Otra vez una simple declaración en el calor de la contienda política produjo una respuesta empresarial desmesurada.

Alejandro Ramírez, dueño de Cinépolis, amplió el sentido del desplegado del Consejo Mexicano de Negocios contra AMLO en estos términos: “… las descalificaciones infundadas no ayudan a generar confianza y, por otro lado, cancelar el aeropuerto. Todo eso genera incertidumbre: el tema de cómo van a revisar la reforma energética, cómo van a cancelar la reforma educativa, la amnistía para criminales…”.

Pero Ramírez está tomando partido contra un candidato a la Presidencia de la República sólo por diferencias de opinión sobre su proyecto de país; no puede ocultarse en una supuesta imparcialidad cuando hipócritamente manifiesta que “han sido respetuosos con los planteamientos de López Obrador, aun cuando no comparten sus ideas y propuestas”. Por obligación legal él y los suyos deben ser respetuosos de todos los candidatos; no están facultados para determinar si cumplen o no la ley.

Los puntos que tienen en desacuerdo con AMLO son los fundamentales para reconstruir al país o dejarlo así; el México que ellos quieren es uno donde los poderosos puedan seguir traficando influencias en la política y en los negocios, y rechazan la separación de estos sectores; insisten en mantener la construcción del aeropuerto cueste lo que cueste, pese a todas las evidencias de su disfuncionalidad y saber que será un perjuicio grave para la Ciudad de México.

No aceptan revisar la reforma energética pese al fracaso de la misma ni sienten la rabia de los ciudadanos al pagar 20 pesos por litro de Premium, sólo les interesa repartirse entre ellos los recursos energéticos; insisten en mantener la misma estrategia educativa, imponiéndola a fuerza de fusil e ignorando el rechazo ciudadano y magisterial que sentencian a México al atraso científico.

Quieren continuar con esta guerra sangrienta que se ha vivido desde 2008, sin pensar siquiera en la posibilidad de brindarle una oportunidad a la paz; y finalmente quieren luchar contra la corrupción sin primero enfrentar el tráfico de influencias, lo que es imposible pues justamente es allí en donde se origina.

Y aun así el Consejo niega el hecho de que Anaya les pidió auxilio, aunque el desplegado y las declaraciones de Ramírez le brindan todo el respaldo a su candidatura, y además las palabras de ambos son tan similares que no se sabe si Ramírez apoya a Anaya o viceversa.

Por otro lado, AMLO propone restablecer el Estado de derecho, lo que significaría terminar con el tráfico de influencias, revisar el costo y pertinencia de las obras públicas, regresar las fuerzas armadas a sus cuarteles, reformar para mejor la reforma educativa y acabar con la narcoguerra fratricida que vive el país.

Pero estas acciones son apenas las mínimas necesarias para empezar a gobernar con la ley en la mano, y los empresarios anayistas hasta a esto se oponen, ¿cómo se pondrán entonces cuando se investigue el pacto con Odebrecht, el enriquecimiento inexplicable de los líderes del PRIAN y el lavado de dinero con obras públicas, y cuando se les cobren los impuestos que deben?

Ahora es el momento de las grandes decisiones, ¿aceptamos los riesgos de cambiar al país o mejor la dejamos de ese tamaño y nos vamos con Anaya, para otros seis años de la misma miseria de nación que actualmente soportamos?

Gustavo De la Rosa

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Es director del Despacho Obrero y Derechos Humanos desde 1974 y profesor investigador en educacion, de la UACJ en Ciudad Juárez.

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