Dos periodistas del Seminario Playa News fueron asesinados en menos de 26 días. Rubén Pat, director del semanario fue acribillado con seis tiros mientras salía de un bar en Playa del Carmen. José Guadalupe Chan Dzib, también asesinado con arma de fuego en la localidad de Felipe Carillo Puerto, Quintana Roo.

En el sexenio de Enrique Peña Nieto van 45 periodistas asesinados. Cuarenta y cinco.

El 25 de junio de 2017, el periodista Pat fue detenido y torturado por policías municipales, según información hecha pública. "Me detuvieron, me esposaron y subieron a la batea boca abajo, me taparon la cara con mi playera", dijo el periodista a organizaciones defensoras de periodistas. La patrulla circuló durante aproximadamente 40 minutos, afirmó. En el trayecto, los policías lo golpearon y amenazaron, según su testimonio: "Esto es sólo el principio, si no le bajas a tus notas contra el jefe", recordó que le dijeron. Hoy está muerto.

Semanas previas a aquella detención arbitraria y tortura, Pat había publicado en su semanario información sobre una "narcomanta" en la que se mencionaba que el director de la policía municipal preventiva, Joaquín Morales Hernández, protegía a un grupo de la delincuencia organizada. En la denuncia que interpuso ante autoridades advirtió de que otros compañeros de profesión estaban también en riesgo y que las agresiones venían por parte de los propios policías municipales, según reportó El País.

En mayo pasado Rubén Pat recibió amenazas a través de WhatsApp, por lo que solicitó las medidas urgentes de protección del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas; las autoridades le otorgaron un ‘botón de pánico’ y un GPS.

La burocratización del miedo hecha realidad. Lo que en algún momento se dibujaba como una medida de protección por parte del estado, hoy es un ágora de –tal vez- buenas intenciones sin embargo alejadas de la lacerante realidad para ejercer el periodismo en México.

Después de haber recibido amenazas de muerte y haber sufrido actos de tortura, el Mecanismo de Protección de Periodistas parece que argumentó: le otorgamos al periodista un botón de pánico (tal vez para que nos avises cuando te vayan a matar) y un GPS para saber dónde hay que recoger el cuerpo.

Las peticiones de protección (que solicitaba el semanario Playa News) por lo que estaban denunciando en su portal informativo, las autoridades locales y federales, encargadas de salvaguardar la libertad de expresión hicieron caso omiso. Hoy dos voces periodísticas de un mismo medio están silenciadas. Y, seguramente, los perpetradores (la policía municipal) según Pat, se regocijan en la tranquilidad que les brinda la impunidad. Sus actos dejarán de ser vigilados por periodistas.

Porque eso es lo que se pierde cuando se mata periodistas… vidas, voces e información.

Andrés Manuel López Obrador no se pronunció en su campaña (ni como ganador) sobre la violencia contra la prensa en México. Sus dichos solo han reparado en afirmar un “respeto a la libertad de prensa”.

Estamos claros que López Obrador recibe un país en ruinas. Un alud de problemas nacionales, regionales y locales son importantes y urgentes. Sin embargo, el próximo presidente no se puede dar el lujo de ignorar un problema tan serio el cual tiene afectaciones directas a la democracia y en el derecho a la información de la sociedad.

Su ruta de navegación sobre el tema de la violencia que ha sufrido la prensa durante décadas tiene que partir de la voluntad política de construir algo eficiente a partir de asumir que el estado no ha fallado.

Posteriormente y muy importante, la siguiente administración de AMLO tiene que desmantelar la farsa que es el Mecanismo de Protección a Periodistas (que está en la Segob) y la Fiscalía para la Atención de los Delitos contra la Libertad de Expresión (Feadle, que están en PGR). Ambas instituciones inútiles e ineficaces. Sus resultados son ominosos y cargan con una responsabilidad importante en la muerte de decenas de reporteros.

El cambio de administración federal debe representar un cambio de paradigma respecto al papel del estado en relación con la violencia contra la prensa. Debemos de replantear y trazar mejor los nuevos caminos de la protección de nuestros periodistas.

Recientemente Freedom House publicó su ranking mundial de libertad de expresión donde califica a México como “país parcialmente libre”. Nuestra puntuación está a la par de Sierra Leone, Liberia, Marruecos, Azerbaiyán, y Paquistán. Es decir, un elemento más para tener claro que la libertad de expresión está en riesgo.

López Obrador se enfrentará a un país cuya libertad de expresión agoniza. Es un hecho que hereda el próximo presidente.

Las acciones del próximo gobierno reflejarán si se cree en el ejercicio de este derecho y en la garantía que debe de dar el estado o bien, se suma a sus antecesores y administra la desgracia de la prensa.

Uno de los cincuenta puntos prioritarios de AMLO es la reducción del 50% en el gasto de la publicidad oficial. Esta medida es insuficiente y refuerza la dependencia perniciosa entre medios y poder público. En otras palabras, quitar la dependencia de los medios al dinero público es una medida urgente que abonará a la profesionalización e independencia del sistema de medios comerciales. Lo cual a su vez fortalecerá su protección. No basta con reducir el gasto. Es fundamental cambiar el sistema.

Matan a dos periodistas de un mismo medio en menos de un mes y el presidente no dice nada. El secretario de gobernación no dice nada. Los colegas de los medios no dicen nada... solo recordemos que el silencio es cómplice.

Darío Ramírez

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Estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana y Maestría en Derecho Internacional Público Internacional por la Universidad de Ámsterdam; es autor de numerosos artículos en materia de libertad de expresión, acceso a la información, medios de comunicación y derechos humanos. Ha publicado en El Universal, Emeequis y Gatopardo, entre otros lugares. Es profesor de periodismo. Trabajó en la Oficina del Alto Comisionado para Refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR), en El Salvador, Honduras, Cuba, Belice, República Democrática del Congo y Angola dónde realizó trabajo humanitario, y fue el director de la organización Artículo 19.

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