Por Humberto Francisco Guerrero Rosales

Al momento de escribir estas líneas parece inminente la designación de quien encabezará la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB). Esta será la institución responsable de enfrentar uno de los mayores retos en nuestro país: la búsqueda de decenas de miles de personas desaparecidas. En los medios ha trascendido que una persona en específico se perfila como el “bueno”[1] para ocupar el cargo, ya que cuenta con el respaldo del Subsecretario de Derechos Humanos de la SEGOB, Rafael Avante y de algunos colectivos importantes de familiares que ante la indolencia y pasividad del Estado, tomaron las riendas de la búsqueda de sus seres queridos.

Más allá de los apoyos que pueda tener, la designación de la CNB era o es una de las más relevantes que hayamos tenido, por lo que ha representado la desaparición de personas en nuestro país. Este fenómeno dejó al descubierto el grado de deterioro de nuestras instituciones y ha marcado una ruptura de confianza casi insalvable entre la sociedad y el sistema de justicia. Por lo anterior, en un intento por reconstruir la confianza, la legitimidad del proceso de designación de la CNB debió ser la máxima prioridad en el arranque de la implementación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

Para cuidar la legitimidad del proceso la SEGOB debió garantizar tres condiciones básicas para un proceso abierto: primero, generar una consulta real; segundo, transparentar al máximo la información disponible sobre las personas que postularan; tercero, construir y transparentar criterios sobre el perfil idóneo para ocupar el puesto, más allá de los requisitos mínimos de elegibilidad que marca la ley. Ninguna de estas condiciones existió en el proceso que culminará con el nuevo nombramiento.

La convocatoria que estableció las bases para el proceso de designación de la CNB y de la consulta para tal efecto, se publicó el 22 de enero en el Diario Oficial de la Federación. Desde ese día y hasta el 6 de febrero se recibieron las postulaciones de los candidatos. Si la persona titular fuera nombrada hoy (19 de febrero), el proceso completo habría durado menos de un mes y la “consulta” sólo 10 días hábiles. Sin pasar por alto que existía un plazo legal para el nombramiento, el cual vencía el 15 de febrero, la autoridad no debe perder de vista la magnitud de la tarea que asumirá el titular de la CNB. Esta persona no sólo liderará la búsqueda de personas en términos operativos, sino que será el responsable de generar la coordinación entre todos los niveles de gobierno y entre instancias federales para tal fin.

Sólo cuatro perfiles se presentaron como candidatos a ocupar la CNB, de los cuales no se hubo mayor información, más que la contenida en sus hojas de vida. Lo anterior, aunado al periodo tan corto del proceso en su conjunto y la escasa información que hubo disponible, ponen en entredicho la certeza de que se esté eligiendo el perfil idóneo para hacerse cargo de la tarea. El tamaño de la responsabilidad que recae sobre esta institución, amerita buscar a la mejor persona para este puesto; no a la “menos peor”.

Una consulta real va más allá del hecho de abrir un espacio virtual donde la gente pueda proponer nombres para ocupar un puesto. La consulta debe, para ser efectiva, acercar la mayor al público sobre la experiencia y perfil de las o los postulantes; y establecer un mecanismo para hacer llegar opiniones e información sobre los perfiles, para que éstas sean consideradas al momento de evaluar a la candidata o candidato. Nada de lo anterior ocurrió en el caso de la CNB. A pesar de existir información periodística que indicaba que uno de los candidatos podría estar involucrado en actos de corrupción[2], no hubo un mecanismo que diera certeza sobre la forma en que esta información sería investigada y, en su caso, valorada al momento de la evaluación del perfil.

La implementación de la Ley General arranca con una salida en falso. El camino es aún largo y la sociedad civil permanecerá atenta a los próximos pasos del titular. Quede quien quede, sólo una cosa debe tener muy presente: es su obligación garantizar la participación equilibrada de todas las familias.

[1] Véase http://www.proceso.com.mx/521988/perfilan-roberto-cabrera-para-encabezar-la-comision-nacional-de-busqueda-de-personas

[2] http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/columna/roberto-rock-l/nacion/2017/06/16/el-negocio-de-los-desaparecidos

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