Diputados locales del PRD y PAN de la ALDF desviaron millones de pesos que estaban destinados para reconstruir la Ciudad y apoyar a miles de damnificados que perdieron todo. El robo es otra vez (sí, otra vez) a los más pobres, a las víctimas, a las personas que la fortuna no les sonrió. Y sí, fueron diputados que tomaron el control, con la venia de Miguel Ángel Mancera, del presupuesto de reconstrucción y con su alquimia desaparecieron el dinero o lo malgastaron con fines electorales.

A 10 meses del sismo del 19 de septiembre, hay cientos de personas que viven aún en la calle. Y cientos más que siguen esperando algún tipo de ayuda par parte del gobierno local. Por más mínima que sea.

La transparencia y rendición de cuentas en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal es prácticamente nula. Por azares del destino nos enteramos de alguna que otra noticia de corrupción, pero el sistema de rendición de cuentas, fiscalización y castigo es nulo. Es la impunidad con fuero legislativo en la Ciudad de México.

El temblor de 7.1, los 208 muertos, los dos mil edificios dañados severamente, parecieron no mover la endémica corrupción de nuestra clase política chilanga. En sus pequeñas cabezas, la prioridad radicaba en llenar las arcas ajenas para alimentar el clientelismo del proceso electoral.

Miguel Ángel Mancera hizo lo insólito. Comenzó con más de 63% de aprobación terminó su gobierno (y recordemos que a pesar de que dijo que la Ciudad lo “necesitaba” para la reconstrucción y no se iría al proceso electoral, terminó huyendo de la Jefatura para buscar fuero en la cámara de Senadores por el PAN representando al estado de Chiapas) con tan solo 34%. Ebrard terminó con un 63% y López Obrador con un 76%.

El papel de Mancera durante la crisis del sismo fue completamente reprobatorio. Se atrincheró en el C5 y vio la crisis desde las pantallas de televisión. La animadversión de la población fue tal que no quiso salir a donde la población estaba sufriendo.

La alianza de Mancera con Leonel Luna (PRD), Mauricio Toledo (PRD) y Jorge Romero (PAN) fue el andamiaje para que no hubiera un plan de reconstrucción cercano a los damnificados y que los millones destinados a la reconstrucción fueran desviados y jamás llegaran a las víctimas del sismo. Hoy, todo ese andamiaje de presunta corrupción en la ciudad busca fuero legislativo en el congreso federal al cobijo del Frente constituido PRD, PAN y MC. El fuero para solapar impunidad y corrupción.

Sin embargo, no solo el sismo fue el contexto para la rapiña legislativa…

Los atracos a las arcas de la Ciudad no son nuevos. Según Animal Político, “Sólo en 2016, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) entregó vía adjudicación directa 37 millones de pesos a cinco empresas que dieron domicilios falsos o fueron desmanteladas, y que supuestamente realizaron servicios como “análisis de la Constitución Política”, “análisis sociopolítico de la Ciudad de México”, “inventario de almacén” o la venta de un “kit de maquillaje”.

La práctica es violar la ley para desaparecer dinero. Aparentar procesos legales que en el fondo es la evidencia de una corrupción institucionalizada. Y parece que ni a Morena, PRI, PAN PRD les importa verdaderamente cambiar las prácticas en la Ciudad, por el contrario, son parte fundamental del robo institucionalizado que sufrimos todos los habitantes de esta urbe.

Existe un Oficial Mayor, Guillermo Sánchez, quien por reglamento es el funcionario responsable de avalar las adjudicaciones directas, entregó más de 27 contratos millonarios a empresas ligadas a diputados en funciones. Por ejemplo, uno de los contratos, entregado sin licitación, fue por 4 millones 988 mil pesos a una empresa que tiene una dirección inexistente y fue firmado por Leonel Luna, coordinador de la bancada del PRD y presidente de la Comisión de Gobierno, máximo órgano de dirección en la Asamblea. ¿Alguna explicación o fiscalización por estos actos de autoridad? No, ninguna.

Leonel Luna, junto con el panista Jorge Romero, (ambos buscan fuero federal en la cámara de diputados apoyados por sus partidos políticos) aprobaron la asignación de más de 5 mil millones de pesos del fideicomiso para la reconstrucción tras el sismo del 19 de septiembre para comprar tabletas electrónicas, juguetes y regalos para día de las madres para los gobiernos delegacionales. ¿Cree que hay algún tipo de fiscalización o reprimenda por ello? No, claramente no. La impunidad está asegurada.

La lista de adjudicaciones directas a empresas fantasmas o empresas fachada es larga y los millones se cuenta por decenas. Inclusive dicho sistema ha sido el sello de este sexenio. Independientemente del color de partido político.

Haber tenido el control político y financiero de la Asamblea ha sido fundamental para asegurar un desfalco gradual pero constante por tres años.

Días después de haberse revelado que más de 37 millones de pesos habían sido entregados a empresas fantasma, la ALDF señaló: ““Hemos solicitado a la Contraloría General de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y a la Auditoría Superior de la Ciudad de México, auditen exhaustivamente los contratos señalados, con el propósito de que sean los órganos internos y externos de control, quienes lleven a cabo dichas revisiones, y, en su caso, se deslinden las responsabilidades administrativas correspondientes”.

A través de un oficio firmado por Leonel Luna, diputado del PRD y presidente de la Comisión de Gobierno; Jorge Romero Herrera, secretario de la Comisión de Gobierno de la ALDF; Guillermo Sánchez Torres, Oficial Mayor de la ALDF, y Adolfo Riebeling Montiel, director general de Administración, el tesorero General de este órgano legislativo, Pablo Trejo Pérez, solicitó la “revisión detallada de los contratos adjudicados” a empresas inexistentes o irregulares que han recibido contratos millonarios firmados por ellos. Parecería humor negro si no fuera porque es nuestro dinero. Los acusados de desviar dinero dicen buscar que se realice una fiscalización a través de un órgano cooptado por los mismos partidos. Toca los límites del cinismo.

Es una evidencia más que la corrupción no puede ser combatida con las herramientas que se tienen a la mano. El sistema de fiscalización y castigo tiene que ser autónomo, independiente de cualquier prebenda política y con capacidad de gestión y procuración e impartición de justicia. Pero claro, el dique impuesto por la falta de voluntad política de los partidos políticos es el obstáculo a superar.

La próxima administración morenista (todo parece indicar) tiene que dar claras señales de combatir la corrupción en el gobierno de la Ciudad pero también en la misma ALDF. El primer paso serio sería la construcción del sistema local anticorrupción con plena autonomía e independencia de sus elementos con respecto a los partidos y al gobierno. Veremos qué dice la próxima jefa de gobierno.

Darío Ramírez

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Estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana y Maestría en Derecho Internacional Público Internacional por la Universidad de Ámsterdam; es autor de numerosos artículos en materia de libertad de expresión, acceso a la información, medios de comunicación y derechos humanos. Ha publicado en El Universal, Emeequis y Gatopardo, entre otros lugares. Es profesor de periodismo. Trabajó en la Oficina del Alto Comisionado para Refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR), en El Salvador, Honduras, Cuba, Belice, República Democrática del Congo y Angola dónde realizó trabajo humanitario, y fue el director de la organización Artículo 19.

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