La Auditoria Superior de la Federación presentó siete denuncias penales contra funcionarios de las secretarias de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y Desarrollo Social (Sedesol), todos durante la gestión de Rosario Robles, por un monto de irregularidades de mil 900 millones de pesos.
Con estas siete nuevas denuncias ya suman 30 las querellas presentadas ante la Procuraduría General de la República por un monto de 5 mil millones de pesos.
La Unidad de Datos de SinEmbargo revisó las mil 469 páginas de investigación realizada por la Auditoría Superior de la Federación en las Cuentas Públicas de 2013 a 2016. Halló más de 11 mil 224 millones de pesos de posibles daños al erario público durante la dirección de Robles en la Sedesol y en la Sedatu.
Ciudad de México, 31 de octubre (SinEmbargo).- La Auditoria Superior de la Federación (ASF) presentó siete denuncias penales contra funcionarios de las secretarias de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y Desarrollo Social (Sedesol) por un monto de irregularidades de mil 900 millones de pesos, informó David Colmenares, titular del órgano fiscalizador.
Al hacer entrega ante diputados de 678 auditorías pertenecientes a la revisión de la Cuenta Pública 2017, el funcionario detalló que esta cantidad de dinero fue desviada a través de convenios que las dos dependencias, durante la administración de Rosario Robles Berlanga, hicieron con universidades y entidades públicas de radio y televisión.
E funcionario también informó que se iniciaron seis procedimientos resarcitorios para buscar que parte del dinero desviado sea recuperado en beneficio de las arcas públicas.
Con estas siete nuevas denuncias suman 30 las querellas formuladas ante la Procuraduría General de la República (PGR) que involucran un monto de 5 mil millones de pesos.
ROBLES EN SEDATU Y SEDESOL
La Unidad de Datos de SinEmbargo revisó las mil 469 páginas de investigación realizada por la Auditoría Superior de la Federación en las Cuentas Públicas de 2013 a 2016. Halló más de 11 mil 224 millones de pesos de posibles daños al erario público durante la dirección de Robles en la Sedesol y en la Sedatu. Pero Rosario Robles no es señalada por firmar ningún contrato. Abogados y especialistas en transparencia aseguraron que eso no la exime de responsabilidades, pues hay una cadena de mando.
La defensa por la que optó Robles Berlanga fue declarar que en ningún documento relacionado con el mal uso de dinero público está su firma. Aunque en una de las auditorías de 2015 se constata que autorizó los manuales de Organización y de Procedimientos de las direcciones generales de Programación y Presupuesto y de Recursos Materiales, áreas clave en la operación y control de contratos.
Además, ha asegurado que todas las contrataciones y convenios tanto de Sedesol como de Sedatu son legales, ya que se han hecho “bajo el amparo” del Artículo 1º de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. No obstante, la Auditoría observó una y otra vez que se establecían con universidades públicas o tecnológicos, que a su vez subcontrataban a empresas más del 49 por ciento permitido, y sin que contaran con la capacidad técnica y humana para prestar el servicio requerido.
El total de auditorías, revisadas por la Unidad de Datos de SinEmbargo, testifica que durante su estancia al frente de la Sedesol (2013-agosto 2015), hubo dudas por 6 mil 558 millones 420 mil 667 pesos. Y en la Sedatu –hasta el momento únicamente observaciones de 2016– dudas por 4 mil 666 millones 536 mil 010 pesos.
Está documentado por la ASF que durante el periodo de gestión de Rosario Robles Berlanga se realizaron adjudicaciones directas de Sedesol y Sedatu a universidades públicas como la de Morelos, Estado de México, Chiapas o institutos de educación para diversos servicios, a pesar de que no poseen la capacidad técnica, material ni humana para cumplir con lo contratado.
Dichas instancias pagaban a terceros por los servicios, lo que generaba sobrecostos o en otros casos no se contó con la evidencia de la realización por parte de los proveedores. Algunas empresas no fueron localizadas y de otras se presume su vinculación con actos irregulares, concluyó la ASF.
