El aspirante presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), días pasados, anunció un decálogo de acciones básicas contra la inseguridad, como mejorar el sueldo de soldados, marinos y policías, además de insistir en el tema de la amnistía. Apuntó que el problema de la violencia no se puede resolver con la lógica de “ojo por ojo y diente por diente”, y propuso la siguiente lista de propuestas:

Habrá Mando Único, “no como lo imaginan algunos, no hace falta modificar la Constitución, el Presidente de la República es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas y asumiré la responsabilidad de atender de manera personal el grave problema de la inseguridad y la violencia”.  Agregó, “No voy a delegar este asunto… no es que el secretario de la Defensa o el Secretario de la Marina o el Secretario de Seguridad Pública actúen por su cuenta, habrá Mando Único”. Además dijo, “Así como habrá atención personalizada al problema de la inseguridad en el país, se dará seguimiento diario al problema de la inseguridad, la violencia…”.

De lunes a domingo, sostendrá una reunión con el Gabinete de Seguridad que será integrado por los secretarios de: Marina, Defensa, Seguridad Pública, Gobernación, el titular de la Procuraduría de la República y jefe de Gobierno. Se integrarán todas las corporaciones policíacas y militares para poner orden y se creará una Guardia Nacional, cuyo propósito es garantizar la tranquilidad y seguridad del pueblo de México.

AMLO sentenció, “el próximo Presidente de México nunca dará una orden a las Fuerzas Armadas para reprimir al pueblo”. Mencionó, “se mejorarán los salarios de los trabajadores que están al servicio del Estado, los soldados, los marinos, los policías,… bajar el sueldo a los de arriba, porque le vamos a aumentar el sueldo a los de abajo”. Agregó, “Los elementos destacados de la Defensa, la Marina, la Secretaría de Seguridad Pública, serán premiados en una ceremonia cada mes”. (Animal Político)

Pues bien, la seguridad es el origen, el motivo de la formación del Estado moderno, “el Estado es aquella comunidad humana que en el interior de un determinado territorio, reclama para sí el monopolio de la coacción física legitima”, explicaba Max Weber. En otras palabras, es una organización política-administrativa, que reclama para sí dentro de una jurisdicción específica, el uso de la violencia legítima. De no darse este axioma, el mismo Estado, crea vacíos de poder, genera su mismo germen de destrucción.

La seguridad, es un tema de alta complejidad que tiene que ser abordado bajo un enfoque interdisciplinario, no de ocurrencias, no de buenos deseos o frivolidades. La seguridad constituye una de las funciones básicas de toda sociedad organizada, su conducción es esencialmente política, se manifiesta en el seno de la actividad de gobierno, que ejerce el Poder Ejecutivo, por lo que éste debe ser auténticamente legítimo.

La seguridad está estrechamente vinculada y se asocia al territorio como espacio físico, a la población como elemento social y al orden institucional como un elemento estructural. Se trata de cómo se articulan los elementos constitutivos del Estado: Pueblo, Territorio y Gobierno, para alcanzar la felicidad, el desarrollo y la sobrevivencia del Estado.

La seguridad tiene que ser vista como un bien público, un servicio público que sólo el Estado puede proveer a la sociedad, por tanto, más que un fin en sí misma, se trata de un servicio. Es una función primaria del Estado en la que deben coordinarse recursos y esfuerzos institucionales para producir dicho servicio.

De lo anterior implícitamente se desprenden las misiones y funciones de cada que conforman el orden institucional, del Ejército: Defender la integridad, la independencia y soberanía de la nación, así las cosas, el Ejército tiene encomendada la función más política que pueda tener cualquiera de las instituciones del Estado, como lo es defender la soberanía de la nación, sin embargo, la misma Constitución previene que para el cumplimiento de estas misiones, el Ejército debe estar en sus cuarteles preparándose para defender a la patria, y le prohíbe inmiscuirse en asuntos de carácter civil y políticos.  Cualquiera otra pretensión sostenida por acuerdos políticos, interpretaciones bizantinas, es inconstitucional y nula de pleno derecho.  (Art. 129 Const.)

