Uno de los temas más importantes para México en su relación con Estados Unido es el que se refiere al manejo de sus fronteras, en particular la cooperación en materia de seguridad fronteriza y el control de los flujos migratorios provenientes del sur del continente y principalmente de Centroamérica. En las últimas décadas, México ha fortalecido enormemente su cooperación con el vecino país del norte y ha definido su política fronteriza y migratoria tomando como base los intereses estadounidenses. Sin negociar concesiones ni condiciones en otras áreas de la relación bilateral—con excepción quizás del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN)—México ha sido complaciente con los deseos de Estados Unidos. En su afán por formar parte de Norteamérica, destaca la cooperación servil que ha posicionado a México como lo que algunos denominan: el “patio trasero” de la Unión Americana.

Hasta hace muy poco, la diplomacia estadounidense había venido ejerciendo, de manera muy hábil y exitosa, su poder blando (soft power) para imponer su agenda migratoria, comercial y de control hemisférico a través de las relaciones fronterizas con su dócil aliado, a quien los gringos llamaban “socio y amigo”. Alan Bersin, el ex-Zar de la frontera en las administraciones Bill Clinton y Barack Obama1, articula dicha estrategia de forma magistral en sus intervenciones y escritos: México y Estados Unidos dejan de ser “vecinos distantes” y comienzan una nueva “sociedad bilateral” (bilateral partnership)2. Dicha sociedad fue claramente diseñada por, y en beneficio de los Estados Unidos y las élites políticas y económicas mexicanas; cabe destacar que estas últimas estuvieron de acuerdo en su arquitectura. El centro de operaciones de dicha estrategia sería la región fronteriza concebida como un “Tercer País”3. Asimismo se facilitarían los flujos comerciales y desaparecerían gradualmente las fronteras (vanishing borders)4 para el gran capital. La Frontera del Siglo 21 estaría pensada en términos de flujos y no de líneas5.

Esta nueva arquitectura fronteriza operaría de manera selectiva: facilitando el libre comercio de bienes y el flujo de capitales, y restringiendo al mismo tiempo la entrada legal de personas a la Unión Americana. En el tema migratorio, lo que Bersin denomina “La Línea” seguiría dividiendo a las dos naciones y se fortificaría aún más mediante la construcción de cercas, el uso de tecnología, y un aumento muy significativo en el número de efectivos que vigilan la frontera para evitar la entrada de personas no autorizadas provenientes del sur del continente. En otras palabras, la búsqueda de competitividad y mayor eficiencia en la relación binacional comercial se combinaría con estrategias de disuasión de migrantes irregulares.

Con el pretexto de sus guerras contra el terrorismo y las drogas, y para protegerse de la supuesta “guerra de carteles” en México (alimentada y magnificada por la propia guerra contra las drogas mexicana declarada con el beneplácito de los estadounidenses y avalada por la Iniciativa Mérida), Estados Unidos militariza la seguridad en su frontera. Al mismo tiempo, presiona a México para hacer solo una parte de lo que algún día pensaron negociar (sin éxito) los dos países en lo que se llegó a denominar un “Acuerdo Migratorio” o Enchilada Completa. Ahora bajo gran presión de los Estados Unidos y sin acuerdo bilaterales de por medio, México reforzaría su frontera sur para ayudar a su vecino y controlar los flujos hacia el norte de personas provenientes de Centroamérica.

Sin acuerdos ni enchiladas, Estados Unidos, a través del poder blando de su diplomacia y el lobbying de sus contratistas, construye un muy sofisticado “complejo militar industrial” en la nueva Frontera del Siglo 21. De forma irónica, esta nueva arquitectura permite selectivamente la entrada de los migrantes indocumentados que Estados Unidos necesita. El país vecino de México sigue demandando mano de obra barata para el sector de la construcción y otros servicios y actividades que sus ciudadanos no están dispuestos a realizar. La economía estadounidense se ha beneficiado visiblemente del trabajo de quienes se ven forzados a emigrar dadas las precarias condiciones económicas y de seguridad en sus países de origen, generadas al amparo de las reformas estructurales y las políticas de libre mercado—es decir, en el marco del llamado “modelo neoliberal”. México se constituye entonces como el país de tránsito (y luego expulsor) de estos flujos migratorios provenientes principalmente de los países más pobres y violentos del sur del continente, sobre todo, de América Central.

