Por Itzel Silva Monroy*

En abril de 2015, la Comunidad Nahua de Tecoltemi -acompañada por Fundar y por el Consejo Tiyat Tlali-  interpuso un Juicio de Amparo en contra de dos concesiones mineras que la Secretaría de Economía otorgó a la hoy empresa Minera Gorrión, filial de la canadiense Almaden Minerals, en la Sierra Norte de Puebla. Esta concesión se otorgó sin el consentimiento y sin haber realizado consulta alguna a la comunidad.

Durante más de dos años, la minera intentó diversas estrategias para que el Juicio concluyera sin que se dictara sentencia, y de esta forma evadir una condena al Estado Mexicano por las violaciones cometidas -y que le beneficiaban, y además, evitar que se analizara la Ley Minera, que contiene diversos artículos contrarios a derechos reconocidos en la Constitución y en Tratados Internacionales. Simultáneamente, la minera quería quitarse de encima el problema que le representaba el juicio, pues no lo había reportado a sus inversionistas.

Almaden Minerals quería lo mismo que hicieron en su momento las empresas Hochschild y Zalamera dentro del caso de la comunidad Me’phaa de San Miguel del Progreso, en Guerrero: desistirse de las concesiones que le fueron entregadas para dejar sin materia el juicio; no hay materia, no hay sentencia ni un análisis a profundidad de las implicaciones de la Ley Minera.

En el caso de San Miguel del Progreso, las mineras se salieron con la suya: con el desistimiento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tomó la decisión en 2016 de cerrar el juicio sin analizar las violaciones cometidas por las concesiones y por la Ley. En el caso de la Comunidad Nahua de Tecoltemi, Almaden Minerals no logró este objetivo.

En febrero pasado, un Tribunal Colegiado le dio la razón a la comunidad tras un recurso legal: la Secretaría de Economía no podía autorizar a la empresa canadiense la reducción y posterior desistimiento de las concesiones sobre el territorio de Tecoltemi, porque ello iría en contra de la orden de suspensión que el Juzgado dio a la comunidad desde que se presentó el amparo. Y es que la suspensión de las concesiones mineras impugnadas impedía que se realizaran actos jurídicos con ellas -incluidas la reducción y el desistimiento- mientras no se dictara sentencia.

La decisión del Tribunal Colegiado es sin duda un logro para la comunidad que toca celebrar, pues da marcha atrás a la estrategia implementada por la empresa para terminar de manera anticipada el juicio de amparo. Para cumplir con la decisión, la Secretaría de Economía debe ahora revocar la autorización que había dado a la canadiense para reducir y desistirse de las concesiones.

Así, el juicio de Tecoltemi debe seguir adelante; llegado el momento, el juzgado de amparo deberá revisar no sólo lo relativo a las concesiones, sino también a diversos artículos de la Ley Minera que contravienen los derechos de los pueblos indígenas y de los núcleos agrarios, y que han permitido que el Estado Mexicano ponga a disposición de las empresas las tierras y territorios de las comunidades. Una batalla legal intermedia se ha ganado, aún vendrá la final.

• *Abogada en Fundar y representante legal de la comunidad Nahua de Tecoltemi en el Juicio de Amparo a que se hace referencia en este texto.

Fundar

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