Será el viernes de esta semana cuando Adriana Pérez Cañedo se retire de Canal 11 (Once TV), después de más de dos décadas de laborar ahí. Ella es conductora del noticiario estelar de dicha televisora del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y una de las periodistas más reconocidas del país e ícono de la televisión pública.

La destacada periodista sale en el ocaso de un sexenio que se caracterizó por disminuir cada año el presupuesto de la mayoría de los medios públicos federales, pero también por ejercer un riguroso control de sus contenidos, particularmente de sus noticiarios. Así lo confirman periodistas de estos medios, con los que he podido conversar en los últimos días.

Pérez Cañedo informó vía Twitter que se despedía de la televisora, pero no ha explicado públicamente las razones. Sería positivo que lo hiciera en beneficio de la transparencia hacia las audiencias y para fortalecer a los medios públicos. Su testimonio tiene un enorme valor ante el cambio de Gobierno y la toma de decisiones sobre quién debe dirigir ese canal y hacia dónde deben estar encaminadas las prioridades en sus contenidos.

En el canal se afirma que es deseo de su actual directora, Jimena Saldaña, continuar en el cargo, mismo que ocupa desde octubre de 2015. En el equipo de transición no se ha descartado esta posibilidad. Sin embargo, las mismas fuentes consideran indispensable hacer una evaluación sobre su desempeño y la manera en cómo se ejerció el presupuesto, antes de su ratificación.

Quizás uno de los casos más conocidos de su gestión fue la contratación, despido y recontratación del periodista Ricardo Alemán, quien protagonizó uno de los episodios más polémicos del anterior proceso electoral al sugerir un acto de violencia en contra del entonces candidato a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador. Esta decisión, no obstante, parece menor frente a otro tipo de señalamientos relacionados con el gasto.

Algunas de las críticas se centran en los enormes recursos públicos destinados para cubrir eventos deportivos en diferentes ciudades del mundo, particularmente muy onerosos para un medio público, y a muchos de los cuales asistía la misma directora, así como en la coproducción de series que podrían realizarse a costos mucho menores o bien con productoras libres de cualquier conflicto de interés. Basta asomarse al portal de transparencia del canal para conocer los montos de los contratos y hacernos preguntas al respecto.

También hay contratos “curiosos”, por calificarlos de alguna manera. Por ejemplo, la compra de un vehículo tipo sedan con un costo cercano al millón 300 mil pesos, los pagos a un funcionario por “asistir a reuniones de trabajo convocadas por la coordinación de comunicación social de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, para obtener información de la agenda gubernamental, entre otras actividades” o la erogación por un monto superior a los 7 millones de pesos sólo por colocar un par de anuncios de la serie Listos a jugar en una publicación de distribución gratuita. Años atrás, en marzo de 2012, durante la gestión de Enriqueta Cabrera, se pagó un vuelo Los Ángeles-Ciudad de México, ida y vuelta, al director de fotografía, Alberto Lee Sánchez, que costó más de 3 millones 300 mil pesos a los contribuyentes.

En el Canal 11 hay muchas voces de descontento sobre cómo se ha dirigido el canal en este sexenio. Censura, autocensura, vetos a personajes para no ser entrevistados, han sido algunas de las prácticas frecuentes en varios de sus programas. Este factor ha sido una de las razones de la enorme rotación personal y, al mismo tiempo, fuente probable de una de las diferencias entre quienes encabezan la televisora y la periodista que esta semana se despedirá de sus audiencias. De ahí la relevancia de su testimonio.

Canal 11 es uno de los medios públicos de mayor prestigio en México y América Latina. Su fortaleza está en la calidad de sus producciones, su credibilidad y su independencia editorial. Desafortunadamente, la intromisión constante del Gobierno de Peña Nieto dañó varios de sus principios y por eso es urgente hacer un replanteamiento de sus objetivos y fortalecerlo a la luz del cambio democrático que tuvimos en las elecciones de julio.

En una entrevista que concedió el pasado domingo al programa Media 20.1 de TV UNAM, Jesús Ramírez Cuevas, próximo coordinador de Comunicación Social de la Presidencia, dijo que se fortalecerán los medios públicos, que dejarán de ser medios del Gobierno y se convertirán en medios de la ciudadanía. Anticipó que serán medios que operarán con pluralidad y diversidad, en los que la voz del Gobierno será una más de las voces, sin que ello implique una intervención directa en los contenidos. Esperamos que así sea.

UNA COMISIONADA MUJER

Crecen las voces para impulsar una mayor participación de las mujeres en el proceso de selección como comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Después de la salida de Adriana Labardini, el pleno del órgano regulador quedó integrado por seis hombres y una mujer.

La única mujer que ostenta ese cargo, la economista Elena Estavillo, termina su periodo el último día de febrero de 2019. Hace algunos se lanzó la convocatoria para elegir a la persona que la sustituirá. La ley no establece paridad de género, pero lo deseable es que haya mayores equilibrios en el pleno del órgano regulador.

Labardini fue una comisionada virtuosa y honesta. Lo mismo ha demostrado Estavillo. Ambas funcionarias defendieron con aplomo la autonomía y facultades del órgano regulador cuando se aprobó la ley secundaria en materia de telecomunicaciones y la contrarreforma en los derechos de las audiencias, a diferencia de los demás comisionados. También su voto se ha distinguido, por ejemplo, por una mayor competencia en el mercado de la televisión de paga o en mayores exigencias para que los titulares de concesiones de uso público cumplan a cabalidad las obligaciones de la ley en cuanto a la participación ciudadana y los mecanismos para garantizar su independencia editorial.

Es obvio que estos atributos no son exclusivos de las mujeres, pero hasta ahora las mujeres que han integrado el pleno del IFT han sido ejemplares. Habrá que impulsar una política pública para una mayor equidad de género en el sector de las telecomunicaciones y en el órgano regulador. De acuerdo con Conectadas MX, en el sector hay apenas un 23 por ciento de participación de las mujeres. El próximo Gobierno de Andrés Manuel López Obrador podría hacer un gran aporte para equilibrar la balanza.

@telecomymedios

Gabriel Sosa Plata

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