Durante los tres últimos sexenios –dos encabezados por el PAN y uno por el PRI– la PGR ha sido utilizada para perseguir a opositores políticos con posibilidades de llegar a la boleta electoral y disputarles el gobierno al partido en el poder.
El caso más emblemático, dicen analistas consultados por SinEmbargo, es el proceso de desafuero que emprendió el entonces Presidente de la República Vicente Fox Quesada en 2005 contra Andrés Manuel López Obrador cuando era Jefe de Gobierno del Distrito Federal.
Han pasado los años y los casos se han acumulado hasta llegar a la antesala de los comicios del 1 de julio en donde Ricardo Anaya Cortés, candidato a la Presidencia de la República por la coalición “Por México al Frente” acusa al Gobierno de Enrique Peña Nieto de emprender una guerra sucia en su contra utilizando a las instituciones.
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Ciudad de México, 2 de marzo (SinEmbargo).- El uso de la Procuraduría General de la República (PGR) para golpear a opositores políticos rumbo a elecciones federales o locales representa un peligro para la democracia mexicana, dijeron analistas políticos y expertos en el sistema electoral mexicano a SinEmbargo.
Durante los últimos tres sexenios – los dos del Partido Acción Nacional (PAN) y el del nuevo Partido Revolucionario Institucional (PRI)– se han documentado casos en donde el Gobierno en turno ha utilizado a la PGR para perseguir a sus opositores en la antesala de elecciones federales o locales.
“Es de recordar como uno de los casos más emblemáticos, en donde se dio la utilización del aparato estatal es el caso del desafuero contra Andrés Manuel López Obrador en 2005. Este es el caso más indignante del uso político de un autoridad”, dijo Roberto Duque Roquero, experto constitucionalista y académico del departamento de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
En el caso del desafuero en contra de López Obrador durante el sexenio del panista Vicente Fox Quesada, se utilizó de una manera “indignante” a la autoridad, recordó el experto.
“La PGR ya había señalado con toda puntualidad que había pruebas y responsabilidad en el delito; sin embargo, una vez que el Congreso dice que procede el desafuero, el Gobierno de Vicente Fox calculó que le salía más caro, porque López Obrador ya había capitalizado las acusaciones para presentarse como una víctima”, argumentó.
Fox Quesada, dijo el analista, decidió cambiar al Procurador Rafael Macedo de la Concha por Daniel Francisco Cabeza de Vaca para no ejercer la acción penal, utilizando de esa forma al Poder Judicial a su antojo.
“Es ridículo que la Procuraduría se encuentre subordinada al poder Ejecutivo. Hace mucho tiempo que tenía que ser dotada de autonomía plena, pero no se ha hecho. Hemos visto la utilización de la PGR como un brazo del poder netamente político”, añadió.
Gustavo López Montiel, experto en partidos políticos del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (Itesm), precisó que la utilización de la PGR con fines políticos es un “peligro inminente para democracia”, porque a los opositores se les combate el las urnas y en el Congreso de la Unión.
“Cuando un gobierno utiliza las instancias judiciales para combatir opositores políticos, se disminuye a la democracia porque no hay confianza, no hay condición para que se den acuerdos básicos a través de los cuales funciona la democracia. Este Gobierno ha utilizado la procuración de justicia para combatir a sus opositores”, dijo.
Pero, recordó, también ha utilizado al aparato judicial para beneficiar a sus políticos.
“Cuando del otro lado, a su gente como en el caso del PRI, a sus ex gobernadores y funcionarios que han sido señalados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), las denuncias que se han hecho no han prosperado. Sí se nota un uso desproporcionado de la autoridad de procuración de justicia”, explicó.
El candidato presidencial de los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC) sostiene que es perseguido por la PGR, luego de que la dependencia abriera una investigación por lavado de dinero en contra de Manuel Barreiro Castañeda, un empresario queretano supuestamente orquestó una red de lavado internacional para el panista.
María Eugenia Valdés Vega, experta en procesos electorales, padrón electoral y sistema político mexicano de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), alertó sobre que el uso faccisoso de la instancia encargada de impartir justicia pone en riesgo la estabilidad del país.
“Me parece espantoso que quieran quitar un candidato con eso. Parece que al PRI no le importa lo que pase después de las elecciones con tal de seguir en el poder. No están dispuestos a abandonar la silla presidencial y está en peligro la estabilidad de la patria con el hartazgo que tiene la gente del PRI”, explicó.
Valdés Vega añadió que a diferencia de 2006, año del desafuero contra López Obrador, el México actual es “mucho más peligroso”, y aunque el PAN carece de autoridad moral para quejarse por lo que sucede en torno a Ricardo Anaya, el candidato de la alianza “Juntos haremos historia” debe lanzar un rechazo más enérgico a la utilización de la PGR, porque después del panista sigue él.
