El sitio UnaFuente informa que Gilberto Martínez Vera,de 35 años, y María de Jesús Bravo Pagola, de 34 años, corren el riesgo de purgar una pena de 30 años de prisión, pagar una multa de 750 días de salario y la suspensión de sus derechos políticos durante cinco años por haber difundido mensajes vía Twitter y Facebook sobre posibles ataques del crimen organizado. Fueron detenidos desde el 25 de agosto de 2011 en Jalapa, en el estado de Veracruz (este) y están acusados formalmente de “terrorismo” y “sabotaje”.
“Esta inculpación es delirante, pese a la imprudencia de algunos mensajes difundidos por los acusados. Pedimos que Gilberto Martínez Vera y María de Jesús Bravo Pagola sean puestos en libertad de forma inmediata. Según el Código Penal del Estado de Veracruz, la prisión preventiva es una medida excepcional, factible sólo en caso de que exista información sobre la presunta responsabilidad de los inculpados en tales actos. Ante la ausencia de pruebas sobre su intención de ‘perturbar la paz pública’, ‘menoscabar la autoridad del Estado’ o ‘trastornar gravemente la vida económica o cultural del Estado’, los dos twitteros no tienen nada qué hacer en prisión. Asimismo, la censura va acompañada de un abuso de autoridad”, declaró Reporteros sin Fronteras.
Gilberto Martínez Vera y María de Jesús Bravo Pagola difundieron alertas sobre posibles ataques el 25 de agosto, ese mismo día fueron arrestados, después de que la policía identificara sus cuentas. El 27 de agosto pasado el Ministerio Público del Estado de Veracruz señaló en un comunicado oficial que los detenidos “tenían la intención de provocar perturbaciones en la vida social, económica y educativa del estado”, así como “reacciones de angustia y temor entre los padres”. Acusación confirmada con la decisión tomada el 1 de septiembre. Otros quince usuarios de redes sociales también fueron objeto de una investigación.
Según información del Grupo Fórmula, durante el interrogatorio los dos detenidos habrían padecido presión psicológica para obligarlos a que se declararan culpables. No habrían tenido acceso a un abogado durante más de sesenta horas. Gilberto Martínez Vera y María de Jesús Bravo Pagola se declararon inocentes y denunciaron haber recibido malos tratos por parte de las autoridades.
Este episodio ilustra un poco más la fisura del Estado de Derecho a medida que se infla el balance humano de la ofensiva federal contra el narcotráfico, que ha dejado mas de 45.000 muertes desde diciembre de 2006.
