y en las comisiones estatales, la Procuraduría General de la República (PGR) y los ministerios públicos.

Todos ellos han funcionado como tapaderas de los terribles crímenes cometidos por el Ejército, la Marina y las distintas policías. Los crímenes de Estado permanecen impunes y los ciudadanos viven en la indefensión.

Las cifras han demostrado que la estrategia de mantener a militares y marinos en las calles ha sido un gran error. En los últimos años más de 7 mil denuncias por graves violaciones a los derechos humanos se han presentado ante la CNDH contra el Ejército mexicano. Violaciones que van desde tortura, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas.

Los militares son una casta de privilegiados por encima de la ley. Los responsables de terribles crímenes siguen impunes porque el fuero militar los protege. Una mínima cantidad de criminales con uniforme verde han sido sometidos a la justicia militar y por consiguiente han recibido el beneficio de ser juez y parte. Finalmente, sólo un pequeño porcentaje de los militares “enjuiciados”, son encarcelados en prisiones especiales, algunas similares a un SPA en donde simulan cumplir mínimas condenas.

El Ejército en las calles ha significado tener militares con licencia para torturar, desaparecer y ejecutar. Los militares saben que sus excesos, sus delitos, sus crímenes, jamás serán juzgados conforme a la ley que rige para todos. Los crímenes de Estado de Tlatlaya y Ayotzinapa ejemplifican claramente lo anterior.

Lo mismo sucede con la Marina, institución que acumula igualmente cientos de denuncias. En los últimos meses, los marinos han desaparecido a más de 90 hombres y menores de edad, en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Los delitos siguen impunes y los familiares siguen esperando el regreso de los desaparecidos. A esto habría que añadir un largo historial de ejecuciones extrajudiciales y tortura. La Marina ha tenido centros de detención clandestinos en gimnasios, lienzos charros y moteles, donde practica la tortura y las ejecuciones extrajudiciales, según los testimonios recabados.

Otros crímenes de Estado han sido cometidos por la Policía Federal como el de Tanhuato y el de Apatzingán. Los federales son famosos por participar en la prospera industria del secuestro en México.

Por todo lo anterior, sorprende que ahora AMLO anuncie una Guardia Nacional compuesta por militares. El Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024 contiene una serie de despropósitos que parece haber sido redactado por simples improvisados.

Sorprende también que con el nefasto saldo de la militarización en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, AMLO traicione su palabra y pretenda sostener una estrategia fallida e infame para los ciudadanos.

Bien sabíamos que sacar a los militares de sus cuarteles no sería problema, sino volverlos a meter. La guerra contra el narcotráfico ha significado un gran negocio para los altos mandos de las fuerzas armadas y generales y almirantes no están dispuestos a irse a sus oficinas, ahora que están obteniendo los beneficios del presupuesto por tener a sus tropas haciendo labores policiacas.

Por tanto, si el plan de paz de AMLO está sustentado en el “pleno respeto y promoción de los derechos humanos”, es incompatible con la creación de una Guardia Nacional compuesta por militares, marinos y policías que poseen un largo historial de graves violaciones a los derechos humanos.

López Obrador ha prometido reformular el combate a las drogas reorientando los recursos destinados a combatir su trasiego y aplicarlos en programas de reinserción y desintoxicación.

Pero para emprender la anhelada construcción de la paz para México, después de 250 mil muertos y 40 mil desaparecidos, se requiere, una estrategia de pacificación, no de militarización.

Sorprende también que la creación de la Guardia Nacional implique la modificación de los términos de la fracción XV del artículo 76 constitucional y de otras disposiciones legales y que digan que la misma actuará de forma semejante a la temida y siniestra Guardia Civil de la España franquista que aún opera debido a un fallo de la transición democrática de ese país.

“Los efectivos de la Guardia Nacional provendrán de las policías militar y naval, así como de la actual policía federal”, dice el texto publicado por el Presidente electo. Añade que también se convocará a civiles y a elementos de tropa para que se integren a la formación de este nuevo cuerpo de seguridad, en planteles militares y cuya formación dependerá del Sistema Educativo Militar.

Los defensores de la nueva militarización en México auspiciada por un Gobierno supuestamente del cambio como el de AMLO, argumentan que se hará una limpia de malos elementos y se les preparará en el respeto de los derechos humanos. Quiero recordarles que eso mismo dijo Calderón y Peña Nieto para justificar la presencia de los militares en las calles.

La Guardia Nacional se puede convertir en el primer gran error garrafal de AMLO. Sus consecuencias son claras: mayor número de muertos, mayor número de graves violaciones de derechos humanos y mayor número de crímenes de Estado.

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Sanjuana Martínez

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Es periodista especializada en cobertura de crimen organizado.

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