“Es una estrategia que les dio resultado en el Estado de México con Josefina Vázquez Mota, anular a la candidata usando a la PGR. Ahora lo que quieren es hacer lo mismo y después hacerse cargo del otro contendiente, de AMLO. López Obrador no debería poner sus barbas a remojar y protestar más; el PRI no quiere dejar el poder porque se ha desgastado tanto que hay riesgo que pierdan todas las gubernaturas y su tabla de salvación será conservar el Gobierno federal”, dijo.
La reforma política de 2014 modificó el Artículo 102 constitucional, que ahora establece que “el Ministerio Público se organizará en una Fiscalía General de la República como órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y de patrimonio propios”.
De ese modo, la PGR se convertirá en la Fiscalía General de la República. ¿Cuál es la diferencia? Que la Fiscalía será un órgano autónomo con las funciones de investigación y persecución de delitos, que tendrá a su cargo a los ministerios públicos [delitos federales], a la Fiscalía Anticorrupción y a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade).
¿Cuáles son los problemas en este respecto? De inicio no hay Fiscal. Y quien debería de ocupar el cargo por primera ocasión y por un periodo de nueve años -al menos según la reforma política de 2014- sería el Procurador General de la República. Sin embargo, el 16 de octubre de este año, Raúl Cervantes Andrade, titular de la PGR, renunció a su cargo, en medio de la polémica, a un año de haberlo ocupado, argumentando que la decisión permitiría al Congreso de la Unión agilizar la aprobación de las leyes que regirán la nueva Fiscalía General.
Hoy no hay fecha para el nombramiento y sigue a cargo de Alberto Elías Beltrán.
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EL DESAFUERO CONTRA AMLO
Entre 2004 y 2005, López Obrador vivió un proceso de desafuero orquestado y ordenado por el entonces Presidente de la República Vicente Fox Quesada.
El presidente panista solicitó por medio de la PGR un juicio de desafuero al Congreso de la Unión en contra de Obrador.
Todo empezó en 2004 cuando al Gobierno del entonces Distrito Federal se le acusó de violar una orden judicial para dejar de construir una calle en un terreno expropiado años atrás. La responsabilidad cayó directamente sobre el Jefe de Gobierno.
El juicio de desafuero tenía como objetivo que López Obrador respondiera ante la justicia, lo que para la población fue una maniobra para sacarlo de la jugada para las elecciones federales de 2006.
El desafuero se consumó el 7 de abril de 2005, hecho que no fue tomado como una buena decisión por la prensa internacional. En México se dieron grandes manifestaciones de rechazo.
El 20 de abril de 2005 el Ministerio Público Federal fijó una fianza de 2 mil pesos, que fue pagada sin conocimiento de López Obrador por Gabriela Cuevas y Jorge Lara, entonces diputados del PAN de la la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) para impedir que el tabasqueño “se hiciera la víctima”. La fianza fue cancelada por el juez que llevaba el caso.
Tras la presión social, Vicente Fox tuvo que recular y el 4 de mayo de 2005 se descartaron los cargos en contra del hoy líder en las encuestas presidenciales.
ZAMORA QUERÍA SER GOBERNADOR
En 2006, el Gobierno de Vicente Fox acusó que Arturo Zamora Jiménez, entonces candidato del PRI a la gubernatura de Jalisco, era investigado por la Administración para el Control de Drogas (DEA) por presuntos nexos con el narcotráfico.
El Procurador General de la República Daniel Cabeza de Vaca reveló que la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo) tenía abierta una averiguación previa que involucraba a Zamora. "Lo está viendo Delincuencia Organizada, que es quien trabaja con la DEA. Se presentó una denuncia en contra de este señor (Zamora) y hay algunas otras cosas'', dijo el funcionario en aquella ocasión.
Posteriormente, la PGR emitió un boletín, momentos antes de que iniciara el debate entre los candidatos, para informar que no se investigaba a Zamora por narcotráfico, sino por un supuesto fraude interpuesto por el PAN.
''Con respecto a la información difundida de que la Agencia Antidrogas Estadunidense (DEA, por sus siglas en inglés) investiga a Arturo Zamora Jiménez por mantener presuntos nexos con el narcotráfico, la PGR da a conocer que ha solicitado información a la DEA sobre el particular, sin haberla recibido hasta el momento, por lo que no existe ninguna averiguación previa en su contra'', informó la dependencia en el comunicado.
La PGR detalló que la acusación derivaba del robo de mil cheques del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en 1996 para comprar nueve casas.
