Por Elizabeth Arroyo Quintana
Subcoordinadora de Defensoría
Sin Fronteras
@Sinfronteras_1

En el marco del Día Internacional de la Desaparición Forzada, resulta inevitable reflexionar sobre ésta y otras atrocidades de las que son víctimas miles de personas en nuestro país todos los días. Hace menos de una semana, recordábamos la masacre de los 72 migrantes de San Fernando ocurrida hace 8 años; luego el fin de semana, no cesaron las noticias sobre los migrantes provenientes de Guatemala, Honduras y El Salvador secuestrados en los Altos de Chiapas por un grupo delictivo y entonces surge la pregunta ¿qué estamos haciendo ante la injusticia?

La sociedad civil organizada, lleva más de dos décadas denunciando y trabajando contra las violaciones cometidas en contra de las personas migrantes y sujetas de protección internacional por agentes del estado y por otros con aquiescencia de éste, pero pareciera que los efectos de esta lucha son apenas perceptibles.

Por increíble que parezca, en medio de todo este caos, incertidumbre, frustración e impotencia, estamos dando pasos hacia adelante y dedicaré estas líneas para compartir una historia que lo demuestra.

Hace 9 años 3 meses y 8 días, el profesor Miguel Ángel Beltrán Villegas, parte de la academia crítica del gobierno colombiano, fue expulsado de México por agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) de la manera más ilegal e injusta pensable: sin permitir el ingreso de su abogado y esposa, Miguel fue engañado para firmar una resolución migratoria y posteriormente informado que sería detenido. El Doctor Beltrán fue tomado del cuello a la fuerza, inmovilizado. Temiendo lo regresaran a su país al ser un perseguido político, empezó a gritar que solicitaba asilo y protección internacional, sin embargo, en lugar de atender a su petición de asilo, los agentes migratorios lo arrastraron por el pasillo del edificio y los sacaron al estacionamiento.

Forcejearon para taparle la boca y lo obligaron a abordar una camioneta sin placas, le colocaron unas esposas y lo arrodillaron con el rostro cubierto por su chamarra contra el asiento. Después, fue trasladado al Aeropuerto de la Ciudad de Toluca donde se le subió a una avioneta sin que se le informara a dónde se dirigía. Miguel notó que constantemente subían y bajaban personas que lo filmaban. Nunca le informaron qué pasaba. El INM lo entregó a las autoridades colombianas inicialmente bajo el argumento que no había cumplido con los requisitos migratorios y posteriormente que tenía malos antecedentes y una alerta de INTERPOL. En realidad, el Doctor Beltrán fue víctima de una extradición encubierta. En Bogotá fue privado de la libertad por varios años pero hoy ha sido absuelto por lo que se encuentra libre y poco a poco ha retomado su vida.

Después de muchas acciones del jurídico de Sin Fronteras -demanda de reparación por actividad administrativa irregular, un juicio de nulidad, varios amparos indirectos, una petición en la CIDH, un amparo directo y una queja en la CNDH- el Decimoctavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa han determinado la actividad administrativa irregular del INM en contra de Miguel, por lo que se le ha condenado a repararlo por las violaciones a su derecho de asilo, presunción de inocencia, la libertad, educación, al debido proceso, entre otros.

Pese a que el caso no se ha resuelto en definitiva –pues el INM sigue promoviendo medios de impugnación contra la condena- representa un avance histórico, en lo particular, en la defensa de los derechos de personas migrantes y sujetas de protección internacional y en lo general, en la reparación del daño de las personas frente a las violaciones de las autoridades mexicanas.

Si bien el caso de Miguel Ángel evidencia las gravísimas violaciones que autoridades como el INM cometen cotidianamente contra los extranjeros, mismas que afectan profundamente su vida –incluso atentando contra ésta- y lo costoso en términos temporales, humanos y económicos del litigio, también demuestran los efectos de pelear frente a los impartidores de justicia en favor de este grupo vulnerable, quienes siguen enfrentando retos al resolver los casos pero que poco a poco se muestran más abiertos, interesados y dispuestos a establecer criterios progresistas en la materia.

Hoy empezamos a ver los frutos de lo cosechado hasta tantos años.

Sin Fronteras

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