Miguel Ángel Yunes Linares está a unos días de entregar el Gobierno a quien será su sucesor, el ingeniero Cuitláhuac García Jiménez, quien ha declarado que entre sus primeras acciones, será considerar una crisis humanitaria en Veracruz por el tema de los desaparecidos.
La Fiscalía General del Estado confirmó el pasado 6 de septiembre la existencia de fosas clandestinas en donde se enterraron al menos 166 cadáveres en la zona centro de Veracruz.
El Fiscal General Jorge Winckler Ortiz detalló que desde el pasado 8 de agosto se inició con la inspección en la zona en donde se encontraron más de 200 prendas de vestir, 114 identificaciones, así como otros accesorios y artefactos personales. Sin embargo, hasta el momento se han recuperado restos de al menos 174 cuerpos y 32 fosas han sido detectadas.
Por Ignacio Carvajal
Veracruz/Ciudad de México, 10 de septiembre (BlogExpediente/SinEmbargo).- Un informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ubica al estado de Veracruz a la cabeza de las entidades con más fosas clandestinas localizadas entre enero del 2017 y agosto pasado, con 37 eventos.
El documento indica además que es el estado de Jalisco el que encabeza la lista de las entidades con más víctimas rescatadas de fosas clandestinas, con 126 víctimas.
Sin embargo, acota que si se toman en cuenta las cifras dadas a conocer la semana pasada por autoridades en Alvarado, el panorama cambia, y Veracruz sería líder tanto en víctimas como en fosas.
Así sumando las de El Arbolillo, el estado de Veracruz contaría con 69 fosas y unas 249 víctimas exhumadas en el periodo de enero del 2017 al 9 de septiembre.
El último comunicado de la Fiscalía de Veracruz al respecto, indicó que en los trabajos de exhumación en El Arbolillo cerraron en 166 cráneos y 31 fosas procesadas.
Ante este escenario, el estado gobernado por Miguel Ángel Yunes Linares es el líder indiscutible en espacios usados ilegalmente para desaparecer personas.
El organismo también ha documentado en otros informes que es el número uno en policías detenidos por casos de desaparición forzada.
A su vez, también es líder en casos de personas desaparecidas a manos de autoridades.
Yunes Linares está a unos días de entregar el Gobierno a quien será su sucesor, el ingeniero Cuitláhuac García Jiménez, quien ha declarado que entre sus primeras acciones, será considerar una crisis humanitaria en Veracruz por el tema de los desaparecidos.
El documento enviado por la CNDH menciona que en abril del 2016 se dio a conocer el «Informe Especial sobre Desaparición de Personas y Fosas Clandestinas en México», en el cual se habló del panorama del país, y en el cual los estados del norte y Guerrero presentaban el peor panorama para los derechos humanos.
Ese estudio se elaboró con información oficial y registros de hemeroteca de 2007 a septiembre del 2016. Sobre la información oficial, se habla de «855 fosas clandestinas, de cuyo interior se habían exhumado mil 548 cadáveres y/o restos óseos».
En tanto, el «muestreo hemerográfico realizado en el mismo periodo permitió advertir un total de mil 143 fosas clandestinas localizadas en territorio nacional, de las que se desprende la exhumación de tres mil 230 cadáveres y/o restos humanos».
El nuevo estudio «sobre fosas clandestinas derivó en el hallazgo de cuando menos 163 en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 30 de agosto del año en curso, de las que se exhumaron cuando menos 530 cuerpos, de los que fueron identificados 54 y cuando menos 476 quedaron sin identificar, y el número de restos localizados ascendió a un total de 165 mil 431».
«En cuanto a las entidades federativas en que se halló el mayor número de fosas clandestinas, de acuerdo con el muestreo hemerográfico de la CNDH, son Veracruz, 37; Chihuahua, cuando menos 22; Sinaloa, 22; Zacatecas, 17, y Jalisco, 14, mientras que los estados en que fueron exhumados el mayor número de cuerpos son Jalisco, 126; Veracruz, 83; Nayarit, 70; Zacatecas, 51 y Chihuahua, 59».
«En contraste, en Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Durango, Hidalgo, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala y Yucatán no se hallaron fosas clandestinas, y los estados con menor número de cuerpos exhumados son Michoacán, 1; Quintana Roo, 1; Nuevo León, 2; Coahuila, 4 y Colima, 6», dice el comunicado enviado por la CNDH.
En una parte del mismo, se acota: «A estas cifras debe añadirse la información difundida por la Fiscalía General del Estado de Veracruz, que confirmó el hallazgo de una nueva fosa clandestina en la zona centro de la entidad, de donde fueron exhumados los restos de al menos 166 personas que fueron privadas de la vida en los últimos dos años».
IMPUNIDAD
En el texto elaborado por la CNDH se advierte que la existencias de las fosas, es muestra de «la falta de procuración de justicia pronta y expedita».
Además, la comisión lamenta que este panorama evidencia que las autoridades están «lejos de producir investigaciones eficaces y sustentables para la localización de víctimas y el ejercicio de la acción penal contra los responsables».
Que las autoridades sitúan «a los agraviados y a sus familiares en estado de abandono, revictimizándolos al hacerles nugatorios sus derechos reconocidos en Constitución General de la República e instrumentos internacionales en la materia».
Sobre las nuevas en El Arbolillo, por ejemplo, el colectivo Solecito de Veracruz, y otros, han expresado su rechazo a la forma en que la Fiscalía de Veracruz llevó los trabajos, sin avisar a las familias.
La vocera de Solecito, Lucía de los Ángeles Díaz Genao, lamentó que el Fiscal Jorge Wínckler sólo buscara protagonismo; en tanto, la Fiscalía ha dicho que si no se avisó y se mantuvo en secreto la labor, fue porque el personal que realizaba esas acciones, corría riesgos.
RETO A NUEVAS AUTORIDADES
En el contexto, el informe de la CNDH expresa su rechazo a la aparición de más fosas con personas asesinadas, y plantea la importancia de los estudios hemerográficos para registrar estos eventos, pues así se puede plantear una política pública para revertirlo.
Por ello, «destaca la importancia de que las actuales autoridades de los tres niveles de gobierno y las que próximamente asumirán las responsabilidades de la conducción del país establezcan en el corto plazo una política integral que prevenga, investigue y sancione las violaciones que se generan con la práctica de realizar inhumaciones en fosas clandestinas».
Pues esto «permitirá que los familiares de las víctimas ejerzan sin cortapisa sus derechos reconocidos en la Constitución Mexicana, en los instrumentos internacionales y leyes afines, especialmente los relacionados con los derechos a la verdad, acceso a la justicia, reparación integral del daño y garantías de no repetición».