En un contexto de reforzamiento de la frontera y límites selectivos a la migración denominada como “ilegal” por parte de los Estados Unidos, se han fortalecido las redes de traficantes y las relaciones entre éstas y el crimen organizado. El trayecto por México de los migrantes que vienen del sur se vuelve extremadamente peligroso y el país se ha convertido en una gran fosa común donde yacen los cuerpos sin nombre de migrantes que desaparecen y parecieran no importar. La escena pareciera el resultado de una limpieza étnica. Por su parte, la labor humanitaria de la Pastoral de Movilidad Humana de la Iglesia Católica facilita—sin pensarlo y sin querer—el tráfico de migrantes y la explotación laboral de quienes están desesperados por salir de la miseria y la violencia producto de un sistema neoliberal, profundamente injusto y desigual. Dicho sistema en la era del TLCAN y el Pacto por México no ha generado crecimiento real ni ha beneficiado a los mexicanos en general, sino únicamente a un segmento de sus élites6.

Son esas élites, que nacieron con el libre comercio con América del Norte, las que han convertido a México en el patio trasero de Estados Unidos. El complejo militar industrial de la denominada Frontera del Siglo 21 y el Plan Frontera Sur fueron diseñados en y por Estados Unidos y felizmente adoptados por la servil tecnocracia mexicana que dejó de mirar hacia el sur e hizo perder a México su liderazgo en América Latina en sus ingenuas aspiraciones por pertenecer a la región más desarrollada de nuestro continente. Dichas aspiraciones nunca llegaron a materializarse y México nunca fue realmente parte de Norteamérica. La llegada de Donald Trump a la Casa Blanca dejó esto muy claro. Trump y su base de apoyo celebrarían la propuesta para la construcción de un muro “grande y bonito” que separaría a Estados Unidos de su patio trasero.

Las cosas no podían estar peor para México con Trump como Presidente de Estados Unidos y hacia la recta final del sexenio de Enrique Peña Nieto. En un contexto de corrupción endémica, impunidad, violencia extrema, desigualdad y falta de crecimiento económico, el país optó por un cambio por la vía institucional. La elección de Andrés Manuel López Obrador como Presidente de México el pasado 1º de julio y el gran avance de su partido a nivel nacional y en las dos cámaras del Congreso de la Unión podrían representar una oportunidad histórica para el país de volver a ser una nación soberana y líder en el continente. México tiene un activo importantísimo en su frontera con Estados Unidos y parece que no se ha dado cuenta de ello, por lo menos durante el último cuarto de siglo. El país no ha sabido negociar la posición privilegiada que mantiene con su vecino del norte. Parecería ser éste el momento en el cual México podría exigir sentarse a la mesa a negociar con Estados Unidos de igual a igual un acuerdo migratorio y comercial—que incluya ventajas claras para la economía nacional y para los migrantes mexicanos en Estados Unidos.

Y nuestro país podría hacerlo aprovechando su posición geográfica privilegiada y sus reservas de hidrocarburos en el marco de una revisión de contratos otorgados al amparo de la reforma energética. La cooperación anti-narcóticos también debería reconsiderarse y colocarse sobre la nueva mesa de negoción en el contexto de una epidemia en el consumo de opiáceos en Estados Unidos. AMLO a la fecha no ha sido claro con respecto al futuro de su política de cooperación en materia de seguridad fronteriza, cooperación anti-drogas con Estados Unidos, ni de su política migratoria. La incertidumbre quedó clara después de la primera visita a Mexico de la delegación estadounidense de alto nivel encabezada por el Secretario de Estado Mike Pompeo y el reciente intercambio epistolar entre Donald Trump y el presidente electo de México. Las recientes declaraciones de la DEA sobre la “nueva” estrategia bilateral contra los cárteles mexicanos nos dan la impresión de continuidad—más que de cambio—en lo que se refiere a una cooperación diseñada por las agencias federales estadounidenses, que privilegia más bien los intereses del vecino país del norte y que mucho ha dañado a México.

