Por José Knippen*

Sin duda es una buena noticia que el tema migratorio se vuelva una prioridad para el futuro Presidente de México. Desde los inicios de la campaña de MORENA hasta la fecha, e incluso en el reciente escrito del virtual Presidente López Obrador dirigido a Trump, la migración está a la par de otras prioridades nacionales, como el comercio y el desarrollo. Esto promete mucho, pero habría que ver si en realidad se busca una transformación profunda en la materia. Si bien se ha enfatizado el derecho de no migrar, esto es una apuesta de largo aliento y el escenario neoliberal en el cual nuestro país está inmerso, es adverso. Es igual de importante que la agenda migratoria busque garantizar el derecho de migrar de una manera digna y no violenta, la protección internacional para quienes lo necesitan, y la justicia para los migrantes y refugiados que han sufrido violaciones a sus derechos humanos en nuestro país.

Para entender el tamaño del reto de una agenda migratoria que haga justicia para las personas migrantes y refugiadas en México, es necesario reconocer que México es hoy un país que se caracteriza por violentar los derechos de esta población de manera sistemática. De eso da cuenta el cúmulo de recomendaciones de organismos internacionales en la materia, comités de expertos independientes que a su vez se basan en trabajo arduo de organizaciones y casas del migrante. El mes pasado, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en México publicó una sistematización de todas las recomendaciones hechas por organismos internacionales a México sobre movilidad humana, agrupadas por 28 temas: la detención migratoria, corrupción en las autoridades, desaparición de migrantes, derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes, defensoras y defensores de derechos de migrantes, entre otros. A todas esas recomendaciones, ahora se suman las de CEDAW a México sobre la situación de mujeres migrantes y refugiadas, publicadas el pasado 24 de julio (CEDAW/C/MEX/CO/9, párrafos. 47 y 48).

Esta situación hubiera sido muy diferente, si la actual administración hubiera implementado otra política migratoria, y en particular no hubiera perseguido y criminalizado a la migración irregular como respuesta a presiones diplomáticas desde Estados Unidos. Recordemos que el Programa Frontera Sur, que consiste en una intensificación de los operativos y un aumento de detenciones de migrantes, limitando el acceso al procedimiento de asilo, se hizo en 2014. En ese momento, Estados Unidos presionó a México por la “crisis” que provocaba la llegada de muchos niños centroamericanos al sur de Texas.

El Instituto Nacional de Migración frente a críticas sobre los operativos conjuntos con fuerzas de seguridad, y las prácticas de detención y deportación automáticas, en general se defiende diciendo que “se está implementando la Ley de Migración”. El INM cuenta con casi 6 mil agentes, 58 estaciones migratorias y estancias provisionales y un gasto de 5 mil millones de pesos en 2017. En cambio, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiadas (COMAR) ha sido de las instancias más olvidadas de la actual administración, con un gasto de 18 mdp en 2017, 277 veces menos que el INM. 1 Ahí las prioridades reales, más allá de discursos en foros internacionales.

Si Obama era duro con los migrantes y solicitantes de asilo de nuestra región, Trump lo es todavía más, algo que ha mostrado nuevamente separando dos mil niños migrantes, la mayoría detenidas en jaulas, de sus familias usando el mismo argumento de “estar implementando una mala ley”. La lección debe ser que la presión para que México se fortalezca como la frontera virtual de Estados Unidos, va a seguir. La situación en algunos países de origen como Honduras, El Salvador y Guatemala difícilmente cambiará a corto plazo, por lo que la apuesta para el derecho de no migra, va a quedar corta.

Lo que las propuestas que hemos podido conocer de AMLO no han dejado claro, es qué sucederá con los migrantes y refugiados que están migrando o buscan protección ahora, en el futuro inmediato. ¿Ahora sí daremos oportunidades reales a las personas migrantes y refugiadas que quieran hacer sus vidas aquí? Y ¿Cómo se hará en concreto? ¿Qué cambios se requieren en materia normativa (en la Ley de Migración, la Ley sobre Refugiados) y en las instituciones (como el INM, COMAR, SRE - pero también algunas menos evidentes como DIF, PGR, CNDH, SEP, Salud)? Se trata de una oportunidad no solo para ser congruentes, sino de cumplir obligaciones internacionales de derechos humanos.

Está claro que la actual administración deja a la próxima con un reto de enorme complejidad en materia de migración. La forma en que se aborda el tema en la carta de AMLO al Presidente de “America First”, no muestra que se busca una transformación profunda . Surgen muchas preguntas, como: ¿qué se dirá a Trump cuando presione para que México firme un “Acuerdo de tercer país seguro”? 2 Es necesario que México construya su propia política migratoria, humana y no restrictiva, que incluya el derecho a no migrar, el derecho a migrar con dignidad, a la proteccióninternacional y a la justicia.

*Investigadora de Fundar.

1Datos de la SHCP de la Cuenta Pública dan cuenta de que el INM gastó 4,965,045,211 pesos en 2017, mientras la COMAR gastó 17,902,537 pesos.

2Para conocer las posibles implicaciones de un “Acuerdo de tercer país seguro” en materia de asilo, todas negativas para las personas que buscan protección internacional, consulte la siguiente liga: https://ia601503.us.archive.org/32/items/CartaPblicaAAndrsManuelLpezObrador_20180712/Carta%20pública%20a%20Andrés%20Manuel%20López%20Obrador.pdf

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