Ximena Andión, directora del Instituto de Liderazgo Simone De Beauvoir, resaltó que el 97 por ciento de las y los 2.4 millones de trabajadores del hogar no tienen contrato de trabajo por escrito y tampoco condiciones de seguridad social o beneficios y prestaciones de Ley.
La campaña "Empleo justo en casa" inició hoy para dar voz, hacer visible, a las millones de trabajadoras del hogar en el país y exigir al Gobierno mexicano que ratifique el Convenio 189 de la OIT – que garantiza medidas que impiden el abuso y explotación–, al que a cuatro años de estar vigente México no se ha adherido.
Ciudad de México, 22 de febrero (SinEmbargo).- Las condiciones laborales de las y los trabajadores domésticos son precarias en México, no sólo por el vacío legal que desampara a este sector económico, sino también por una cuestión de invisibilidad cultural a la que están sometidos. Una problemática que requiere de una solución en términos de empoderamiento económico, pero también de acceso a la democracia a través de la generación de oportunidades de desarrollo social, advirtieron este día organizaciones civiles y organismos nacionales e internacionales, en el marco de la conferencia “Empleo justo en casa”.
En nuestro país, el trabajo remunerado en el hogar emplea a 2.4 millones de personas, de las cuales, el 95 por ciento son mujeres, lo que equivale al 10 por ciento de las 19.8 millones de mexicanas económicamente activas, refieren datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
A pesar de su importancia en la vida diaria de muchos hogares mexicanos, en la actualidad, el trabajo del hogar es desvalorado por razones culturales, de género y económicas, situación que “lo ha constituido como un trabajo informal, incrementando el nivel de vulnerabilidad y desigualdad social en detrimento de las personas que lo realizan”, refirieron la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ONU Mujeres y el Instituto de Liderazgo Simone De Beauvoir (ILSB).
De acuerdo con Ximena Andión, directora del ILSB, el 97 por ciento de las y los 2.4 millones de trabajadores del hogar no tienen contrato de trabajo y tampoco condiciones de seguridad social o beneficios y prestaciones de Ley.
“Hay discriminación no sólo en las prácticas y en las condiciones, también en la Ley. La Ley Federal del Trabajo es discriminatoria. Le da condiciones a las trabajadoras del hogar distintas a las del resto de los trabajadores [...]. La Ley del Seguro Social las discrimina y esta situación ha sido demandada por muchísimos años al Estado [...] y hasta el momento son sólo promesas incumplidas”, refirió.
Al respecto, Martha Ferreyra, integrante del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), dijo que “es imprescindible impulsar políticas de inclusión; de dignificación del trabajo; ratificación de los convenios internacionales; de las condiciones en que se desarrollan [estas labores]; de derechos humanos para que podamos mejorar, paso a paso, la calidad democrática de nuestra sociedad, aumentando la calidad de vida de la ciudadanía y con ello nuestro nivel de desarrollo social”.
Ante este clima de olvido de las y los trabajadores domésticos, Andión y Ferreyra confiaron en que “la buena noticia es que más allá de lo que haga o deje de hacer el Estado, nosotros podemos hacer algo. El cambio está en las manos de cada uno y cada una de nosotros”.
Es también un tema de conciencia y de cultura sociales.
Según el Inegi, el sector de trabajadores del hogar comprende a personas de 12 años y más. De ellos, el 83 por ciento se desempeña en labores domésticas, el nueve por ciento en cuidados de otros individuos, el cuatro en tareas de lavado y planchado, el tres como choferes particulares y el uno por ciento como cocineros o cocineras.
La gran mayoría de estas personas, que son connacionales e incluso emigrantes, gana dos salarios mínimos en promedio [cinco mil 300 pesos mensuales] por laborar, como mínimo, entre ocho y doce horas diarias -si bien les va- explicó Marcela Azuela, coordinadora del Colectivo Hogar Justo Hogar.
Según datos del Inegi actualizados hasta 2011, el 37 por ciento de los trabajadores del hogar gana un salario mínimo al mes [dos mil 650 pesos]; sólo un 10 por ciento de ellos tienen goce de vacaciones pagadas y un 25 por ciento recibe aguinaldo. Además, el 97 por ciento no cuentan con acceso a servicios médicos por su actividad laboral.
La información difundida por los organismos que participaron de “Empleo justo en casa”, indica que uno de cada siete trabajadores ha sufrido de maltrato verbal y físico.
Y de acuerdo con Marcelina Bautista, fundadora del Centro de Apoyo y Capacitación a Empleados del Hogar (CACEH), los atropellos son tan comunes que su organización recibe siete casos de denuncia diarios por despido injustificado. Y como las y los trabajadores no cuentan con contratos y muchas veces carecen de conocimiento de Ley, sus derechos no son respetados.
“La Ley Federal del Trabajo es para todos [...], pero como nos ven como personas de ayuda, nos dicen [los empleadores] que por qué queremos tanto” -buenos salarios, prestaciones, condiciones dignas de trabajo-, reconoció Bautista desde su indignación.
Para ONU mujeres, en Mexico, las jornadas de trabajo son largas e impredecibles, con salarios discrecionales porque no existe un salario mínimo profesional para este sector laboral. Las condiciones laborales, además, no aseguran su derecho al descanso.
Esta situación “depende de factores como el tipo de tarea que se realiza, la calidad de los servicios prestados y la voluntad de quien emplea”, refieren datos presentados de la OIT, ONU Mujeres e ILSB.
En ese sentido Belén Sanz, representante de ONU Mujeres, señaló que, a cuatro años de haber sido firmado, México es uno de los países que aún no ratifica el Convenio 189 de la OIT sobre el trabajo decente para las personas trabajadoras del hogar, que entre muchas otras cuestiones, tiene como objetivo la defensa de sus derechos humanos -y por tanto laborales- para garantizar medidas que impidan abuso y explotación.
En la actualidad, 25 países han ratificado el convenio, entre ellos 14 naciones de América Latina.
Debido a esta circunstancia de injusticia, los panelistas urgieron la necesidad de formalizar este tipo de empleo desde la Ley -que podría inclusive ser redituable para el gobierno, ya que 2.4 millones de personas estarían pagando impuestos-. Pero también desde los hogares, ya que “el país que queremos comienza en casa”.
Entre las soluciones planteadas, más allá de las imprescindibles modificaciones a la Ley vigente, están: firmar contratos con los empleados, respetar sus jornadas laborales de ocho horas, 15 días de aguinaldo, un salario justo de al menos 300 pesos por ocho horas de trabajo [nueve mil pesos mensuales], otorgar seguridad social o apoyo con consultas médicas, un espacio limpio y digno para dormir, vacaciones remuneradas, pago de horas extra, buena calidad y proporción de alimentos, así como permisos para capacitarse en cuestiones de trabajo y otras materias de interés personal.
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