Sanjuana Martínez
18/06/2018 - 12:00 am
Elecciones manchadas de sangre
La irrupción del crimen organizado en estas elecciones es latente. Y también la narcopolítica, los vínculos de funcionarios, políticos o partidos con los carteles de la droga.
La muerte irrumpe en estas elecciones. Y no le importan partidos, colores, ni ideologías: 114 políticos han sido asesinados durante la presente campaña electoral.
Precandidatos, candidatos, regidores, alcaldes, militantes, dirigentes de partido, coordinadores de campaña, diputados, ex síndicos o ex alcaldes, han sido asesinados.
La violencia no termina ahí. Más de 400 políticos han sufrido algún tipo de agresión, intimidación, chantaje o amenaza de muerte durante las campañas electorales: 73 candidatos y 16 precandidatos, según un estudio de la consultora Etellekt, que contabilizó 401 agresiones contra políticos y candidatos en 31 estados y 263 municipios.
La irrupción del crimen organizado en estas elecciones es latente. Y también la narcopolítica, los vínculos de funcionarios, políticos o partidos con los carteles de la droga.
La batalla por los votos se ha ensangrentado. Estas elecciones se han manchado de sangre y el más golpeado es el Partido Revolucionario Institucional (PRI) junto a sus aliados el Verde Ecologista y Nueva Alianza, con 44 asesinatos, le sigue la coalición del Frente con el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC) con 43 asesinatos y luego con 18, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) con sus aliados el Partido del Trabajo (PT) y Encuentro Social (PES).
Estos asesinatos representan un ataque a la vida y también a la democracia, un desprecio a la libertad de elección, al sufragio efectivo, a la convivencia y a la paz.
Lamentablemente, hay una normalización de la violencia electoral. Las autoridades, las instituciones, parecen no preocupadas por esta ola de violencia durante la campaña electoral, parecen costumbrados a los votos con sangre. Y la impunidad sigue invitando a la repetición del delito.
En Guerrero impera la ley de la selva. Un total de 23 políticos han sido asesinados ante la atenta mirada de las autoridades de ese estado convertido ya en un narcoestado, al igual que Tamaulipas o Coahuila. Le siguen los estados de Oaxaca con 19 asesinatos, 13 en Puebla y 8 en Veracruz.
Obviamente el derramamiento de sangre ha contaminado estos comicios. Y aún no podemos decir que esta violencia electoral ha terminado. Lo que sí podemos señalar es que comparado con el proceso electoral del 2015, los asesinatos han aumentado un 385 por ciento.
En cualquier parte del mundo, esta cifra sería inaceptable y suficiente razón para aplicar una estrategia que ponga fin a los asesinatos de candidatos, un mandato para decir basta.
Faltan 12 días para celebrar las elecciones y el clima de violencia política sacude este proceso histórico. Los autores de estos crímenes no son solo el crimen organizado, hay que añadir también los rivales políticos vinculados con la delincuencia.
En otro país la mejor manera de enfrentar a un contrario es a través de una buena estrategia de campaña electoral, un programa de trabajo aceptable y un compromiso con los electores. En México en cambio, con el nivel de impunidad que vivimos, cualquiera piensa que matando a su contrincante puede llegar a ganar lo que no ganó en las urnas.
¿Cuántos de estos asesinatos se han cometido para eliminar una opción política y dar preferencia al oponente? Las pistas de investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) deben ir en esa dirección no solo en la gran nebulosa de los carteles de la droga que en algunos municipios e incluso estados, quitan y ponen a los candidatos.
Hasta ahora, el porcentaje de estos asesinatos resueltos por la PGR o las autoridades locales de cada entidad, es mínimo. Más del 90 por ciento permanecen impunes. Y el estado mexicano sigue sin otorgar la seguridad necesaria a los contendientes.
Durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto han sido asesinados más de 60 presidentes municipales, una cifra que supera a los 49 que fueron asesinados en el mandato de Felipe Calderón.
En las elecciones del 1 de julio se elegirá al Presidente de la República y también a 3 mil 400 cargos locales y federales. Es reprobable que ser candidato signifique una condena de muerte en muchos pueblos y ciudades.
El Gobierno debe garantizar la paz de estos comicios.
A esta ola de violencia, hay que añadir la aplicación de la Ley de Seguridad Interior (LSI) que ya se está haciendo en ciertas ciudades como en Nuevo Laredo, Tamaulipas, donde a la Secretaría de la Marina Armada de México (Semar) se le atribuye la desaparición de 54 personas, algunas ya recuperadas sin vida.
Los marinos están aplicando los códigos incluidos en la LSI aprobada el pasado mes de diciembre, pero supuestamente suspendida por Peña Nieto hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avale o no su constitucionalidad.
Pues bien, la aplicación indebida de esta ley ya está en marcha y es con carácter electoral, es decir, con la finalidad de infundir miedo entre la población para que no salga a votar.
En Tamaulipas, el gobernador panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca, solicitó la presencia de la Marina y desde el mes de enero a la fecha se han contabilizado casi 70 desapariciones y ejecuciones extrajudiciales.
Los marinos han sido identificados por los familiares de las víctimas. Además de testimonios existen videos y fotografías.
¿Por qué desaparecer y ejecutar civiles? Obvio. Se trata de aterrorizar a la población en tiempos electorales. Hay que mencionar que las encuestas en
Tamaulipas como en otros estados de la República ofrecen un crecimiento considerable de la preferencia electoral en favor de Morena y su candidato Andrés Manuel López Obrador.
Finalmente, el baño de sangre y el terror, no evitarán que en México surga un cambio, si la mayoría de los electores mexicanos así lo deciden con una votación masiva.
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