Así las cosas, la Constitución previene para la defensa y seguridad de la patria, tres tipos de fuerzas: LAS FUERZAS ARMADAS, LA GUARDIA NACIONAL Y LA POLICÍA. (Art. 21, 31, y 89) Cada una de ellas tiene funciones específicas y jurisdicciones perfectamente bien definidas y delimitadas constitucionalmente.

Brevemente analizaremos a las Fuerzas Armadas y a la Guardia Nacional, el tema de la policía quedará pendiente por esta ocasión.

Primero las Fuerzas Armadas/Ejército, que dentro de la organización del Estado depende directamente de la rama ejecutiva, cuyos mandos son nombrados por el Presidente de la República, es una institución permanente, integrada con profesionales voluntarios, adiestrada, adoctrinada, equipada y capacitada para combatir y abatir al enemigo que vulnere nuestra soberanía.

El mando supremo de las fuerzas armadas, del Ejército, corresponde al Presidente de la República, a través de la función secretarial, esta función tiene por objeto, por un lado, equilibrar las imprudencias del poder civil sobre el uso de las fuerzas armadas y, por el otro, evitar los abusos del poder militar, que en un momento dado se pueda desbordar sobre la sociedad y convertirse en una carga social.

Tiene como misión la defensa de la soberanía y la integridad del territorio nacional, puede ser dispuesta por el Presidente de la República para la seguridad interior y seguridad exterior de la federación, conforme el mandato constitucional.  (Art. 1, 13, 16, 29, 35, 73, 76, 78, 89 y 129 Const.)

Las fuerzas armadas se organizan y constituyen de acuerdo a lo que determina el poder legislativo, son controladas en la legalidad y legitimidad de sus acciones por el poder judicial y actúan dentro de sus misiones, bajo las órdenes del poder ejecutivo.

En los procesos de democratización como el que padecemos en México, cuyas configuraciones autoritarias estuvieron caracterizadas por desbordes militares que llevaron a la institución armadas a ejercer funciones políticas y administrativas ajenas a su función profesional militar, como lo es entre otras la seguridad pública y la lucha anticrimen, uno de los retos básicos ante la posibilidad de nuevos desbordes militares, es el establecimiento de un marco de relaciones entre Estado, Sociedad y Fuerzas Armadas. Mismo que ya fue tratado en entregas anteriores.

Esta tarea se puede llevar en dos ejes fundamentales: la redefinición de la función militar para ajustarla al requerimiento de un Estado democrático y el desarrollo de las transformaciones institucionales implícitas. Segundo, con la creación de un marco legal que permita a las autoridades civiles cumplir con las funciones de liderazgo y supervisión de la institución militar y de otras instituciones de gobierno responsables de ejecutar las políticas de seguridad y defensa.

En las condiciones actuales de alta presencia militar en los asuntos políticos, la reestructuración del Estado mexicano debe pasar incondicionalmente por la reforma de las fuerzas armadas, por la reforma del Ejército, lo cual se puede lograr haciendo más responsables a los civiles y más profesionales a los militares.

Así las cosas, apartándonos de lo que tradicionalmente entendemos por ejército o fuerzas armadas: conjunto de unidades y de servicios militares del Estado.  Desde una visión sociológica o de Estudios de Fuerzas Armadas y Sociedad, el ejército debe tratarse como parte de la formación y desarrollo del Estado.

El ejército, por su naturaleza, es una organización social compleja que tiene carácter público y está altamente diferenciada en su interior respecto de las demás estructuras estatales. El núcleo profesional que adopta las decisiones en su seno es a su vez un grupo social de gran influencia en el conjunto de la sociedad.

Ello se debe a la importancia, cualitativa y cuantitativa, de sus recursos organizativos; a su condición de administrador de los medios de violencia; a su elevada cohesión en comparación con otros grupos decisorios; y a su posesión de diversas tecnologías no exclusivamente militares. Además, no hay otra entidad social que disponga de expertos en áreas tan dispares como la ingeniería, el derecho, la medicina o el aprovisionamiento. Desde otra perspectiva hay pocas estructuras complejas con una capacidad de control sobre la acción individual de sus miembros comparable, en ámbito y en profundidad, a la ejercida por la organización militar.

