Con base en lo que establece la ley, este año Televisa y Televisión Azteca deberán solicitar al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) la prórroga de sus concesiones, que vencen el 31 de diciembre de 2021.

No es un asunto menor, ya que el pago (contraprestaciones) que deben hacer para obtener la prórroga de cada uno de los canales, suma cantidades multimillonarias, si se considera el valor del espectro alcanzado en las licitaciones de frecuencias de televisión de 2015 y 2017.

Por eso, durante la 59 Semana Nacional de Radio y Televisión, el todavía presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT), Edgar Pereda, exigió que se revise el pago de contraprestaciones por las concesiones de radio y televisión, ya que éstas son altas y son un freno a la competencia.

“En fechas recientes -dijo el empresario- han existido actualizaciones no justificadas e intentos de tomar valores de mercado que fue lo que se pagó en las nuevas licitaciones. Consideramos que el valor de mercado no es lo que se paga por una nueva concesión, sino debe haber otros aspectos a tomar en cuenta, como la población económicamente activa de la región y, sobre todo, considerar cuántos competidores hay en la zona a servir”.

Grupos radiofónicos ya pagaron las prórrogas de decenas de concesiones. En algunos casos las cifras son, efectivamente, elevadas. Por ejemplo, en la Ciudad de México, Grupo Siete pagó hace un par de años casi 22 millones de pesos por la prórroga de una sola estación, la XHFO-FM (Red FM 92.1). No obstante, faltan cientos de concesiones por prorrogar, muchas de ellas en ciudades como la México, Guadalajara y Monterrey, donde el valor de MHz por habitante es mucho más alto que en poblaciones de menor tamaño.

En el caso de Televisa y Televisión Azteca, prácticamente todas sus concesiones vencen el 31 de diciembre de 2021. Será la primera vez que pagarán contraprestaciones por este acto administrativo. Los refrendos anteriores (ahora prórrogas) los obtuvieron con base en el acuerdo de política de televisión digital terrestre, publicado por el gobierno de Vicente Fox, el 2 de julio de 2004. En esa ocasión obtuvieron sus refrendos por 17 años, a cambio del compromiso de digitalizar sus transmisiones y el pago de los derechos correspondientes (nada comparables con las contraprestaciones que vienen).

En el 2006 vino la “ley Televisa” que en la práctica otorgaba refrendos automáticos, luego la acción de inconstitucionalidad promovida por 47 senadores y la sentencia de la Suprema Corte en 2007, en la que se dejó claro el papel del Estado en la regulación del sector y en particular de sus facultades para establecer contraprestaciones por el uso y explotación de frecuencias del espectro radioeléctrico. A partir de aquella reforma de 2006, ya no hubo prórrogas gratuitas. Esta obligación quedó ratificada en la reforma constitucional de telecomunicaciones 2013 y la ley secundaria de 2014.

El IFT, supongo, ya debe tener los cálculos de las contraprestaciones de los más de 400 concesiones de televisión de uso comercial que están por vencer. Para ello, papel fundamental juega la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la cual, de acuerdo con la ley, emite opinión no vinculante sobre los montos a cobrar por las prórrogas, con base en una fórmula que considera los resultados de la más reciente licitación pública de canales de televisión y la población de la zona de cobertura de cada concesión.

Para tener una idea de lo que puede pagarse, tomemos de ejemplo lo ocurrido con el canal 5 (XHSDD-TDT), ubicado en Sabinas, Coahuila, concesionado a Telesistemas de Coahuila, S.A. de C.V. En 2015, el IFT resolvió para su prórroga la cantidad de 4,174,557.00 (cuatro millones ciento setenta y cuatro mil quinientos cincuenta y siete pesos).

A dicha cifra llegó al tomar de referencia la licitación de canales de televisión (IFT-1), en la que resultó ganadora la empresa Cadena Tres, S.A. de C.V. que ofertó mil 808 millones de pesos por una concesión con una vigencia de 20 años de una cadena nacional de 6 MHz que equivalen a un pago de 2.835 pesos por MHz por habitante. En el ejemplo que citamos, esta última cantidad fue multiplicada por el total de habitantes que cubre el canal en Sabinas, esto es, 245 mil 445 personas, lo que dio un total de 695 mil 837 pesos (cifras cerradas) por MHz. Como cada canal tiene seis MHz, el resultado final se obtiene al multiplicarse por seis.

En la licitación del año pasado, la contraprestación mínima de MHz por habitante fue un poco mayor, pero suponiendo que se mantuviera un valor de 2.835 pesos por MHz por habitante, tan sólo en la Ciudad de México, por sus cuatro canales (2, 4, 5 y 9), Televisa tendría que pagar no menos de ¡mil 360 millones de pesos! (más de 340 millones de pesos por canal). Reitero: solo en la Ciudad de México, con una cobertura de más 20 millones de personas ubicadas en la capital del país, municipios del Estado de México y poblaciones de otros estados de la República. Si el mismo ejercicio hacemos en cada uno de los más de 220 canales de Televisa y los 180 de Televisión Azteca, distribuidos en todo el territorio nacional, la cifra resultante es estratosférica.

¿MODIFICARÁN LA FÓRMULA?

En entrevista para Reforma (2 de mayo 2018), el presidente del IFT, Gabriel Contreras, recordó que el pago de las prórrogas de concesiones está basado en una fórmula que data de 2008 y que también en ésta se basaron para definir los valores de las nuevas frecuencias licitadas el año pasado.

Sin embargo, aseguró al reportero Alejandro González, con base en la manifestación del mercado, podrían modificar la fórmula para definir la contraprestación para futuras licitaciones.

“Lo que hemos visto también es que sigue habiendo un apetito por la radio y en la última licitación se asignaron más concesiones comerciales. Esto ofrece nuevos valores de referencia y el IFT está obligado a considerarlos, pero también debemos considerar que en otras localidades no se asignaron porque no hubo apetito por estaciones comerciales y esto obliga por supuesto a la autoridad a considerar repensar esta fórmula hacia el futuro. Ya lo pagado, pagado”, afirmó.

El presidente del IFT no se refirió específicamente al procedimiento de prórroga de cientos de canales de televisión, pero es un asunto latente y a la vez delicado en la industria. “Repensar” fue palabra utilizada.

La opinión de la SHCP también será determinante si se decide modificar la fórmula. La duda es si la emitirá el gobierno de Enrique Peña Nieto o corresponderá al gobierno que entre el primero de diciembre de este año. Por la actividad político-electoral que hemos tenido en las últimas semanas y la cobertura periodística a las diferentes campañas, da la impresión que la bola quedará en la siguiente administración, pero hasta ahora no hay información pública al respecto.

Uno de los objetivos de la reforma estructural en materia de telecomunicaciones fue crear un órgano regulador, con autonomía constitucional, el IFT, alejado de los intereses sexenales, políticos y electorales. Sin embargo, como dijo Javier Corral, cuando era senador y se dictaminaba la nueva ley de telecomunicaciones, se dejó el “chipote” del gobierno para opinar en materia de concesiones y contraprestaciones económicas de las licitaciones y las prórrogas. El gobierno, como se aprecia, conserva un importante as bajo la manga en su relación con esta industria.

@telecomymedios

Gabriel Sosa Plata

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