Alejandro Calvillo
06/02/2018 - 12:00 am
La Gran Simulación
Ponerse del lado de la causa del problema y no del lado de la solución, hacer como que se hace sin hacer, y maquillarse con una estrategia frente a las ahora llamadas emergencias epidemiológicas de obesidad y diabetes, se ha constituido en la Gran Simulación del Sexenio, la Gran Simulación de Salud. Mientras, pasamos de […]
Ponerse del lado de la causa del problema y no del lado de la solución, hacer como que se hace sin hacer, y maquillarse con una estrategia frente a las ahora llamadas emergencias epidemiológicas de obesidad y diabetes, se ha constituido en la Gran Simulación del Sexenio, la Gran Simulación de Salud. Mientras, pasamos de 46 mil muertes por diabetes en el 2000 a 105 mil muertes por esta enfermedad en el 2016
México se convierte rápidamente de un país reconocido por lanzar una Estrategia Nacional para la Prevención y el Combate a la Obesidad y la Diabetes (ENPCSOD), una política más o menos integral para combatir estos males que pusieron al país en la atención mundial, a convertirse en un ejemplo internacional de la interferencia de la industria de alimentos y bebidas en la política contra la obesidad, en un ejemplo internacional de la Gran Simulación. Recientemente fue publicado un libro en el Reino Unido sobre la interferencia de la industria en las políticas de salud, presentando 12 casos, dos casos son de México y uno de ellos fue seleccionado para abrir la publicación. En la siguiente liga se encuentra la traducción del prólogo escrito por el Director de Nutrición de la OMS, Francesco Branca, y de los resúmenes de los dos artículos sobre la interferencia de la industria en la política contra la obesidad en México ( http://bit.ly/2nOF5Si ).
La ENPCSOD contiene todas las principales políticas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y muy diversos organismos nacionales e internacionales para prevenir la obesidad y la diabetes. Ante el anuncio de la ENPCSOD, nos congratulamos de la entrada de una política que conjuntaba estas recomendaciones, sin embargo, la industria de alimentos y bebidas, los regulados, se apropiaron del diseño de las regulaciones y, no sólo eso, también se apropiaron de la evaluación de esas regulaciones. Obviamente, esa apropiación se dio gracias a que las autoridades responsables de proteger la salud de la población entregaron esas regulaciones a los regulados, se dio gracias al contubernio entre esas autoridades con los representantes de las mayores empresas de alimentos y bebidas. Y esto sólo fue posible gracias a otra acción de las autoridades y funcionarios, a la vez que diseñaban las regulaciones junto con la industria, excluyeron a los institutos nacionales de salud pública y nutrición y a la Academia Nacional de Medicina de su participación en la definición de estas regulaciones.
La exclusión de los institutos de salud y la Academia cuando se diseñaban las regulaciones del etiquetado frontal en alimentos y bebidas y la regulación de la publicidad de los alimentos y bebidas no saludables dirigida a la infancia, fue por una sola razón: los institutos y la academia defenderían la salud pública frente a los intereses económicos, no permitirían la imposición de estos intereses, buscarían regulaciones efectivas, basarían las decisiones en la evidencia científica y en las recomendaciones de la propia Organización Mundial de la Salud.
Estas regulaciones, la del etiquetado frontal y la de la publicidad dirigida a la infancia, centrales en la modificación del ambiente obesogénico y la prevención de la obesidad y la diabetes, quedaron a cargo de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS). Tanto en documentos oficiales obtenidos por acceso a la información, como en una investigación publicada recientemente en el Reino Unido, se comprueba que COFEPRIS no convocó para el diseño de estas regulaciones ni a los institutos de salud, ni a la Academia, ni a las organizaciones de la sociedad civil que veníamos trabajando el tema. Ni la Secretaría de Salud ni COFEPRIS pueden mostrar documento alguno que testimonie la participación de los institutos que están constituidos justamente para brindar evidencia a la autoridad para el diseño de las políticas públicas.
Para cumplir el compromiso de desarrollar el etiquetado frontal que debería permitir a los consumidores realizar, de manera muy sencilla y rápida, elecciones más saludables, que aparecía como una política regulatoria en la ENPCSO, COFEPRIS decidió que el etiquetado frontal que había introducido la propia industria desde 2011, coordinada por ConMéxico, se convirtiera en el oficial. De esta manera se simulaba que se cumplía. Y qué mejor que con el apoyo de la industria que ha salido a realizar campañas públicas, junto con funcionarios de salud, para promover su campaña “Checa y Elige” dirigida a enseñar a los consumidores cómo entender ese etiquetado. La simulación al máximo grado, simular que se establece un etiquetado frontal que servirá a los consumidores para realizar elecciones más saludables, participar con la industria en la gran simulación de una campaña que pretende que los consumidores entiendan un etiquetado que se sabe nunca entenderán ya que ese es el objetivo de la industria: mantener la información sobre el contenido de azúcar, sodio, grasas y calorías, de una manera tal que no sea entendible para los consumidores.
La simulación estaba hecha. Se simulaba un etiquetado frontal como parte de la ENPCSOD y, por lo tanto, se cumplía. No importaba que el etiquetado frontal de la industria vuelto oficial en 2014 ya hubiera sido denunciado en 2012 ante la propia COFEPRIS por El Poder del Consumidor. Tampoco que un estudio del Instituto Nacional de la Nutrición hubiera encontrado que ese etiquetado no lo entendían ni los estudiantes de primer año de nutrición. Y que tanto el instituto como la organización de la sociedad civil advirtieran que ese etiquetado es un riesgo por los altísimos criterios de consumo de azúcar que establece.