Bajo las nuevas condiciones hemisféricas, una nueva configuración en el orden mundial, la aparición de nuevos liderazgos internacionales y los reacomodos resultantes en materia geoestratégica, el futuro podría ser prometedor para México. Sin embargo, existe la posibilidad de que el pragmatismo potencial del nuevo presidente y el protagonismo de su equipo de colaboradores y mediadores—que incluye a figuras como el empresario Alfonso Romo, Marcelo Ebrard y el Padre Alejandro Solalinde—se inclinen por soluciones subóptimas o por la promoción de las inversiones en el marco de una reconciliación con quienes no apoyaron al candidato de las izquierdas. Ello requeriría no sólo del mantenimiento del status quo sino de una cooperación aún más estrecha con Estados Unidos.

En el peor de los escenarios para México, el papel de la Pastoral de Movilidad Humana—con su red de albergues de migrantes—podría institucionalizarse si Mexico negocia privilegios comerciales y acepta participar como “Tercer País Seguro” para procesar las solicitudes de asilo hacia Estados Unidos. Cabe destacar que la Iglesia ya ha venido haciendo parte de este trabajo de manera informal. Y lo que sería aún peor, veremos si el nuevo Jefe de la Oficina de la Presidencia y los intereses que representa llegan a tener más peso que los del pueblo mexicano y sus comunidades indígenas, fortaleciendo la sociedad bilateral con Estados Unidos, promoviendo la inversión depredadora en el sector de la energía y construyendo sus “zonas económicas especiales” que poco benefician a los pueblos y mucho a las élites empresariales—nacionales y transnacionales. Finalmente, es de gran preocupación que las aspiraciones políticas futuras de personajes clave en el manejo de la relación con Estados Unidos (como Marcelo Ebrard) operen a favor del vecino país del norte y no de México; todo esto, en la búsqueda de afirmación y reconocimiento internacional.

En fin, veremos si México con AMLO reconoce o no su papel estratégico y continúa o no siendo un patio trasero.

1.Alan Bersin fue Comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus siglas en inglés) y Subsecretario en el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Ver: https://www.cov.com/en/professionals/b/alan-bersin.
2.Alan Bersin y Michael D. Huston. 2015. “Homeland Security as a Theory of Action: The Impact on US/Mexico Border Management.” En The Anatomy of a Relationship: A Collection of Essays on the Evolution of US-Mexico Cooperation on Border Management. Washington, DC: Wilson Center.
3.Alan Bersin. 1996. “El Tercer País: Reinventing the US/Mexico Border.” Stanford Law Review 48, no. 5: pp. 1413-1420.
4.Andrew Selee. 2018. Vanishing Frontiers: The Forces Driving Mexico and the United States Together. Nueva York: Public Affairs.
5.Alan Bersin. 2012. “Lines and Flows: The Beginning and End of Borders.” Brooklyn Journal of International Law 37, no. 2: pp. 389-406.
6.Mark Weisbrot, Lara Merling, Rebecca Watts y Jake Johnston. 2018. “The Pact for Mexico After Five Years: How Has It Fared?” (June). WashingtonDC: Canter for Economic and Policy Research (CEPR).
7. Una versión de este artículo apareció en el sitio Aristegui Noticias el 17 de agosto del presente año.

Guadalupe Correa-Cabrera

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Guadalupe Correa-Cabrera. Profesora-investigadora de Política y Gobierno, especialista en temas de seguridad, estudios fronterizos y relaciones México-Estados Unidos. Autora de Los Zetas Inc.

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