Felipe Calderón gastó en su sexenio aproximadamente 38 mil 725 millones 241 mil pesos. Enrique Peña Nieto ha gastado 40 mil millones de pesos.

Esos casi 80 mil millones de pesos han terminado en las arcas de medios de comunicación cercanos –en su mayoría- al poder político. ¿A cambio de qué? Es la pregunta.

Regular la publicidad oficial (en aras de desterrar el dispendio y la discrecionalidad) tiene dos obstáculos serios. El primero es la adicción de los políticos para masajear su ego y volverse agentes mediáticos y enaltecer su figura so pretexto de “informar a la población sobre sus logros”. Mentiras y más mentiras. El segundo obstáculo son los medios de comunicación que no quieren dejar ir la entrada económica millonaria que representa el dinero público, ¿A cambio de qué? De casi nada, solo su línea editorial y una benevolente cobertura de quien afloja la lana.

Organizaciones civiles, periodistas y medios independientes llevan una década estudiando y documentando cómo el dinero público destinado a comprar espacios para publicidad en medios de comunicación es una forma de censura sutil (o no tan sutil) que afecta severamente el ecosistema de medios que tenemos y el derecho a la información de la población.

Después de mucho trabajo por parte de sociedad civil se logró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) obligara al Congreso a regular vía ley el gasto en publicidad oficial. Era un momento importante por la oportunidad que representaba. Ya se tenían decenas de iniciativas en el tintero sobre el tema y grupos sociales y periodistas estaban listos con sus argumentos para un debate técnico y profesional. Parecía que las estrellas se alineaban para transformar el sistema de medios, fortalecerlo y con ello la democracia mexicana.

Antier en la Cámara de Diputados el PRI-PEVM-PANAL-Morena aprobaron el predictamen salido de la subsecretaría de Normatividad y Medios que hace absolutamente nada para regular el gasto en publicidad oficial. El primer paso para mantener el status quo de la corrupción millonaria entre medios y políticos. La iniciativa salida de Gobernación recicla, de manera tramposa y dolosa, los lineamientos que la Secretaría de Gobernación ha tenido por años y que son absolutamente inútiles para el propósito que se busca.

Supongo que el PRI cree que todavía puede ganar la elección presidencial y no quieren –que en caso de hacerlo- llegar a Los Pinos y no tener esa discrecionalidad para gastar miles de millones en los medios de comunicación y así controlar la información que éstos generan.

El panista Castañón fue quien sugirió que se apruebe el predictamen en lo general y que las reservas las revise la Junta de Coordinación Política de la Cámara. Después el mismo panista se abstuvo de votar su propia idea. Demencia legislativa. Por otro lado, no deja de llamar la atención que Morena haya votado a favor, ¿será que ya se ven en la Grande y también quieren hacer uso de ese millonario pastel? Por demás extraño resulta que un experto en medios, diputado de Morena, Virgilio Caballero se haya salido de la sesión para no dejar rastro del atropello que su bancada iba a realizar. De cualquier manera, la votación terminó 15 a favor (de mantener el status quo) 8 en contra.

A nadie le debe de sorprender lo que hicieron los diputados antier. A nadie. Cumplir con el formalismo para no caer en desacato ante la sentencia de la SCJN se resuelve con una iniciativa inocua ante los intereses de la democracia.

El gasto público en publicidad oficial (propaganda) debe de desaparecer como tal.

El razonamiento del gasto debe de seguir el interés público de la información, es decir: campañas de interés público informativo para la población (campañas de inscripción escolar, de vacunación, alerta de huracanes y cómo actuar, etcétera).

Otra cosa es hablar del subsido público a medios de comunicación en aras de perseguir pluralidad y diversidad en contenidos. Pero como subsidio tiene que seguir intereses de estado no de empresas privadas de comunicación. Y ahí es donde comienza el dilema de usar el dinero público como subsudio para medios.

Una de las graves deficiencias de nuestro sistema de medios es que el 80% de los medios en México sobreviven (algunos muy bien) del dinero público no regulado y otorgado con plena discrecionalidad. En otras palabras, si no hay dinero público la gran mayoría desaparecería porque su sistema de negocios se basa en el disfrazado subsidio otorgado a cambio de favores en la cobertura. Vaya, el actual sistema fuerza una relación de corrupción entre medio-poder político.

Los medios de comunicación tienen que cambiar su plan de negocios y vivir con sus propios recursos. El periodismo y la información tienen que basarse en la credibilidad para que ella acerque a una mayor audiencia y a su vez ingresos para el medio. No como ahora que no importa el periodismo que hagas –en muchos casos- el contrato gubernamental lo tienes asegurado y a eso le responde el medio de comunicación.

Nadie está proponiendo una hecatombe mediática. Es decir, tiene que haber un proceso de transición en la regulación y en la modificación de los planes de negocios de los medios. Pero el objetivo que se persigue es claro: la independencia financiera del dinero público. Si no se hace así, la repartición seguirá siendo discrecional y los problemas seguirán afectando el derecho a la información.

Si dejamos de gastar miles de millones en propaganda política y en enaltecer las figuras públicas, miles de millones se van a horrar. Esos miles de millones podrían destinarse para reconstruir el sistema de medios públicos (el cual es uno de los más grandes del mundo e inútiles, también). Libertad editorial y certeza financiera serían los dos grandes pilares en los cuales se tendría que basar la reconstrucción de los medios públicos para asegurar un papel importante del Estado en relación con la pluralidad y diversidad de medios y su correcta subsistencia.

La falta de voluntad política para regular la publicidad oficial tiene la clara intención de mantener un sistema que les beneficia actualmente. Aprobar una ley que no hace nada al respecto es legalizar la práctica de la que ha vivido nuestra clase política y medios afines. Imposible cejar en la intención de cambiar las cosas a pesar de los diputados.

Si queremos democracia real y auténtica, cambiar el sistema de medios es fundamental.

Darío Ramírez

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Estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana y Maestría en Derecho Internacional Público Internacional por la Universidad de Ámsterdam; es autor de numerosos artículos en materia de libertad de expresión, acceso a la información, medios de comunicación y derechos humanos. Ha publicado en El Universal, Emeequis y Gatopardo, entre otros lugares. Es profesor de periodismo. Trabajó en la Oficina del Alto Comisionado para Refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR), en El Salvador, Honduras, Cuba, Belice, República Democrática del Congo y Angola dónde realizó trabajo humanitario, y fue el director de la organización Artículo 19.

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