¿Cómo llegó una foto de una estudiante al celular del Senador panista Ismael Cabeza de Vaca? ¿Existen catálogos clandestinos de mujeres con fines de comercio sexual? ¿Qué implicaciones judiciales puede tener la exposición de la explotación sexual desde el Senado?

Estas y otras preguntas deberían estarse haciendo los líderes del Senado y sus compañeros panistas de bancada, para determinar la sanción contra el Senador Cabeza de Vaca, a quien exhibieron haciendo alarde de gusto por el trabajo sexual comercial.

Ya sabíamos que las redes de trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual están compuestas por hombres de poder, hombres ubicados en los estamentos económicos, políticos y sociales. Pero nos faltaba la confirmación contundente que además de constituir estas redes de trata, los hombres de poder, también son consumidores.

Triste realidad tener semejante Senador en un país como México, donde se estima en 500 mil casos de los cuales alrededor de 70 mil son menores de edad sujetas a explotación sexual.

Triste realidad tener a Cabeza de Vaca como Senador, en un país donde 47 grupos de la delincuencia organizada están involucrados en la trata de personas con fines de explotación sexual y laboral, de acuerdo con un estudio del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República.

Pero los hombres poderosos junto al Gobierno, valga la redundancia, han triunfado en opacar las cifras, en disfrazarlas. Tal vez por eso las cifras son escasas. Tampoco hay una política social encaminada a su verdadero combate. Instituciones y leyes quedan en la simulación. Tal vez por eso no hay suficientes redadas en el país, no hay suficientes traficantes de mujeres y niñas en la cárcel. Tal vez por eso no existen condenas ejemplares contra los traficantes.

A pesar de todo, sabemos que cada año son raptados 21 mil menores de edad para ser explotadas sexualmente y de ellas 45 de cada 100 son niñas indígenas.

Recuerdo que una madrugada andábamos caminando por las calles de Tuxtla Gutiérrez en Chiapas con madres de desaparecidas, buscando a sus hijas en los distintos antros y giros negros, un joven nos contó que existían casas con niñas para explotación sexual, una por cierto, muy cerca de donde estábamos. “¿Podemos ir?”, le preguntó una de las madres. “No, claro que no, ahí sólo pueden entrar políticos. Las niñas son para ellos”, dijo con total naturalidad. Al insistir, el joven hizo una advertencia: “Ni se les ocurra acercarse. Los policías no dejan pasar”.

El crimen de la trata de personas en México no se está combatiendo debidamente por obvias razones. Son los mismos políticos los que se benefician del mercado sexual; unos explotando y otros consumiendo, o bien, haciendo ambas cosas.

Quizá eso explique que el 93 por ciento de las víctimas de trata sean mujeres y de ese porcentaje, el 26 por ciento, menores de edad. Y la realidad a la que nos enfrentamos quienes nos hemos dedicado a investigar esta lacerante realidad, es que cada vez, se las llevan más niñas. La nueva modalidad es raptarlas a los 9 o 10 años.

El estudio que mencioné, señala que el 45.4 de las víctimas de trata son captadas por una persona conocida, mientras el 49.1 por desconocidos. Y solamente, el 5.5 por ciento serán captadas por miembros de la delincuencia organizada.

Los cárteles que han decidido vender el cuerpo de las mujeres y niñas están obteniendo más ganancias que vendiendo armas. La trata de mujeres y niñas ha desplazado el tráfico de armas y ya se coloca en nuestro país en el segundo negocio más redituable, después de las drogas.

Cada año, quienes trafican con mujeres obtienen más de 10 mil millones de dólares en ganancias. Y lamentablemente, a seis años de la aprobación de la ley que sanciona este infame delito, no existen en realidad mecanismos para asegurar su implementación, ni a las víctimas se les garantiza la reparación ni la no repetición del daño.

México es el quinto país de flujo de trata de personas entre Norte y Centroamérica y el Caribe. Y a seis años de la aprobación de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha urgido al Gobierno a atender debidamente el delito de la trata, porque no hay mecanismos armonizados ni coordinados entre los ordenes del Gobierno para asegurar la implementación de dicha ley. Una ley que es letra muerta en muchos estados de la República.

¿Pero cómo lo van a atender si ellos son juez y parte? ¿Cómo van a disminuir el preocupante incremento de la trata de niñas y mujeres si ellos son los consumidores?

“Pásame el cell [sic] del padrote, no seas gacho. Ya me la quiero zumbar”, le contesta Manito al Senador Cabeza de Vaca que compartió la foto de la joven estudiante y contesta: “ya somos 2”.

Este asunto, no termina con una simple disculpa del Senador, ni tampoco con la comparecencia vergonzosa del mismo, arropado de manera vergonzosa por sus compañeras panistas. Por eso estamos como estamos.

El asunto no ha quedado saldado. No, hasta que sepamos como la foto de la joven Fernanda Moreno llegó al celular de Cabeza de Vaca. No termina hasta que nos diga por qué compartía esa foto con un lenguaje vinculado a la trata al hablar del “padrote”. No termina, porque necesitamos saber las redes a las que tuvo acceso que contienen listas de nombres y fotos de jóvenes para su posible rapto, con el objetivo de la explotación sexual.

Y no termina, porque las autoridades del Senado, el marco jurídico que lo rige y las leyes de nuestro país, deben ser suficientes para que el Senador Cabeza de Vaca de entrada, dimita de su puesto para su investigación. Este es un asunto serio, muy serio.

El Senador Cabeza de Vaca, es casado y tiene dos hijas. La pregunta es obligada. Los señores poderosos necesitan ponerse en el lugar de las víctimas de trata. ¿Le gustaría que en esas listas de jóvenes con fotos que circulan en el ciberespacio estuvieran incluidas sus hijas?

Sanjuana Martínez

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Es periodista especializada en cobertura de crimen organizado.

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