El candidato se amparó acusando al Gobierno federal de “entrometerse en asuntos jurídicos” y presentó una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Arturo Zamora apareció en la boleta electoral de ese año y le disputó la gubernatura al candidato del PAN, Emilio González Márquez, quien ganó la gubernatura con 45.19 por ciento de los votos, mientras que Zamora Jiménez obtuvo 41.40 por ciento de los sufragios.
El priista demandó por difamación y calumnia al PAN y al Panal, y obtuvo 22 sentencias condenatorias en contra de esos partidos políticos dos años después.
EL MICHOACANAZO DE CALDERÓN
El 26 de mayo de 2009, durante la administración de ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa, elementos de la Policía Federal Preventiva y del Ejército mexicano detuvieron a 12 presidentes municipales, ocho funcionarios de primer nivel del Gobierno perredista de Leonel Godoy Rangel, 12 policías, un juez y dos ex directores de Seguridad Pública por presuntos vínculos con el narcotráfico.
La detención se dio en el marco de la llamada “guerra contra el narco” que emprendió Calderón Hinojosa. Y escaso mes y medio de las elecciones de julio de ese año. El PAN gobernaba, en ese entonces, 11 de los 113 municipios de la entidad.
Del total de los detenidos a la fecha todos fueron liberados. Los primeros 18 obtuvieron su libertad entre 2009 y 2010. El último salió libre en 2011.
No sólo políticos perredistas, sino también priistas, rechazaron el “michoacanazo” porque los procesos penales estaban llenos de irregularidades.
Leonel Godoy exigió en 2010 una disculpa pública a Felipe Calderón por violar la soberanía de Michoacán. Disculpa que nunca llegó.
PGR CONTRA LA FAMILIA DE JOSEFINA
El 27 de marzo de 2017, en pleno proceso electoral rumbo a las elecciones locales de 2017, periódico El Universal publicó un extenso reportaje, con documentos obtenidos de forma exclusiva, en el que sostenía que el padre y seis hermanos de Josefina Vázquez Mota, abanderada del PAN para la gubernatura del Estado de México, eran investigados por la PGR por recibir 17 millones de pesos de compañías denunciadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) por el lavado de 400 millones de pesos.
Al otro día Omar Ortega, presidente del PRD en el Edomex, acompañado por diputados federales, interpuso una denuncia de hechos ante la PGR en contra de Vázquez Mota por presunto lavado de dinero.
Un mes después, el 27 de abril la Comisión de Transparencia en San Lázaro aprobó por unanimidad una auditoría financiera al dinero que recibió en 2014,2015 y 2016 la fundación Juntos Podemos. Vázquez Mota contendió en 2017 y quedó en lejano cuarto lugar con 11.27 por ciento de los votos, superada por Juan Zepeda Hernández, abanderado del PRD quien obtuvo 17.84 por ciento de los sufragios.
Posteriormente, la PGR informó que ningún miembro de la familia Vázquez Mota estaba denunciado, ni era investigado por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
RICARDO ANAYA CORTÉS 2018
Desde hace varios días, el escándalo por los bienes y riqueza de Ricardo Anaya se ha acrecentado. La venta de una nave industrial en 54 millones de pesos que habría funcionado para lavar dinero mantiene al panista en el ojo del huracán.
La PGR abrió una investigación en contra de Manuel Barreiro Castañeada, quien supuestamente orquestó la red de lavado de dinero través de empresas fantasma, que ya ha sido boletinada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Anaya Cortés ha reiterado que es objeto de una guerra sucia implementada desde el Partido Revolucionario Institucional (PRI) de cara a las elecciones de julio próximo.
“En los últimos días se han ducho muchas mentiras en mi contra. Es el PRI que ha utilizado a la PGR para hacer toda esta guerra sucia; lo han hecho porque van perdiendo y están completamente desesperados en un lejano tercer lugar. Ya no saben cómo levantar la campaña en ruinas de su candidato José Antonio Meade [Kuribreña]. Lo que quieren es engañar a la gente”, dijo Anaya Cortés en un video publicado recientemente en su cuenta de Twitter.
Junto con Ricardo Anaya panistas como Santiago Creel Miranda y Diego Fernández de Cevallos han respaldado su versión y exigido al Gobierno de Peña Nieto dejar de usar a las instituciones, como a la PGR y el SAT en contra del candidato frentista, quien en un hecho inédito fue exhibido en un video grabado por el sistema de vigilancia de la PGR cuando acudió a la dependencia a presentar su declaración por escrito.
La PGR sostiene que la grabación se dio a conocer porque es de “interés público”. Lo que la ha generado un aluvión de críticas de diversos sectores ante el inusual hechos en tiempos de campaña.
