La posibilidad de un fraude electoral esta latente. Con unas instituciones deliberadamente débiles cualquier cosa podemos esperar. El Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN) no están dispuestos a soltar el poder que se han repartido.

El escenario está servido. Las viejas mañas, la compra de votos, las despensas, las tarjetas con dinero, el corporativismo de algunos sindicatos, los empresarios alineados, el fraude informático, las formas del fraude electoral del Estado de México y un largo etcétera de posibilidades que, en este momento se están cocinando.

El fraude es una realidad anticipada que ya conocemos. El fraude es una película que ya hemos visto en multitud de ocasiones. El fraude ha estado presente en nuestra corta o larga experiencia democrática. El fraude es un fantasma aterrador que se presenta en cada elección. El fraude es un cáncer que daña las instituciones. El fraude es un flagelo que lastima a los mexicanos.

La simple posibilidad de un fraude invalida gravemente el trabajo del Instituto Nacional Electoral (INE), Tribunal Federal Electoral y del resto de las instituciones electorales que siempre han estado bajo sospecha a pesar del gran presupuesto del que gozan.

La primera alerta sobre un posible fraude electoral fue dada por la propia Auditoría Superior de la Federación (ASF) al difundir que existen 300 mil millones de pesos que fueron desviados por las distintas dependencias durante el sexenio de Enrique Peña Nieto cuyo destino se desconoce.

Es evidente que parte de esos millones van a los bolsillos de los funcionarios y políticos y una buena parte están destinados a perpetuar el poder a través del fraude electoral. La maquinaria para violentar la voluntad popular está en marcha.

Las voces de expertos como Jorge Alberto López Gallardo, profesor de Física Nuclear de la Universidad de Texas en El Paso (UTEP) quien aseguro que el fraude electoral en el 2018 es posible porque se opera desde las “entrañas” del INE con una operación que ya “se echó andar”. Lo que contemplan es anunciar como ganador a Meade o Anaya a las once de la noche el 1 de julio con el 12 por ciento de las casillas computadas.

A pesar de la gran ventaja que separa a Andrés Manuel López Obrador de sus oponentes, el candidato de Morena podría ganar, pero el problema es que se le reconozca.
La alarma que anuncia un posible fraude puede ser el acercamiento de Ricardo Anaya a AMLO en las últimas encuestas, esto podría justificar finalmente un eventual fraude electoral.

No hay que olvidar que ellos tienen el poder y el control de las instituciones. ¿A dónde acudir ante estas eventuales irregularidades electorales? El problema es que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) y su titular Héctor Díaz Santana y Germán Castillo Banuet, director de Averiguaciones Previas y Control de Procesos, no son una garantía de pulcritud electoral. Ellos, como la mayoría de los funcionarios electorales están sometidos al poder presidencial. Y lo que es peor, Castillo Banuet operó a favor del esperpéntico reciente fraude electoral en el Estado de México donde se registraron más de 300 denuncias de serias irregularidades y la completa evidencia de compra de votos.

La posibilidad del fraude cibernético es también latente. Ya lo hemos vivido con Hildebrando y otras marrullerías a través de los sistemas oficiales de computo. La alarma saltó cuando nos enteramos que el Programa de Resultados Electorales (PREP) será operado por una empresa propiedad de Carlos Slim, un empresario que ha exhibido su rechazo a la candidatura de AMLO por afectar sus intereses particulares en la construcción del nuevo aeropuerto. Su empresa Scitum, estará encargada de salvaguardar los sistemas de información contra ataques informáticos y de hackeo.

Por si fuera poco, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), ofreció a más de 300 mil maestros al candidato del PRI, José Antonio Meade Kuribreña, cuya misión será “llevar votos” a favor de su candidato y vigilar el proceso electoral.

Independientemente de las trampas institucionales, si la elección del 1 de julio queda marcada por el fraude electoral, el gobierno tendrá que atenerse a las consecuencias. La gente ha expresado su hartazgo del sistema podrido político mexicano y no creo que soportaría una nueva edición de cochinadas electorales.

La advertencia para cada uno de los ciudadanos es convertirse en protector de votos, en vigilante de las casillas, en observador, en camarógrafo o fotógrafo para consignar cualquier irregularidad, en héroe electoral.

Lo único que puede evitar un nuevo fraude electoral es una votación masiva. Ojalá que la gente abarrote las casillas para emitir su derecho legitimo a elegir libremente el próximo presidente de México.

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Sanjuana Martínez

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Es periodista especializada en cobertura de crimen organizado.

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