Un grupo de directivos de la Auditoría Superior de la Federación se instaló en Baja California para investigar el manejo financiero en la administración del Gobernador Francisco Vega de Lamadrid y detectar, de ser el caso, irregularidades o delitos.
Documentos consultados corroboran que el nivel del personal asignado a la auditoría al Gobienro de Vega de Lamadrid no es menor, pues los trabajos son encabezados por el director general de Investigación Económica y Análisis de las Finanzas de la ASF, con apoyo de una subdirectora, dos jefas de departamento, un coordinador de auditores y un auditor de fiscalización.
El máximo órgano fiscalizador en el país observa que el gobierno de Baja California presenta “balances negativos” entre mil 264 millones 210 mil y mil 974 millones 4 mil 086 pesos en 2016, con cifras muy similares en 2017.
Tijuana, Baja California/Ciudad de México, 18 de junio, (Zeta/SinEmbargo).- Desde Ciudad de México, un grupo de directivos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) se instaló en Baja California para investigar el manejo financiero en la administración del Gobernador Francisco Vega de Lamadrid y así detectar, de ser el caso, irregularidades o delitos. Documentan cómo el estado sigue otorgando contratos millonarios si sus números se encuentran en rojo por más de mil 900 millones de pesos. A los diputados también se les piden cuentas.
Un informante de ZETA reveló que dentro del Gobierno del Estado se prendieron las alarmas, principalmente en la Secretaría de Finanzas que dirige Bladimiro Hernández y en la Auditoría Superior del Estado de Baja California (ASEBC), encabezada por Carlos Padilla Villavicencio, ambos amigos cercanos del gobernador y los principales responsables en las operaciones financieras en la entidad federativa.
El desconcierto para los funcionarios estatales -confirmaron fuentes–, se debe a que en lo que va de la administración no existe precedente de una revisión por parte de la Federación tan particular y rigurosa como la que hace días inició en BC para detectar manejos irregulares en las arcas públicas.
“Tal parece que viene (la Auditoría Superior de la Federación) a armar una investigación en relación a los contratos de las APP (Asociaciones Público Privadas como las desalinizadoras y el C5i), están integrando el cuerpo del delito con todo el detalle que amerita, y están sumamente alarmados”, confesó uno de los funcionarios enterados de los movimientos dentro del Gobierno.
LLEGÓ A LA OFICINA DE “KIKO”
Documentos consultados por ZETA corroboran que el nivel del personal asignado a la auditoría de Francisco Vega de Lamadrid no es menor, pues los trabajos son encabezados por el director general de Investigación Económica y Análisis de las Finanzas de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Miguel Luis Anaya Mora, con apoyo de una subdirectora, dos jefas de departamento, un coordinador de auditores y un auditor de fiscalización. Además, la Dirección General de Análisis e Investigación de las Finanzas Públicas se sumó a los trabajos.
Así lo informaron en la ASF mediante un oficio (569-GB-GF) en la oficina del Gobernador, el 21 de febrero de 2018. En ese documento no solo se requiere la entrega de libros, documentos, bases de datos y demás información sobre deuda y financiamiento público, sino que se ordena “se asigne un área de acceso restringido ubicada dentro de sus instalaciones para que el grupo auditor desarrolle la revisión”.
Tanto la Dirección de Investigación Económica y Análisis de las Finanzas como la de Análisis e Investigación de las Finanzas Públicas, son las encargadas, según el Reglamento Interno, de crear los procedimientos de investigación y “combatir de manera efectiva la corrupción”, entre otras funciones.
Tienen dentro de sus facultades determinar la existencia de malos manejos que pudieran derivar, desde faltas administrativas, hasta la “posible comisión de hechos delictivos”, se lee en su reglamento.
NO SOLO SE INVESTIGA A “KIKO”, TAMBIÉN A DIPUTADOS
A finales de mayo, otro oficio entregado en el Congreso del Estado cimbró aún más al Gobierno del Estado, pues en él se pide una serie de documentos que debieron respaldar la aprobación de las contrataciones multimillonarias en las APP y que debieron respaldar la aprobación de las contrataciones multimillonarias en las APP y que el Poder Ejecutivo nunca pudo mostrar frente a los diputados.
El requerimiento de información al Congreso es tan minucioso que la Auditoría pide se entregue “copia de minutas de registro individual de votación de la Legislatura Local en las que las dos terceras partes de los miembros autorizaron al Gobierno del Estado de Baja California la contratación de financiamiento, obligaciones, reestructuraciones y refinamiento en 2017”. Es decir, para la investigación los diputados tendrán que exhibir su sentido y razón de voto en la aprobación del Dictamen 95, por citar un ejemplo.
Este dictamen incluyó el endeudamiento público por más de 85 mil millones de pesos para la desalinizadora en Rosarito y en San Quintín, así como el sistema de drenaje y pluviales en Mexicali y Ensenada, la mañana del 1 de diciembre de 2017.
En aquella sesión, la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), por medio del entonces presidente de la mesa directiva, el diputado panista Raúl Castañeda Pomposo, convocó a sesión de mañana, con un aviso 15 minutos antes de ser votada. Acudieron mayormente sus compañeros de bancada y sus aliados, con lo que lograron la aprobación de la construcción de la desaladora en Playas de Rosarito.
