Esta semana se celebró en Ciudad Juárez el primer foro de escucha a la ciudadanía rumbo a la pacificación del país, y la mesa central fue ocupada por las víctimas de la violencia en la ciudad; aunque sólo esperábamos unos 40 participantes, pronto fueron hasta 150. Por otro lado, la mesa de víctimas de delitos por razones de género (impulsada por Cerimac) realizó un trabajo ejemplar, gracias en parte a la moderación de una de las investigadoras más importantes del tema: Julia Monárrez.

No tengo espacio para publicar en su totalidad las discusiones o conclusiones, pero sí puedo asegurar que nadie sugirió que la corrupción y la impunidad de los políticos pudieran ser perdonadas; así que se equivocan totalmente los políticos ladrones si creen que los perdonarán para pacificar al país, porque a ellos lo único que se les puede ofrecer es el debido proceso penal.

La mesa de víctimas de delitos, desde el homicidio colectivo hasta la expulsión territorial, duró más de cinco horas entre discusiones y testimonios de las víctimas, y las preguntas que invitaron a la reflexión se centraron en el perdón, el olvido, la amnistía, la búsqueda de la verdad y la atención a las víctimas. Sus voces giraron en torno a un largo proceso hacia la paz, y esta es mi opinión sobre lo expresado por las víctimas (entre las cuales me inscribo pues duré fuera del país un año y medio por causa de la guerra).

Iniciar el proceso de pacificación significa cambiar la estrategia de seguridad pública que han mantenido los gobiernos de Calderón y Peña Nieto; la ciudadanía ha planteado muy claro que la guerra ha terminado sin necesidad de extinguir a los adversarios porque, mientras existan las condiciones de vida que orillen a estos mexicanos a la guerra, serán inextinguibles.

Para iniciar su guerra, Calderón sólo consultó a la embajada norteamericana y a sus colaboradores más cercanos, pero para cambiar la estrategia, Andrés Manuel está consultando a las víctimas de esa misma guerra y a los expertos en la materia. Aunque para pacificar al país se deberá seguir un proceso concreto.

Primero debe venir la verdad. No se puede perdonar a alguien sin saber qué se le va a perdonar, cuál fue la estructura de su crimen, quiénes los cuadros medios y quiénes los que ordenaron (y sí debe haber muchos quiénes). Repito, entre los que pueden ser perdonados no están los gobernadores y políticos corruptos, ellos se cocinarán aparte y buena parte de la cocción será en la cárcel.

Segundo debe estar la justicia. Tampoco se puede perdonar sin un proceso para sancionar estos delitos, ya que hay delitos y delincuentes que no pueden ser perdonados porque han cometido crímenes de lesa humanidad; las víctimas tienen muy claro las diferentes responsabilidades de las bandas de delincuentes, en las que hay quienes tienen pueden decidir y quienes no porque implica perder su vida o la agresión a su familia.

Paralelamente debe preparase la reparación integral a las víctimas en los términos establecidos en la Ley General de Víctimas, misma que debe ir adecuándose paso a paso hasta llegar a ser funcional y justa, y que permita la reconstrucción del tejido familiar. La reparación del daño primero se debe intentar contra el imputado del delito, y subsidiariamente la concede el Estado con el derecho a exigir a los civiles implicados en los hechos delictivos el costo de lo gastado por la hacienda pública.

Finalmente está la amnistía, el cierre del proceso. Esta acción jurídica debe ser coincidente y condicionante de la consecución de la paz, porque en el proceso de la verdad y la justicia habrá posibilidad de que en algunos casos se podrán disminuir las pruebas o se facilite la libertad anticipada a quienes en lo particular lo merezcan y con el previo perdón de su víctima.

La declaración de amnistía, un instrumento jurídico del Poder Legislativo, tiene por efecto impedir en un periodo de tiempo el enjuiciamiento penal contra ciertas personas o categorías de personas por una conducta criminal específica cometida antes de la aprobación de la amnistía; esto quiere decir que no impide que se haga efectiva la responsabilidad jurídica por nuevos delitos o crímenes.

La amnistía no es una puerta giratoria, y los políticos corruptos y sus cómplices civiles nunca estarán incluidos en ella.

Gustavo De la Rosa

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Es director del Despacho Obrero y Derechos Humanos desde 1974 y profesor investigador en educacion, de la UACJ en Ciudad Juárez.

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