Edilberto Reyes García quería ser soldado, pero un militar lo asesinó el 15 de julio de 2015 en Santa María Ostula, municipio de Aquila, Michoacán, cuando apenas tenía 12 años. Aunque el elemento castrense acusado del asesinato está plenamente identificado y existe una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre los hechos en donde resultaron heridos varios pobladores, entre ellos niños y menores de edad, los miembros del Ejército señalados como presuntos responsables de disparar ni siquiera han sido llamados a declarar ni se ha emitido una orden de localización en su contra, afirman la familia del pequeño y su abogado.
Los padres de Edilberto claman justicia y acusan que nadie les cumplió: ni la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), ni Silvano Aureoles Conejo, Gobernador de Michoacán, ni la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y tampoco la Procuraduría General de la República (PGR).
Ciudad de México, 30 de mayo (SinEmbargo).- Edilberto Reyes García quería ser soldado y no le temía a los militares cuando los veía rondar en sus vehículos en Santa María Ostula, municipio de Aquila, Michoacán. Tenía 12 años y fue asesinado por miembros del Ejército el 19 de julio de 2015.
Hoy a casi tres años del crimen, los niños de la comunidad se esconden cuando ven a un soldado y el asesinato de Edilberto sigue impune; sin reparación del daño a las personas en condición de víctimas y sin procesar a los militares identificados como los presuntos responsables, a pesar de que existe una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) desde diciembre de 2016.
“Edilberto era buena onda, quería ser soldado para ayudarnos. Decía que a mí me iba hacer un chiquero de puercos para que me ayudara […]. Sí, decía soldado, no les tenía miedo, los veía cuando pasaban. Ahora los niños se esconden cuando los ven”, dice Unier Reyes García, hermano del niño a SinEmbargo.
Edilberto era el menor de ocho hijos. Le gustaba bucear y el mar. En una ocasión salvó de ahogarse a un turista, recuerda Unier.
Aunque la familia siempre ha vivido en situación de pobreza, desde que el niño fue asesinado el 19 de julio de 2015 – durante un operativo en el que participaron tres batallones de infantería de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), elementos de la Marina, granaderos y miembros de la fuerza antimotines de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán – la economía familiar se volvió más precaria, pues ambos padres trabajaban y con el asesinato de Edilberto su madre enfermó y ya no pudo salir al campo a labrar la tierra.
“Antes éramos mejores, teníamos más recursos. Mi madre ya no puede trabajar, trabaja pero así media hora, lo que puede por las enfermedades”, dice el hermano de Edilberto.
Desde la semana pasada, Emilia García Carmona viajó, acompañada de autoridades de la Policía Comunitaria de Ostula y de habitantes de la comunidad, a la Ciudad de México para reunirse con funcionarios públicos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), de la Procuraduría General de la República (PGR) y con defensores de la CNDH.
Viajó para exigir justicia y reparación del daño. Cansada y enferma, la madre de Edilberto no quiere que le recuerden el día en que los militares asesinaron a su hijo. No quiere regresar a ese 15 de julio.
“Aquí la exigencia es que el Gobierno nos prometió que nos iba a pagar todos los gastos de lo que ha sucedido. Yo soy la mamá del niño y la verdad no nos han ayudado y no nos cumplen como ellos dijeron. Ellos fueron y dijeron: ‘en la semana Doña Emilia te vamos a ayudar en algo y te vamos a traer despensa, te vamos ayudar con recursos’. Entonces yo digo que si el Gobierno fuera responsable de lo que hizo, hubiera cumplido con lo que prometió”, reclama.
La familia de Emilia no es la única que vive en situación de pobreza extrema; la mayoría de los habitantes de la comunidad subsisten con escasos recursos. De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) en su último estudio municipal que presenta data de 2015, en el municipio de Aquila ese año el 70.4 por ciento de la población vivía en situación de pobreza, mientras que 29.2 por ciento en situación de pobreza extrema y 41.2 por ciento en situación de pobreza moderada.
El Coneval precisa que una persona se encuentra en situación de pobreza cuando tiene al menos una carencia social: rezago educativo, falta de acceso a los servicios de salud, seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y si su ingreso es insuficiente para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias.
Mientras que una persona vive en situación de pobreza extrema cuando tiene tres o más carencias sociales y si su ingreso es menor a la línea de bienestar mínimo, es decir que aún si lo dedicase completo a adquirir alimentos, no podría acceder a ellos.