En 2014, al menos dos cartas de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ya habían sido dirigidas a la secretaria de salud, Mercedes Juan, al subsecretario Pablo Kuri y al comisionado de COFEPRIS Mikel Arriola, advirtiendo sobre este etiquetado, la falta de comprensión del mismo y el criterio de azúcar que estaba muy por encima de las recomendaciones de la OMS ( http://bit.ly/2EJJONq ) . Los mismos argumentos que en 2012 había presentado en una denuncia formal El Poder del Consumidor ante COFEPRIS, sin obtener respuesta alguna. Las cartas de OPS/OMS indican que el asunto llegó hasta las oficinas de Ginebra de la OMS y que las máximas autoridades en el tema participaron en comunicaciones con las autoridades mexicanas para advertir sobre este etiquetado. Sin embargo, a pesar de todo, las autoridades y los funcionarios involucrados, siguieron del lado de la industria.
En eventos académicos, investigadores del Instituto Nacional de Salud Pública señalaron que sería mejor no tener ese etiquetado que tenerlo. El acercamiento de la Secretaría de Salud con la industria llevaría a un hecho sin precedentes, como trascendió en columnas periodísticas y se pudo comprobar por los propios reporteros que cubrían la fuente de salud: por instrucciones de la Secretaría de Salud se prohibió a los investigadores del INSP dar declaraciones a la prensa.
No sólo el etiquetado frontal, que es la única herramienta que los consumidores pueden tener para realizar elecciones más saludables, también la prohibición de la publicidad dirigida a la infancia de alimentos no saludables, fue entregada por COFEPRIS a la propia industria regulada para volverla totalmente ineficaz. La regulación no cubrió los horarios y programas que más ven los niños, como demuestra un estudio del Instituto Federal de Telecomunicaciones, no prohibió este tipo de publicidad en espacios abiertos, internet, espacios dedicados a niños, ni el uso de regalos, promociones y personajes populares. La regulación era una simulación más.
Las regulaciones diseñadas por la industria contra toda la evidencia científica y las recomendaciones internacionales y nacionales, van en sentido contrario a toda política de prevención de la obesidad y diabetes, e, incluso, el etiquetado abona a estas enfermedades. La evidencia puso en riesgo la Gran Simulación y la respuesta de autoridades y la gran industria de la chatarra y los refrescos fue proteger la simulación. No bastaría tener el poder para aplicar la ley mordaza a los investigadores de los institutos, se creó, de entrada, un órgano para evaluar justamente la política contra la obesidad, lo que incluiría la evaluación del etiquetado frontal y la regulación de la publicidad de alimentos y bebidas dirigida a la infancia. El órgano estaría controlado por la industria lo que garantizaba que la evaluación del etiquetado frontal y la regulación de la publicidad de alimentos y bebidas no saludables dirigida a la infancia sería calificada positivamente.
La Secretaría de Salud creo entonces el Observatorio Mexicano de Enfermedades No Transmisibles invitando a la industria a ocupar la mayor parte de los asientos, desconociendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud de evitar el conflicto de interés en la elaboración y evaluación de las políticas contra la obesidad. Y no sólo se invitó a la industria, se excluyó la participación de los institutos de salud. La participación de la industria en el OMENT se fortaleció con la incorporación de organizaciones, aparentemente, de la sociedad civil, que han sido financiadas por Coca Cola, como la Federación Mexicana de Diabetes o Mexicanos Activos, además de otras más que reciben fondos de la industria y/o cuentan en sus consejos con representantes de estas empresas.
Se ha perdido un sexenio más en el combate a la obesidad y la diabetes que se han convertido en la principal causa de muerte en el país y en el colapso del sistema de salud pública.
Hasta finales de 2017 la Secretaría de Salud invitó al Instituto Nacional de Salud Pública a las mesas de trabajo del OMENT y, por su parte, en El Poder del Consumidor recibimos invitación para participar en varias de estas mesas. Ni la invitación al INSP, ni a nosotros, fue para formar parte del Consejo Técnico Asesor del OMENT donde la industria y aliados ocupan la mayor parte de los asientos. Como era de esperarse, en las mesas de etiquetado frontal, publicidad dirigida a la infancia y criterios nutrimentales, la mayoría de los presentes, representantes de la industria, se oponían a aceptar las recomendaciones y criterios de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud y del Instituto Nacional de Salud Pública. En la última mesa realizada, enfocada en los criterios nutrimentales que sirven para distinguir cuando un alimento y una bebida excede límites de contenido de sodio, grasas, azúcar, la industria mantuvo su oposición a las recomendaciones de los organismos internacionales y nacionales bloqueando, como lo había hecho en las demás mesas, cualquier avance y evaluación con base científica sobre estas políticas.
El OMENT se convirtió en el paraguas que la Secretaría de Salud entregó a las corporaciones de alimentos y bebidas para darle cuerpo a la Gran Simulación.
Sin embargo, las simulaciones caen ante la evidencia, ante los hechos que las propias simulaciones vuelven más graves. El Dr. Narro heredó estas regulaciones cooptadas, elaboradas sin consulta a los institutos, sin basarse en la evidencia, producto de un profundo lodazal. Heredó también el OMENT, un Frankenstein que no hay manera de seguir maquillando. La invitación de Secretaria de Salud a organizaciones civiles e institutos a los grupos de trabajo del OMENT puede ser una señal de que el Secretario quiera enderezar las cosas en medio de la emergencia. Quedan pocos meses y se han perdido años, sexenios en materia de prevención. Y sólo con prevención podremos revertir las tendencias.
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