Pero no es la única información que el Estado -por medio del Congreso- tendrá que entregar a la Auditoría: también tendrá que mostrar los contratos de los “financiamientos y obligaciones”, esto es, el endeudamiento, sus análisis de capacidad de pago, el destino de los recursos, la garantía de pagos, el plazo de la deuda y montos máximos, así como “los criterios aplicados por la legislatura”.
Tales criterios consisten en cómo se determinó que el Estado “tuvo la capacidad de pago”, la cual, en todos los casos, fue avalada por la ASEBC que titula Padilla Villavicencio, mediante su opinión técnica.
Otro elemento que se solicita son “copias de las minutas de las sesiones de la Comisión competente” en la autorización de obligaciones presupuestales, que en el caso de Baja California, es la Comisión de Hacienda encabezada por la panista Iraís Vázquez, quien se encuentra separada de su cargo desde marzo, cuando inició actividades como coordinadora de campaña y suplente de la candidata del PAN al Senado, Gina Cruz, al tiempo que la Comisión se encuentra acéfala.
COMO EN VERACRUZ, SONORA, CHIHUAHUA Y QUINTANA ROO
El oficio emitido por la ASF pide también una explicación a las autorizaciones otorgadas por la Legislatura local al Gobierno del Estado para “contribuir a obtener balances presupuestarios sostenibles”.
El máximo órgano fiscalizador en el país observa que el Gobierno de Baja California presenta “balances negativos” entre mil 264 millones 210 mil y mil 974 millones 4 mil 086 pesos en 2016, con cifras muy similares en 2017.
En otras palabras, la Auditoría investiga por qué con sus aprobaciones, los poderes Ejecutivo y Legislativo continuaron generando contratos y endeudamiento cuando no existía un balance positivo en su presupuesto.
Lo delicado es que el Gobierno estatal aun no informa a la Federación, la contratación de los proyectos de las APP que representan una obligación de pago multimillonaria a las empresas beneficiadas, según se puede consultar en el Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios Vigente de la Secretaría de Hacienda; listado que, por obligación de Ley, los gobiernos de los estados deben inscribir cada que se genere o se cancele un financiamiento.
Peor aún, según el Sistema de Alertas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Gobierno de Baja California ya superó su capacidad de endeudamiento y, de acuerdo a la Ley de Disciplina Financiera, no podía registrar las APP que el Estado -con la aprobación de los diputados del PAN- ya comprometió mediante las firmas de contratos y los inicios de las obras.
De acuerdo con información del Sistema de Alertas de la SHCP al 30 de mayo de 2018, en el primer trimestre del año, Baja California registró una alarma de “endeudamiento en observación” que coloca a la entidad federativa en la misma categoría que Veracruz, Chihuahua, Nuevo León, Quintana Roo y Sonora, cuyos ex gobernadores han sido indiciados y procesados penalmente por malos manejos en las finanzas públicas.
No obstante, la administración de Francisco Vega de Lamadrid ha sido advertida de que su endeudamiento se encuentra bajo observación desde la cuenta pública 2016, cuando Antonio Valladolid titulaba la Secretaría de Finanzas y actualmente es candidato a diputado plurinominal por el PAN.
Este Sistema de Alertas es una disposición de la SHCP para medir el nivel de endeudamiento de estados, municipios, organismos públicos descentralizados y empresas paraestatales.
De tres indicadores, Baja California aparece en código amarillo (el cual avisa que la entidad está imposibilitada para adquirir mayor endeudamiento) en dos de ellos: amortizaciones, intereses, comisiones y demás costos financieros derivados de los financiamientos y obligaciones, así como en obligaciones a corto plazo (12 meses) con proveedores y contratistas de obra pública.
LOS CASTIGOS EN LEY
El Sistema de Alertas es una de las disposiciones que incluye la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, promulgada el 27 de abril de 2016 con reformas publicadas el 30 de enero de 2018. La esencia de esta legislación es evitar desfalcos como el de los ex gobernadores Javier Duarte en Veracruz y Humberto Moreira en Coahuila.
La información requerida por la ASF al gobierno y al Congreso de Baja California está respaldada, precisamente, en varios artículos de esta Ley. La auditoría que se realiza tiene como objetivo fiscalizar “el proceso de contratación de financiamiento, pasivos con proveedores y contratistas, la estructura y refinanciamientos, la autorización y la gestión de los recursos obtenidos, así como la sostenibilidad de las finanzas y de la deuda pública”, indica el documento en poder de ZETA.
Por ejemplo, el Artículo 23 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios establece que, para la autorización de montos máximos para la contratación de financiamientos y obligaciones, la Legislatura local deberá realizar un análisis de la capacidad de pago.
En cuanto a las sanciones previstas, el Artículo 62 establece que los servidores públicos que causen daño o perjuicio estimable a las finanzas públicas, “serán responsables del pago de la indemnización correspondientes”. Esto significa que deberán pagar los montos mal manejados por medio de créditos fiscales.
No solo eso, sino que algunas de estas acciones -determina el Artículo 64-, que impliquen la comisión de una conducta sancionada en la legislación penal, deberán ser perseguidas por la Procuraduría General de la República.
En la revisión de la cuenta pública 2016 -año desde el que se solicita información para la presente auditoría- la ASF realizó diez auditorías al gobierno de Baja California en las que se detectaron mil 432 millones de pesos en desvíos de fondos federales.
