La cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México fue, para muchos, un generador de polarización social. Sin embargo, la división ya estaba cristalizada antes de la Consulta Nacional propuesta por AMLO, debido a la desigualdad económica que los gobiernos de los últimos 30 años no pudieron resolver, coincidieron analistas consultados por SinEmbargo.
La desigualdad en México permaneció igual durante la última década, según cifras oficiales y analistas consultados. Hasta el año pasado, las 10 personas más ricas del país amasaban el mismo poder adquisitivo que los 60 millones de connacionales más pobres.
Este desequilibrio, además, es sinónimo de obstáculos para el crecimiento económico y para la cohesión social. Pero también refleja los excesos de un modelo económico neoliberal que está al servicio de las élites políticas y económicas del país, dijeron economistas.
Ciudad de México, 18 de noviembre (SinEmbargo).- La marcha “fifí” de la semana pasada fue, para muchos, un sinónimo de polarización social. Pero la división ya estaba cristalizada –mucho antes de la consulta del NAIM– con la desigualdad económica que los gobiernos neoliberales de los últimos 30 años no pudieron resolver, de acuerdo con analistas consultados.
El gran reto de la administración de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) será, en ese sentido, reducir la brecha que separa a ricos y pobres, así como acabar con el desbalance del modelo económico mexicano que, según Oxfam, “sólo beneficia a las élites económicas”.
En México, la desigualdad tiene raíces profundas e históricas; pero también, raíces coyunturales y cercanas. En todo caso, la desigualdad en nuestro país descansa sobre “instituciones que han estado al servicio de los poderosos”, coincidieron analistas consultados por SinEmbargo.
A partir de 1983, el Gobierno mexicano abrió sus puertas al libre mercado para generar un ambiente más favorable para los inversionistas nacionales y extranjeros. La nueva tónica prometía un crecimiento económico sostenido, estabilidad de precios y mejores niveles de bienestar social.
Sin embargo, entre 1984 y 2006, los niveles de pobreza y desigualdad fueron “constantes”. Las cifras del Banco Mundial refieren que en esos 22 años el coeficiente promedio de Gini en México –que mide la desigualdad con un rango de cero (equidad total) a uno (desigualdad total)– fue de 0.49 puntos. Esto significa que la desigualdad nacional era “grave”.
En 2008, en el marco de una crisis económica a nivel mundial, la desigualdad tuvo un “leve” retroceso (0.45). Desde entonces y hasta la fecha (0.43), México no ha podido reducir su desigualdad hasta alcanzar un nivel “aceptable” o inferior a 0.40 puntos.
El estancamiento en el combate a la pobreza y la desigualdad es consecuencia de dos principales factores.
Uno es la incorporación de la economía mexicana (emergente y subdesarrollada) a una competencia desigual con países con economías desarrolladas e industrializadas (como Estados Unidos y Canadá), según el doctor Andrés Blancas Neria del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Otro es la corrupción que hace que "nuestras instituciones no estén trabajando para la mayoría de la población”, sino para un puñado de personas, explicó Rodolfo de la Torre García, especialista en desarrollo social del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY).
Como consecuencia, "México tiene una de las tasas de movilidad social ascendente más bajas en el mundo y, segundo, se observa un nivel alto de persistencia de riqueza y de pobreza”, se lee en el informe “Desigualdades en México 2018” del Colegio de México (Colmex).
Esto quiere decir que las personas que provienen de hogares con ventajas económicas tienen una alta probabilidad de mantenerse en esa situación en la edad adulta, mientras que aquellas personas que crecieron en contextos de pobreza son propensas a permanecer en esa misma condición.
Si consideramos que sólo el cuatro por ciento de la población mexicana (4.9 millones de personas) gana más de cinco salarios mínimos (13.3 mil pesos mensuales) y que el 43 por ciento de los mexicanos (53.4 millones de personas) vive en pobreza, de acuerdo con cifras del Inegi y Coneval, la estampa “inamovible” de la desigualdad es muy preocupante.
Por desgracia, el combate a la desigualdad “no ha sido prioridad” del Gobierno mexicano en los últimos años, dijo a SinEmbargo el doctor Raymond Campos Vázquez, investigador del Centro de Estudios Económicos del Colmex.
De acuerdo con el especialista en economía laboral, reducir la brecha incluye fortalecer la igualdad de oportunidades (esto es, homologar a nivel nacional la infraestructura y la calidad en educación, salud y seguridad) y eliminar la discriminación en el mercado laboral (o generar empleos por competencia y no por conexiones o rasgos personales).
También, es necesario establecer una política de salario mínimo que responda a los niveles de bienestar (como lo marca la Constitución) y fortalecer al sistema fiscal (en la actualidad, sólo 64.7 millones de mexicanos son contribuyentes, según datos de la Secretaría de Hacienda).
La desigualdad, de acuerdo con Oxfam, "perjudica el crecimiento económico si se traduce en barreras para que ciertos segmentos de la sociedad alcancen su potencial productivo”. Y como resultado, "reduce las posibilidades de socialización y convivencia”.
En el marco de la transición de gobierno del próximo 1 de diciembre, “se abre un espacio para hacer cambios profundos. Pero aún no hay señales claras de que vamos en esa dirección”, apuntó el economista Rodolfo de la Torre García.
EL RETO DEL GOBIERNO MEXICANO
La apertura económica de los ochentas debió de ir acompañada de políticas públicas (monetaria, fiscal, cambiaría, social, entre otras) y de un proyecto de industrialización que encadenara e impulsara al capital humano.
Para Oxfam, en México existen cinco elementos centrales en los que resulta indispensable incidir para combatir la desigualdad. Estos son la corrupción y la transparencia, la política social, el gasto en bienes públicos, la política laboral y el sistema tributario.
Sin embargo, nuestro país destina menos del 15 por ciento de su Producto Interno Bruto (PIB) para gasto social (prestaciones, pensiones y salud), según cifras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
El “bajo" nivel de inversión –en comparación con el promedio a nivel internacional (21 por ciento)– resalta en un país en que la mitad de la población (62 millones de personas) carece de acceso a programas o prestaciones de seguridad social, refieren datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Pese a que el neoliberalismo no pudo resolver la desigualdad y la falta de movilidad social ascendente en México, esto "no quiere decir que haya que combatir el libre mercado", sino que “hay que elevar el piso de bienestar mínimo; de oportunidades para insertar al país en mejores condiciones de mercado sin generar tanta desigualdad”, puntualizó de la Torre García.
Para ello, además del gasto social, urge "una política de industrialización que aumente la productividad para generar empleos con ingresos adecuados”, dijo el doctor Blancas de la UNAM.
Esto implica invertir en las personas –en aspectos básicos como la salud y la educación– para reforzar de manera continua sus habilidades, además de incorporar el desarrollo –no sólo la maquila– de nuevas tecnologías a nivel nacional.
Mientras ello no suceda, la tendencia actual continuará. Esto es, un México en que el 52 por ciento de los mexicanos entre 25 y 34 años carece de educación secundaria superior, según la OCDE, y donde la mitad de los empleadores en México "tiene problemas para encontrar talento en tiempo y forma”, de acuerdo con la especialista en capital humano, Manpower Group.
Por último, advirtieron los analistas, es imprescindible que México revierta la forma en que se han utilizado los recursos del erario público a partir de la adopción del modelo económico neoliberal, caracterizado por la corrupción del sistema político y económico, en que las élites han sido los “depredadores" del beneficio potencial que podría generar el crecimiento económico real del país.
