Nitza Paola Alvarado Espinoza, Rocío Irene Alvarado Reyes y José Ángel Alvarado fueron víctimas de desaparición en diciembre de 2009, en Chihuahua; sus familiares señalan como culpables a personas identificadas como militares.
Por las omisiones de las autoridades en la investigación la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) demandó al Estado mexicano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y éste será juzgado el próximo 26 de abril. El caso es relevante porque se considera el primero de desaparición forzada durante la guerra contra el narcotráfico que instauró el ex Presidente Felipe Calderón.
San José, Costa Rica 16 de abril (EFE).- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) realizará una audiencia pública el próximo 26 de abril contra el Estado de México, por la desaparición forzada de tres personas en 2009 a manos de agentes estatales en el marco de la lucha contra el narcotráfico.
El caso se relaciona con la alegada desaparición forzada de Nitza Paola Alvarado Espinoza, José Ángel Alvarado y Rocío Irene Alvarado Reyes por parte de agentes estatales en el Estado de Chihuahua, desde el 29 de diciembre de 2009.
Según la demanda presentada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), este es el primer caso por desaparición forzada en el contexto de la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada en México.
Por lo cual, toma relevancia ya que se trata de una problemática que ha venido en aumento en los últimos años y que ha merecido pronunciamientos, recomendaciones y expresiones de profunda preocupación por parte de la Comisión, así como de organismos internacionales y de las Naciones Unidas, según demanda de la CIDH.
Hasta el momento, los familiares desconocen el paradero de las tres víctimas desaparecidas. Ellos habrían sido privados de la libertad por parte de un grupo de entre ocho y diez personas que portaban armas largas y vestían uniformes que identificaron como de militares.
Las desapariciones tuvieron lugar en el marco de la implementación del Operativo Conjunto Chihuahua, en el cual el Ejército, además de realizar labores de seguridad, desempeñaba tareas de investigación criminal.
El caso también se relaciona con la situación de impunidad en que se encuentran las tres desapariciones, por lo que la CIDH alega que la aplicación de justicia militar al caso podría resultar violatoria del derecho de contar con una autoridad competente, independiente e imparcial para la obtención de justicia.
La demanda indica que hay una serie de violaciones conexas derivadas de las amenazas y hostigamientos que habrían tenido que enfrentar los grupos familiares, incluido el desplazamiento forzado de algunos de ellos.
Este caso será visto durante un periodo ordinario de sesiones de la CorteIDH, con sede en Costa Rica, en el que los jueces además deliberarán en privado sobre el caso de la alegada responsabilidad internacional de Costa Rica por la inexistencia de un recurso que permitiera obtener una revisión amplia de las condenas penales impuestas a 17 personas.
La Corte también supervisará el cumplimiento de sentencias, medidas provisionales y cuestiones administrativas de otros países.
