Si escribir sobre el pasado es difícil, escribir sobre el futuro lo es diez veces más, aún así sobre eso serán mis próximas entregas a SinEmbargo.

Los partidarios de Morena celebramos el triunfo de una opción diferente al régimen cleptocrático que venía administrando nuestra patria, y este nuevo Gobierno tiene seis meses para diseñar un cambio verdadero y profundo que se construya en paz.

En este sentido, veo dos tareas importantes: la política de asistencia social y la política salarial, y en ambos casos se trata de combatir la desigualdad que destruye al país. La política asistencial tiene la ventaja de ser más rápida y menos conflictiva con los dueños del dinero, porque el dinero del Gobierno es el que se utiliza para brindar asistencia a los jóvenes, ancianos y mujeres.

Pero la política salarial tiene la ventaja de ser más profunda y construir más sólidamente a la sociedad mexicana, aunque enfrenta la oposición de los dueños del país que venden mano de obra barata a empresas foráneas mientras ellos ganan construyendo naves industriales y asociándose minoritariamente con estos inversionistas extranjeros. La base del desarrollo industrial del país en los últimos 30 años reside precisamente en mantener los bajos salarios en el país.

La historia de los salarios mínimos profesionales, que tenían una visión de progresividad, refleja el desarrollo de un país que dejó de ser una nación jornalera para convertirse en una asalariada, pero estos se pensaron de acuerdo con las especialidades de 1970 y requieren una actualización. Actualmente faltan muchos nuevos salarios profesionales, aunque los más importantes serían un salario mínimo industrial (que no debe ser inferior a 300 pesos diarios) y un mínimo general de por lo menos 200 pesos diarios.

Y hay que hacerlo rápido porque la potencia y fuerza del movimiento social que alimenta al partido Morena está en su clímax y sus adversarios están mareados, por eso deben darse el golpe y desde el Gobierno establecer salarios industriales que empiecen a construir una nueva sociedad.

La otra decisión de trascendencia histórica es la libertad, honorabilidad y responsabilidad sindical; para esto el Gobierno puede dar un golpe de timón pero la responsabilidad de mantener y mejorar sus condiciones de vida es de los propios trabajadores; por esto los obreros deben tomar la dirección de sus sindicatos y el Gobierno no debe intervenir a menos de que se cometan ilícitos en la vida interna de las organizaciones. La libertad sindical, conlleva la responsabilidad de respetar las leyes y a sus compañeros, y el manejo honesto y transparente de los recursos.

Aunque la asistencia a sectores vulnerables y emergentes es indispensable, si se extiende por mucho tiempo y a muchos sectores sociales se convierte en perniciosa, una clase obrera fortalecida por sí misma va construyendo otra nación.

Gustavo De la Rosa

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Es director del Despacho Obrero y Derechos Humanos desde 1974 y profesor investigador en educacion, de la UACJ en Ciudad Juárez.

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