Se ha vuelto un tópico hablar de Sinaloa como el granero de México, el gran productor de alimentos, y es que de tanto machacarlo se volvió estampa, discurso grandilocuente, una imagen impoluta más de nuestras capacidades agrícolas y nuestras ventajas comparativas y competitivas pero, también, de las limitaciones de una economía primaria con bajo valor agregado mantenida durante décadas que nos permite tener una participación menor al 2 por ciento al PNB.

Y es que el tópico de los valles verdes y productivos llevó a olvidarnos de su fragilidad por razones climatológicas, plagas o simplemente de mercadeo, como de las penurias que pasan muchos de las familias de productores de granos del norte de Sinaloa. Hoy, por ejemplo, existe una sobreoferta del grano que debería ser un plus en un estado, un país, donde mucha gente sufre hambre. Simplemente, de acuerdo a datos oficiales de INEGI, dos de cada tres mexicanos están en un estado de pobreza y en Sinaloa uno de cada tres.

Ahora bien, en el periodo agrícola 2017-2018, se sembraron más 78 mil hectáreas que elevó la producción del grano y eso, nos dicen, desplomó los precios sin considerar otras variables que incide en el nivel de precios. Ante esta situación adversa tenemos a la vista inmediatamente un problema de cuotas de producción se sigue sembrando sin controles que eviten la crisis de precios. No obstante, en el ánimo de paliar las autoridades federales se sentaron para encontrar soluciones y pactaron con los productores y bodegueros el pago de 16 mil 500 pesos por tonelada, si 16.50 por kilo, menos de un dólar. El apretón de manos que sellaba el pacto no se cumplió y estalló el problema.

Los bodegueros decidieron pagar solo 12 mil 500 que suponemos el acuerdo incluía una participación del gobierno para equilibrar los precios y eso pasaba por embodegar 50 mil toneladas del grano y evitar una caída mayor del precio de la leguminosa. Sin embargo, uno de los dramas crónicos del campo mexicano es la intermediación entre el productor y el consumidor final. Los bodegueros que hoy compran a 12,50 el kilo luego lo venden arriba de 20 pesos al mayoreo y el comerciante al menudeo a más de treinta al consumidor final. Es decir, con los precios actuales, hay una brecha de prácticamente de 20 pesos por kilo que se queda en manos de la intermediación y comercialización lo que tiene muy irritada a la gente del campo sinaloense.

Y en su desesperación han tomado una de las casetas de cobro, y en lugar de llegar a negociar los funcionarios de gobierno, llegan cientos de policías antimotines pertrechados como si fueran a enfrentar al Cártel de Sinaloa y eso provocó enfrentamientos verbales con las fuerzas de seguridad que reaccionaron violentamente contra algunos de los más aguerridos agricultores, como se puede apreciar en algunos videos que circulan en redes sociales y que hablan de cuál lado se encuentra la autoridad.

Y en medio de las agresiones Quirino Ordaz, el Gobernador sinaloense, señala que a los productores de frijol les asiste la razón cuando exigen que se les paguen precios justos por su producción que, recordemos, junto con el maíz son los alimentos básicos de los mexicanos especialmente de los más pobres.

Pero, va más allá, propone que el gobierno debe tener sus propias bodegas de acopio y así mitigar los problemas de sobre producción que se están presentando pero esa propuesta es preventiva, y debería ser parte de una política pública en marcha, no es útil para para atender los problemas de hoy que amenazan con desbordarse y poner en riesgo la estabilidad del campo.

El problema está identificado y el reclamo es que se pague lo pactado, ni un peso menos, y eso exige la intervención del gobierno. No puede ser que lo pactado no se cumpla. Que se esgrima el argumento del libre juego de la oferta y la demanda, cuando es falso el argumento de la autorregulación del mercado en condiciones de monopolio de unas cuantas familias de “coyotes” que determinan los precios de los productos del campo.

Entonces, no estamos hablando de un problema de precio en el granero mexicano, sino de la mesa mexicana, y es donde la intervención de los tres niveles de gobierno obliga a ofrecer alternativas de fondo, sin embargo, la burocracia parece operar a una velocidad menor a la agitación que brota ya en el campo sinaloense y puede alcanzar a otros sectores de la población por otras razones. El tema ya alcanzó la política electoral, cuando el pasado miércoles, se celebró un debate entre tres de los cuatro candidatos al Senado de la República y los posicionamientos incluido el del candidato del PRI, fueron contundentes contra el manejo que se está haciendo del tema.

Es decir, el precio del frijol, es parte ya de la agenda de las próximas campañas electorales, y conviene “amarrar al tigre” sinaloense antes que se vuelva ingobernable, y se piense que la única solución al problema de los precios del frijol son los garrotazos contra los que legítimamente exigen solución a este problema básico de la economía sinaloense.

En el estado de los once ríos, otro tópico regional, hay una historia de luchas campesinas, están en el imaginario colectivo, y a nadie conviene que estas manifestaciones de descontento escalen y mucho menos al gobierno estatal, no olvidemos por ejemplo que hace unos años en plena Semana Santa, los comuneros de la Presa Picachos llegaron a Mazatlán a manifestarse y algunos de ellos fueron detenidos, no obstante, una columna de cientos de ellos inició una marcha a pie de más 200 kilómetros para exigir el cumplimiento de lo pactado con las autoridades del gobierno del estado.

Solo, así, empezaron a verse las soluciones a un problema estancado por el incumplimiento de lo pactado, Sinaloa y particularmente Mazatlán, próximamente será escenario natural de las fiestas de Semana Santa, la Semana de la Moto y la cereza del pastel: El Tianguis Turístico, que no tienen por qué ser salpicados por la falta de operación política que terminaría ensombreciendo el tópico de los valles generosos que alimentan el granero, ahora sí, del coyotaje.

Ernesto Hernández Norzagaray

https://www.sinembargo.mx/author/ernestohernandez/

Doctor en Ciencia Política y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Profesor-Investigador de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel I. Ex Presidente del Consejo Directivo de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales A. C., ex miembro del Consejo Directivo de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política y del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Ciencia Política A.C. Colaborador del diario Noroeste, Riodoce, 15Diario, Datamex. Ha recibido premios de periodismo y autor de múltiples artículos y varios libros sobre temas político electorales.

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