“El acceso a la justicia no debe jugar un papel secundario en la agenda pública del país”, enfatizó Edna Jaime, directora de México Evalúa. De acuerdo con el informe Hallazgos 2017 de la organización que lidera Jalisco, Tlaxcala y Yucatán son los tres estados con mayor impunidad, con porcentajes de 99.3, 99.1 y 98.9, respectivamente. Le siguen Guanajuato (56.8 por ciento), Querétaro (72.2 por ciento) y Baja California (76.4 por ciento).
Ciudad de México, 9 de agosto (SinEmbargo).– Para acabar con la impunidad es esencial que el gobierno del Presidente electo Andrés Manuel López Obrador consolidé el sistema de justicia penal acusatorio, denunció la organización civil México Evalúa.
Luego de realizar un diagnóstico del sistema de justicia penal en México la asociación concluyó que el promedio nacional de impunidad es de 87.3 por ciento, considerando los delitos denunciados. Además, 17 entidades presentan niveles de impunidad superiores a la media nacional, pues ninguna alcanzó la máxima calificación con la que se le evaluó, informó en un comunicado.
Luego de realizar un diagnóstico del sistema de justicia penal en México la asociación concluyó que 17 entidades presentan niveles de impunidad superiores a la media nacional para 2017, pues ninguna alcanzó la máxima calificación con la que se le evalúa, informó en un comunicado.
De acuerdo con el informe Hallazgos 2017, Jalisco, Tlaxcala y Yucatán son los tres estados con mayor impunidad, con porcentajes de 99.3, 99.1 y 98.9, respectivamente. Le siguen Guanajuato (56.8 por ciento), Querétaro (72.2 por ciento) y Baja California (76.4 por ciento).
Edna Jaime, directora general del centro de análisis, enfatizó que el nuevo sistema de justicia penal sólo puede consolidarse si se fortalecen las instituciones de manera integral, para ello llamó a realizar evaluaciones continuas que generen datos precisos, en ello coincidió el el Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cossío Díaz.
Por ello, México Evalúa recomendó al próximo gobierno crear una instancia técnica de coordinación nacional; revisar diariamente la operación diaria del sistema; el desarrollo de un nuevo modelo de procuración de justicia, y profesionalizar a los operadores del sistema de justicia penal.
“El acceso a la justicia no debe jugar un papel secundario en la agenda pública del país”, enfatizó Edna Jaime.