El análisis de la realidad sociopolítica que actualmente vive el país, nos permite distinguir entre un escenario ideal o el más factible para llevar a cabo reformas legales y doctrinales aunque mínimas, pero decisivas para transformar a las fuerzas armadas y establecer las nuevas relaciones civiles-militares que requiere el avance democrático de la nación.

Con ello tratamos de incidir, inhibir y modificar la capacidad de la institución militar para intervenir en la política interna que deriva de un pacto civil-militar añejo e inoperante, de sus características peculiares -organización unificada y cohesión interna- y, en particular, del control de los instrumentos y administración de la violencia -movilización, experiencia operativa y control policial-   y de la utilización del secreto en su relación con la sociedad.

Desde la visión doctrinal, se trata de transformar la estructura de conocimiento del cuerpo de oficiales y buscar un equilibrio entre: militar heroico, técnico y profesional, para potenciar al máximo la profesionalidad militar y por tanto, el control civil objetivo del cuerpo militar, mismo que se lleva a cabo desde el Congreso, y no desde un partido político de Estado.

LA GUARDIA NACIONAL       

POTESTAD DEL PUEBLO PARA LA DEFENSA DEL HONOR DE LA PATRIA

Descrita la primera fuerza para la defensa nacional, pasamos analizar a la segunda, la constituye LA GUARDIA NACIONAL, instituida históricamente en la Constitución, es una milicia armada, el pueblo en armas, el soldado ciudadano en defensa de su terruño/territorio,  es la fuerza civil, que nos dio la independencia, la que constituyó la formación del Estado y nos dio una Constitución social, confrontó a los ejércitos que han sostenido en nuestra historia a gobiernos autoritarios y dictaduras, está conformada exclusivamente por civiles, nombrados en asamblea por los pobladores de una misma localidad, es una fuerza armada netamente federal, democrática, no profesional, no permanente, totalmente local, cuyos mandos los nombra la comunidad, y depende en su dirección y operación directamente de los gobernadores de las entidades federativas. Ambas fuerzas son sostenidas equipadas, armadas, reglamentadas, y financiadas por el Congreso de la Unión. De la operación de ambas fuerzas que haga el Ejecutivo debe ser aprobada por el Senado de la República. (Art. 1°, 10, 31, 35, 36, 73,76, 78, 89, 115 y 116 Const.)

La misión de LA GUARDIA NACIONAL: asegurar y defender la independencia, el territorio, el honor los derechos e intereses de la patria, así como la tranquilidad y el orden interior. (Art. 31 Const.) Esta es la única fuerza armada, que constitucionalmente tiene asignada en forma exclusiva tareas de orden interno, no es asignada constitucionalmente, ni al ejército, ni a la policía.

Es decir, la Constitución le reserva al pueblo, al mismo pueblo en quien reside esencial y originariamente la soberanía nacional, la defensa de la independencia, del territorio y el honor de la patria, así como la tranquilidad y el orden interno. (Art. 31 y 39 Const.)

Además la Guardia Nacional, se constituye en un contrapeso al poder armado del Estado que en un momento pueda desbordar y cometer abusos en contra del pueblo, y es coadyuvante con la seguridad pública. El Estado debe hacer viable que los ciudadanos estén en posibilidad de ejercer este sublime derecho: defender a la patria.

Este el quid para terminar con la inseguridad en México, reactivar la Guardia Nacional, el empoderamiento del pueblo en sus derechos constitucionales. Qué más sublime puede ser para un mexicano, que el pueblo tenga un arma para la defensa del honor de la Patria.

La clase política nacional, el poder público, históricamente ha negado este derecho al pueblo, ahora de qué se quejan. No se puede apelar a un Estado de derecho, violando la Constitución. ¡Sí los políticos, no se entiende esto, entonces, NO entienden nada!

General Gallardo

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