Organizaciones de la sociedad, ignoradas por el gobierno federal y por el Congreso, piden al Presidente Peña Nieto su apoyo en dos temas relacionados con los medios de comunicación. Es una oportunidad de oro que tiene el titular del Poder Ejecutivo para corregir la toma de decisiones contrarias al interés general y despedirse de su gobierno con un legado en este campo. ¿Lo hará?

En una de las cartas, que se entregó ayer en Los Pinos, se le solicita “su pronta intervención” para que la Secretaría de Gobernación elabore nuevos Lineamientos de Clasificación de Contenidos Audiovisuales “mediante un estudio serio, consulta pública, y escuchando las recomendaciones de los expertos en la materia”.

La petición es porque, como se recordará, en un hecho inaudito, que viola el interés superior de la niñez y las políticas públicas en la materia, la Subsecretaría de Normatividad de Medios, a cargo de Andrés Chao, expidió en 2015 y posteriormente en 2017, dichos lineamientos y dejó “fuera de una protección real a la infancia, ya sea por los criterios ambiguos y poco claros, así como los horarios que establecen”.

Efectivamente, en sus lineamientos, dicha subsecretaría de la Secretaría de Gobernación (Segob) redujo de manera drástica los horarios de protección a niñas y niños, y desde entonces han quedado expuestos a programas no aptos para su edad, así como a cientos de anuncios comerciales de la llamada comida chatarra, lo que también atenta contra los objetivos para abatir la obesidad infantil en nuestro país.

En su misiva, las organizaciones recuerdan un dato que echa por tierra toda argumentación para disminuir la protección a las audiencias infantiles. De acuerdo con el estudio presentado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) el pasado 30 de abril, niños y niñas de 4 a 12 años ven en promedio 4 horas y 46 minutos de televisión abierta al día, y son los horarios de la tarde y noche en los que más consumen sus contenidos.

En especial -enfatizan- de las 21:00 a las 22:00 es cuando más niñas y niños están atentos a las transmisiones televisivas. “Estos niños y adolescentes están recibiendo a través de las televisoras, contenidos inapropiados para ellos, de violencia, sexualidad, adicciones y crimen organizado”, dice la carta. Esto explica por qué telenovelas como Enamorándome de Ramón, Mi marido tiene familia, La piloto y La doble vida de Estrella Carrillo, al igual que el programa La rosa de Guadalupe (todas de El Canal de las Estrellas, de Televisa), se encuentran entre las producciones que más vieron niñas y niños en el 2017, además de una enorme cantidad de anuncios de alimentos y bebidas chatarra, como consecuencia de las modificaciones de las franjas horarias.

Los lineamientos vigentes establecen que los programas para adultos, clasificación C, pueden iniciar a las 9 de la noche (antes era a las 10); los considerados para mayores de 15 años, clasificación B15, desde las 7 de la noche (antes era a las 9), y para adolescentes y adultos, clasificación B, desde las 4 de la tarde (antes era a las 8).

Desde la publicación de los lineamientos, diversas organizaciones han manifestado su inconformidad a la nueva regulación en distintos medios y, en algunos casos, en tribunales también. Lamentablemente, la autoridad, en lugar de diseñar una buena política pública y garantizar el interés superior de la niñez, ha combatido los amparos y desdeñado las aportaciones de estas organizaciones.

Por eso ahora se recurre al Presidente de la República para que en su calidad del presidente del Sistema Integral de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), actúe a través de la Comisión sobre Tecnologías de la Información y Contenidos Audiovisuales dirigidos a Niñas, Niños y Adolescentes, de la cual forma parte la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC) de la Subsecretaría de Normatividad de Medios.

Firman organizaciones como la Red por los Derechos de la Infancia (REDIM), la Asociación A Favor de lo Mejor, A.C., la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias, A.C. (AMDA), la Organización Nacional Anticorrupción (ONEA), la Red Familia, Suma por la Educación, la Unión Nacional de Padres de Familia, la Asociación Mexicana de Derecho de la Información (AMEDI), la Federación de Escuelas Particulares del Distrito Federal, entre otras.

PUBLICIDAD OFICIAL: COMPROMISO INCUMPLIDO

La otra carta, firmada el 3 de mayo, es para solicitarle al Presidente Peña Nieto que no promulgue la malograda Ley General de Comunicación Social, ya aprobada por el Congreso. La denominada #LeyChayote, dicen los firmantes, “fomenta y legaliza malas prácticas y no cumple con los estándares mínimos necesarios para cambiar el uso inapropiado de la publicidad oficial en México como herramienta para ejercer la censura sutil”.

Le recuerdan que como lo prevé el artículo 72 fracción A de la Constitución mexicana, el Presidente, como titular del Poder Ejecutivo, “tiene la facultad de no promulgar esta ley regresiva y hacer las observaciones necesarias a esta norma para que regrese a su Cámara de origen”.

En la elaboración de esta ley también fueron ignoradas las propuestas, críticas y comentarios de la sociedad civil, academia, medios de comunicación y periodistas. Tampoco se consideraron las observaciones de instituciones del Estado, como el Instituto Nacional Electoral (INE), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI).

Además, dice la carta, organismos internacionales de derechos humanos como la Representación del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, y las relatorías para la libertad de expresión de la ONU y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, se pronunciaron en contra de este texto legislativo por la manera en cómo afecta la libertad de expresión.

La carta al Presidente inicia recordándole que él prometió la creación de una instancia ciudadana y autónoma que supervisara la contratación de medios de comunicación con fines publicitarios en todos los niveles de gobierno, y que dicha promesa fue plasmada en el compromiso 95 del pacto por México. Sin embargo, seis años después, esta oferta de campaña no se cumplió.

De acuerdo con Fundar, tan sólo el gobierno federal ha gastado en publicidad oficial casi 41 mil millones de pesos, de enero de 2013 a diciembre de 2017. Es un dispendio de recursos públicos en aras de legitimar un gobierno y mejorar la imagen del Presidente y su círculo más cercano de colaboradores a costa de un periodismo libre y crítico. El daño a los derechos de expresión e información es enorme.

Una ley así es funcional para los gobiernos antidemocráticos. Peña Nieto no puede heredarla a quien lo sustituya. No debe promulgarla, sino recomendar la incorporación de las propuestas que le han hecho llegar instituciones nacionales y extranjeras, así como organizaciones de la sociedad, como crear mecanismos externos de control para la evaluación y fiscalización de la publicidad oficial. Si lo hace, se ganará un aplauso verdadero, no pagado con recursos de la sociedad. Si no lo hace, su imagen se deteriorará más y poco abonará en la carrera hacia la Presidencia del candidato que apoya su partido político.

Firman la carta organizaciones como AMARC, Amedi, Artículo 19, Barra Mexicana  Colegio de Abogados SC, Causa en Común, Cencos, Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Departamento de Comunicación de la Universidad Iberoamericana CDMX, Fundar, Horizontal, IMCO, México Evalúa, México Unido Contra la Delincuencia AC, Observatel, Red de Periodistas de a Pie, Red en Defensa de los Derechos Digitales, REDIM, Red por los derechos de la infancia en México, Reporteros Sin Fronteras, entre otras, así como medios como Proceso, Sin Embargo, Noroeste, Enjambre Digital, etc.

@telecomymedios

Gabriel Sosa Plata

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