Por Iván Benumea

La semana pasada, AMLO anunció que hará realidad su propuesta de campaña y condonará las deudas que tienen con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) miles de morosos en resistencia civil. Hasta el momento, no ha explicado a detalle cómo se implementará este plan; sólo adelantó que estos deudores se encuentran en Tabasco, pero aún no conocemos cuántos son ni cuánto debe cada uno de ellos. Según lo publicado por el periódico Reforma, la cartera vencida de CFE es de 44 mil 986 millones de pesos hasta el segundo trimestre de 2018, y la cuarta parte del adeudo corresponde al estado de Tabasco. Más allá de la precisión de estas cifras, hay algo que debemos tener claro: el “borrón y cuenta nueva” no puede repetir los errores que han caracterizado a los programas de amnistía en el pasado.

Perdonar adeudos es una práctica común en México y otros países, y aunque pueda parecernos una medida injusta, en algunos casos tiene una lógica en beneficio de ciudadanos en condiciones de precariedad, o con el objetivo de que el Estado tenga mayores ingresos. Por ejemplo, después de una crisis económica o tras los daños causados por un sismo, condonar el pago de impuestos puede ser necesario para apoyar económicamente a quienes se vieron afectados. En otros casos, condonar puede ser muy efectivo (aunque no necesariamente justo) para regularizar la situación de quienes durante mucho tiempo se han negado o no han podido pagar lo que deben, siempre y cuando la condonación sea acompañada de una estrategia de fiscalización más estricta.

Condonar puede ser un acto de justicia o una medida necesaria dependiendo de cada caso, pero lo importante es que se apliquen reglas que dejen muy claro que perdonar deudas es una medida excepcional. Si esto no sucede, entonces los deudores tendrán más elementos para creer que en el futuro se les volverá a beneficiar, y en el transcurso de los años volver a incumplir con sus obligaciones.

En México, sin embargo, esto es precisamente lo que ha pasado. Por ejemplo, en años recientes se implementaron dos programas de beneficios fiscales muy similares para incentivar que las personas regresaran sus inversiones a México, incluyendo aquellas por las que nunca habían pagado impuestos en nuestro país.

En 2009, el programa consistía en pagar una tasa de Impuesto Sobre la Renta (ISR) preferencial, de 4 por ciento para personas físicas y 7 por ciento para personas morales. Ocho años después, se implementó un programa de beneficios muy similar, solo que en 2017 las personas físicas y morales tendrían que pagar una tasa de 8 por ciento y mantener sus inversiones en México por lo menos dos años.

Gracias a este segundo programa, 5 mil 414 contribuyentes retornaron 385 mil 55 millones de pesos, de los cuales 20 mil 105 millones fueron recaudados por el Gobierno, de acuerdo con un informe de la Auditoría Superior de la Federación.

A simple vista, parece que todo fue un éxito: las personas trajeron su dinero de vuelta y a cambio de ello el Gobierno recaudó una parte. Sin embargo, ¿puede considerarse exitoso si existe la posibilidad de que un mismo contribuyente se haya beneficiado dos veces?, ¿por qué no se establecieron candados para evitar abusos en los beneficios de este tipo de amnistías?, ¿qué nos garantiza que en dos o tres años más, no se volverá a beneficiar a quienes no han declarado impuestos en México, o a quienes ahora no pagarán su adeudo con CFE?

Si queremos evitar que el “borrón y cuenta nueva” sea considerado por el resto de la sociedad como un beneficio injusto, entonces la condonación debe realizarse de manera responsable. Esto incluye, por ejemplo, hacer realidad lo que el propio AMLO dijo: que a partir del 2 de julio, los recibos de la CFE se paguen en tiempo y forma; y que en caso de que eso no suceda, las personas no podrían beneficiarse nuevamente del perdón de sus adeudos. La CFE debe ser lo más transparente posible e informar periódicamente si, gracias a la condonación, el cobro de luz aumentó o disminuyó en los hogares y negocios que fueron beneficiados.

El sexenio aún no empieza siquiera y probablemente en el transcurso de la próxima administración se plantearán otras condonaciones. En el pasado, las amnistías se han creado en la oscuridad y han dejado más dudas que certezas sobre su éxito. El Gobierno de AMLO tiene la oportunidad de cambiar las malas prácticas que han sido más regla que excepción hasta el día de hoy.

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