“No hay pruebas que me liguen a saqueo”, contestó la impresentable Rosario Robles después de que se conoció desvíos millonarios en la Sedesol y Sedatu mientras ella estaba a cargo.

Su defensa se basó en la precaución de no firmar nada o dejar pruebas en su contra. Hay que darle el crédito de lo inteligente que fue. Sin embargo, los desvíos no son especulaciones. Están completamente acreditados. Y a ese señalamiento solamente se limita a decir “yo no fui”. Pero fue en su tiempo y no hablamos del robo de un escritorio de la oficina. Hablamos de miles de millones.

Hay dos operadores con permisos amplios dentro de la administración de Peña Nieto: Rosario Robles y Gerardo Ruiz Esparza. Ambos con una amplia lista de señalamientos de negligencia y posible corrupción. Ambos intocables. Veremos hasta cuándo.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades en los contratos asignados por Sedesol y Sedatu a proveedores por un monto de 1,900 millones de pesos. Ahora logramos conocer más detalle de cómo fue el atraco a la nación.

Recordemos lo que se hizo público en febrero pasado: Las secretarías de estado simularon contratos con Radio y Televisión de Hidalgo (RTH), el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social (SCSI), la Televisora de Hermosillo (Telherm) y la Universidad Politécnica de Quintana Roo (UPQROO) para operar el desvío millonario de 1,900 millones de pesos. Lo que no se había revelado –hasta ahora- es que el dinero público (700 millones de pesos) siguió una ruta para llegar en efectivo a una decena de casas privadas en la Ciudad de México.

Hace un año se publicó la Estafa Maestra, pieza periodística que describía cómo se desviaba dinero de 11 secretarías de estado con el mismo modus operandi de empresas fantasmas y subcontrataciones. Al parecer la marca de este sexenio.

Está claro que la (agonizante) administración de Peña no solo no procederá penalmente contra Robles, por el contrario, la protegerá por así corresponder a sus intereses corruptos.

Pero eso ya es historia pasada que descansará en los interminables archivos de la impunidad en México. Lo interesante es saber qué hará la nueva administración de López Obrador. Su interminable campaña siempre fue con base en un discurso anticorrupción. Y siendo la corrupción el segundo tema de interés nacional (INEGI 2017), los votantes vieron en su propuesta esperanza para cambiar.

Los abrazos y sonrisas entre Peña y López Obrador dan certeza a mercados financieros y habla de una civilidad política que todos celebramos. Pero detrás de los apretones de manos y abrazos, ¿hay un pacto de impunidad? ¿hay un arreglo para no tocar a los intocables de la administración peñista?

El silencio del presidente electo sobre los nuevos señalamientos de doña Rosario Robles no es buena señal. Es evidente que comentar el hecho de que se robaron miles de millones y que 700 millones fueron movidos en efectivo es parte intrínseca y necesaria del papel que ahora juega. Mario Delgado, coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro ha dicho que sí investigarán a Robles. Habrá que ver si los dichos se convierten en acciones una vez que tengan el poder.

En justicia no hay borrón y cuenta nueva. Se llama impunidad. La evidencia periodística señala más de 2, 130 millones de pesos desviados por Rosario Robles. Los señalamientos fuertes de AMLO contra personajes dudosos de la administración peñista se han diluido paulatinamente, y es comprensible, ya no es necesaria la rabiata en el plaza durante el mitin.

AMLO señaló que no “habría cacería de brujas”. ¿Eso querrá decir que no cazará a los corruptos? Porque hay una diferencia abismal entre hacer un uso faccioso de la justicia para perseguir a alguien sin motivo más que el personal, y otra, usar el aparato del estado para perseguir a alguien que presuntamente (odio esa palabra cuando todo es tan obvio) desvió miles de millones de nuestros impuestos.

Algunos analistas señalan de un pacto entre AMLO y Peña. No se conoce nada al respecto. Puede ser nada más un tema de protocolo en la transición democrática. Pero una vez que tome la silla presidencial, AMLO no le debe nada a Peña ni a sus colaboradores y sí le debe todo al 53% de personas que votamos por un cambio de paradigma política. Esto incluye perseguir a quienes han robado. El Ejecutivo no tiene la facultad discrecional de perseguir o no. Ya conoce el caso de la Estafa Maestra y todos los señalamientos. Solo debería ser cuestión de semanas para ver tras las rejas a varios personajes peñistas que desfalcaron gravemente al erario público. Eso es lo que prometió AMLO, veremos si cumple o el pacto de impunidad será el lastre de la cuarta transformación.

Por último, dos ingredientes son necesarios para cambiar la procuración de justicia. La primera es que es necesario la modificación la Constitución y con ello rediseñar la naturaleza de una nueva Fiscalía General de la República que no viva dentro de los vaivenes políticos. La segunda es voluntad política del ejecutivo. La procuración justicia está colapsada en nuestro país, no funciona ni con la mejor de las voluntades. Su rediseño pasa por la voluntad del ejecutivo de deshacerse de una de las herramientas más poderosas a su cargo. Si AMLO la suelta, ahí ya, está un paso importante para otro tipo de justicia en México.

Darío Ramírez

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Estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana y Maestría en Derecho Internacional Público Internacional por la Universidad de Ámsterdam; es autor de numerosos artículos en materia de libertad de expresión, acceso a la información, medios de comunicación y derechos humanos. Ha publicado en El Universal, Emeequis y Gatopardo, entre otros lugares. Es profesor de periodismo. Trabajó en la Oficina del Alto Comisionado para Refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR), en El Salvador, Honduras, Cuba, Belice, República Democrática del Congo y Angola dónde realizó trabajo humanitario, y fue el director de la organización Artículo 19.

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