Hace 186 días que no tenemos procurador general de la República. Y parece ser que a pocos le importa.

Tal vez no lo necesitemos. Vamos a ver: Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE 2017) el problema que tenemos es serio.

Se estima en 24.2 millones el número de víctimas de 18 años y más por año. La tasa de incidencia delictiva por cada cien mil habitantes en 2016 fue de 37,017, cifra estadísticamente superior a la estimada en 2015 que fue de 35,497; y estadísticamente menor a la registrada en 2014, cuando llegó a 41,655. La cifra negra, es decir el nivel de delitos no denunciados o que no derivaron en averiguación previa fue de 93.6% a nivel nacional durante 2016, mientras que en 2015 fue de 93.7 por ciento.

Y por si pensamos que esto no nos cuesta: En 2016, el costo total a consecuencia de la inseguridad y el delito en hogares representó un monto de 229.1 mil millones de pesos, es decir, 1.1% del PIB. Lo cual equivale a un promedio de 5,647 pesos por persona afectada por la inseguridad y el delito.

Según la realidad y los dichos de los estudiosos, la impunidad es el gran lastre que nos afecta a todos y todas de manera continua. La falta de acceso a la justicia y castigo por violar la ley parecen ser un anhelo popular más que un derecho constitucional. Por lo menos eso se deduce del Índice Global de Impunidad el cual señaló que México es el primer lugar de impunidad en América.

186 días han pasado en donde se reafirma con vehemencia que la procuración de justicia en este país no es prioridad para la clase política. Y tal vez esto sea porque la clase privilegiada siempre tiene una puerta trasera para enfrentar la ley. El desdén es absoluto y firme.

Al mismo tiempo, parecería que una figura clave como la de Procurador General de la República no es indispensable porque la justicia tampoco lo es para los gobernantes.

Enrique Peña Nieto afirmó: “"Creo que la definición de un fiscal idóneo, con credenciales para desempeñar esa responsabilidad, no puede estar secuestrada por la efervescencia política, y, en consecuencia, si no hay condiciones para definir a alguien que tenga el perfil idóneo para ese desempeño, creo que difícilmente estaremos en condiciones… Creo yo el Senado, del que depende la decisión, creo que no tendrá condiciones para definir un fiscal y a lo mejor tendremos que esperar a que ocurra la elección de julio del próximo año”, dijo el presidente después de la renuncia de Cervantes.

No sé a usted, pero a mí me da escalofríos que la clase política debiliten de esa manera nuestras instituciones. Dejar acéfala la PGR es atacar de manera frontal lo que significa dicha institución del Estado mexicano.

Cuando los acuerdos en la cúpula política no funcionan ni para poner a una figura clave del servicio público, según sugieren las palabras de Peña Nieto, debemos de reconocer que no hay un interés de Estado, ni el mínimo interés traslapado para actuar a favor de la República y no de acuerdo a intereses de grupo o de partido.

La impunidad sirve al sistema. Es esa sensación permanente de derrota social. Aquella que nos recuerda que poco se puede hacer porque así hemos sido siempre. La impunidad es rectora en nuestra ausencia de estado de derecho.

La grilla política es la que imposibilita la transición a una Fiscalía General de la República autónoma y eficaz. La política de los corruptos siempre apunta –evidentemente- por aceitar la justicia con la impunidad. Esa impunidad que mantiene sus privilegios y que resulta tóxica para un país de leyes e igualdad.
Pero somos (y afirmo en plural porque va siendo hora que cada quién tome su rebanada de responsabilidad ante lo que vivimos) una sociedad inconexa con la realidad que sufrimos. Es decir, ante la realidad, no hacemos lo que tendríamos que hacer. Y así es como, 186 días después, podemos vivir tranquilos sin un abogado general de la nación.

Pero la impunidad se premia con impunidad.

A más de un año de iniciar la investigación sobre los sobornos que pagó la empresa brasileña Odebrecht a funcionarios (y personal de su campaña política) del gobierno de Enrique Peña Nieto, la Procuraduría General de la República se negó a “precisar el tiempo de conclusión” de sus indagaciones y a “revelar detalles” sobre supuesta investigación, la cual Raúl Cervantes dijo que estaba lista, cuando presentó su renuncia.

La negativa a dar información sobre el hecho de corrupción más grande de América Latina es simplemente una prueba más de que no necesitamos procurador. En respuesta al exhorto que le extendió el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) en enero pasado, la dependencia (tres meses después) reiteró que “la investigación sigue su curso” y que está legalmente imposibilitada para proporcionar información por el “carácter reservado” del proceso, según destacó la segunda sesión ordinaria del Comité Coordinador del SNA.

La PGR como representante de la impunidad en el fuero federal, es el brazo ejecutor para atacar contrincantes políticos como es el caso de Ricardo Anaya. Semanas después la PGR sigue sin dar razones jurídicas para dudar del candidato presidencial.

Un país sin procuración de justicia está condenado a la desigualdad perene. Para algunos una PGR acéfala que vibre ante los vaivenes de la política del ejecutivo puede ser lo que les convienen. Por ello, uno de los grandes pendientes legislativos es la reforma al artículo 102 constitucional para crear una Fiscalía que sirva a la justicia. Parece un anhelo inalcanzable, pero es lo que necesitamos para cambiar el paradigma actual. La impunidad solo le sirve a algunos, los otros necesitamos justicia.

Darío Ramírez

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Estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana y Maestría en Derecho Internacional Público Internacional por la Universidad de Ámsterdam; es autor de numerosos artículos en materia de libertad de expresión, acceso a la información, medios de comunicación y derechos humanos. Ha publicado en El Universal, Emeequis y Gatopardo, entre otros lugares. Es profesor de periodismo. Trabajó en la Oficina del Alto Comisionado para Refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR), en El Salvador, Honduras, Cuba, Belice, República Democrática del Congo y Angola dónde realizó trabajo humanitario, y fue el director de la organización Artículo 19.

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