Desde hace un par de semanas comenzaron a aparecer en la división de Ciencias Sociales y Humanidades de la UG, campus León, una serie de carteles que atacan a quienes, a principios del actual ciclo semestral, visibilizaron las prácticas de acoso por parte de profesores y directivos de esa institución.

En su momento, la valiente denuncia de un grupo de alumnas acompañadas por un par de profesoras y una organización de defensa de derechos de las mujeres, Las Libres, causó tal conmoción que el asunto se elevó hasta la rectoría general de la Universidad, cuyo responsable, Luis Felipe Guerrero Agripino, determinó que el asunto fuese atendido por la Comisión de Honor y Justicia del Consejo General de la institución y no por la oficina de UGénero, creada para tales efectos.

Sin embargo, los problemas en el Campus León no cesaron. Una intervención de la Procuraduría de los Derechos Humanos del estado determinó que hacía falta una inducción en los temas de perspectiva de género a la propia comisión de Honor y Justicia a causa de haber revictimizado a algunas de las estudiantes a las que citó a comparecer.

Eso hizo que se integrara una nueva comisión, la forma preferida por los burócratas universitarios para atender problemas urgentes, lo cual por cierto garantiza muchas reuniones, algo de discusión pero muy pocos avances.

A las pocas semanas se conoció también el relevo de la responsable de UGénero, donde el anterior director había recomendado a una joven egresada que en sus primeras declaraciones confesó su falta de experiencia y conocimiento del tema. La designación de la maestra Lourdes Gazol, ex titular del Instituto de la Mujer en el municipio de Guanajuato hizo albergar esperanzas, aunque todo está por hacerse.

Sin embargo, queda claro que ni las comisiones ni los nombramientos han logrado el objetivo de sensibilizar a la burocracia y el profesorado universitario sobre el grave problema que representa la existencia de un fenómeno de acoso generalizado e invisibilizado hasta hace no mucho.

Eso se pone en evidencia con la campaña de carteles colocados en los ventanales y pasillos de la División de Ciencias Sociales y Humanidades del Campus León en estos días, en una burda y sardónica imitación de las primeras denuncias estudiantiles, los cuales se enfocan en la defensa de los profesores que están siendo investigados por prácticas de acoso y lanzan ataques en contra de las denunciantes y de quienes las han apoyado.

Hace unos meses, cuando las jóvenes universitarias integradas en una organización autogestionaria a la que llaman La Colectiva decidieron lanzar su primera protesta colocando carteles en los muros de su institución, justo el 8 de marzo, los directivos del campus trataron de intimidarlas señalándoles que las cámaras de vigilancia las habían grabado, como si estuvieran cometiendo una falta y no simplemente expresando sus inquietudes.

Es de pensar entonces, que esas mismas cámaras deben de tener grabados a quienes iniciaron hoy una campaña de hostigamiento e intimidación tendiente a sabotear el proceso de investigación ya iniciado y quizás también a inhibir a las denunciantes.

¿Veremos a los directivos de la División, los doctores Alex Caldera y Juan Antonio Rodríguez, revisando esas mismas cámaras y haciendo un llamado de atención a los responsables de la contracampaña en defensa del acoso?

Queda claro, por lo pronto, que la preocupación del rector general Luis Felipe Guerrero para atender el problema no es compartida por los subordinados bajo sus órdenes y que hay, además, un vacío de autoridad en la división y en el propio Campus León.

A menudo surge la pregunta de porqué las prácticas de acoso, sexual, laboral o académico, que se vive en las instituciones de educación superior no propician más denuncias. La respuesta es clara: hay un entorno sistémico que tiende a proteger a quienes abusan de su posición de autoridad en el aula o en la burocracia y que se especializa en revictimizar a quien tiene el valor de dar la cara para evidenciar el problema.

Es hora de que se pronuncien las prolíficas comisiones de la Universidad de Guanajuato formadas para atender este caso en un espacio universitario paradójicamente dedicado a las “humanidades” y las “ciencias sociales”. Es también buen momento para que se sienta el cambio en la oficina de UGénero y la nueva titular, una mujer conocedora del tema, haga valer su peso y su presencia más allá de lo testimonial.

Y, sobre todo, parece que hace falta una acción más decidida de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado que ya tiene pleno conocimiento de lo que ocurre y que no puede dejar a medias su intervención ni esperar a que los lentos engranajes de la burocracia universitaria caminen mientas campea la impunidad y las víctimas siguen recibiendo agresiones.

Ante el fenómeno de acoso sexual, la mayor parte de él en cifra negra, contra alumnas y alumnos, maestras y maestros, lo que falta por saber es si los actuales directivos de la Universidad de Guanajuato son congruentes con los valores que dicen representar, si en verdad quieren enfrentarlo o solo quieren simular.

Arnoldo Cuellar

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Periodista, analista político. Reportero y columnista en medios escritos y electrónicos en Guanajuato y León desde 1981. Autor del blog Guanajuato Escenarios Políticos (arnoldocuellar.com).

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