“La situación en la que estamos es una extrema pobreza. Nosotros vimos que el Gobierno fue el que tiró, la gente que estaba ahí no tenía más que puros palos y machetes. Queremos justicia. En seguridad seguimos mal, el Gobierno se sigue prestando con los malandros”, dice Socorro Medina, Jefa de Tenencia de la Policía Comunitaria de Ostula.
Macedonio Mora Gómez, secretario del Consejo de Vigilancia de Ostula, afirma que la comunidad no confía en ninguna fuerza de seguridad pública del Estado.
“Son ellos los que nos golpeaban, nos quitaban la madera y nos mataban a los compañeros. El Gobierno junto con los malandros”, dice.
VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS
El día del crimen la población de la comunidad se manifestaba en contra de la detención de su entonces líder Cemeí Verdía Zepeda.
El 22 de diciembre de 2016, la CNDH emitió la recomendación 65/2016 dirigida al General Salvador Cienfuegos Zepeda, Secretario de la Defensa Nacional (Sedena) y a Silvano Aureoles Conejo, Gobernador de Michoacán, por el uso ilegítimo de la fuerza contra pobladores que bloquearon la carretera federal de Ostula.
Los responsables señalados fueron el personal militar del 65 Batallón “La Placita” y los policías de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán (SSP), así como los mandos de control que tuvieron conocimiento de la agresión que dejó 10 personas heridas y un niño muerto.
La CNDH corroboró un uso excesivo, arbitrario e ilegítimo de la fuerza por parte de elementos de la Sedena y de la SSP, e identificó a los militares que dispararon y planteó la necesidad de investigar la cadena de mando.
La Comisión encontró que 15 militares dispararon y no acreditó que los pobladores que bloqueaban el Puente de Ixtapilla, en donde fue asesinado Edilberto, dispararan al convoy militar.
“La CNDH identificó qué hay correspondencia de los calibres de los cartuchos percutidos por el 65/o Batallón de Infantería con los impactos de bala observados en los inmuebles dañados y los casquillos percutidos encontrados en el lugar de los hechos. Las trayectorias de los impactos en un restaurante y en una casa coincidieron con las circunstancias en la que los militares del 65/o Batallón se ubicaban cuando pasaron por este punto de la carretera”, determinó el organismo.
Las recomendaciones no se han cumplido a un año y medio de su emisión: a la Sedena se le recomendó reparar el daño a las personas víctimas directas e indirectas, inscribir en el Registro Nacional de Víctimas a los agraviados, colaborar en la Averiguación Previa de la Procuraduría General de la República (PGR) y girar instrucciones para presentar una denuncia en contra de los militares que participaron en los hechos por faltas a la disciplina militar.
La CNDH le recomendó a Silvano Aureoles reparar el daño a cuatro personas consideradas víctimas directas y a las indirectas, así como inscribir en el Registro Nacional de Víctimas a tres personas agraviadas.
Ninguna recomendación se ha cumplido.
SIN DECLARAR
Aunque la Comisión recomendó que el militar que asesinó a Edilberto y los que hirieron a los pobladores de Ostula sean juzgados y castigados, el Ministerio Público de la PGR ni siquiera ha emitido una orden de localización en contra de los presuntos responsables, dice el abogado de la comunidad Raymundo Ortiz Martín del Campo.
“La recomendación dice que se llame a declarar a los militares que se dieron de baja, que fueron ocho de los 15. El Ejército da un domicilio para notificarlos y no se les notifica, no ha girado el MP ninguna orden de localización”, explica el representante legal.
Ortiz Martín del Campo asegura que ocho de los 15 militares que dispararon, entre ellos el que mató al niño de 12 años, fueron dados de baja por la Sedena cuando ocurrió el crimen en Ostula.
Otra de las irregularidades es que la Sedena, explica, está obligada a aportar una prueba de reconstrucción de los hechos que no se ha realizado bajo el argumento de que sólo cuentan con una perito.
“Tenemos dos años y medio esperando esta prueba. La PGR dice que sólo tiene una perito y ya ha cancelado tres veces”, dice.
En cuanto a la CEAV, el abogado precisa que ya se encuentra el trámite para cuantificar el el monto que se debe pagar a las víctimas por reparación del daño.
“Se comprometieron a ir pagando gradualmente a los papás del niño y a las víctimas directas e indirectas. Hay que recordar que muchos de los heridos fueron niños y menores de edad”, dice.
