En Brasil, en este momento, se está viviendo una lucha de poder a poder en la antesala de las elecciones presidenciales que se celebraran en el todavía lejano mes de octubre. Luis Inácio Lula da Silva, el obrero metalúrgico cuatro veces candidato y dos veces Presidente de su país, ahora va por la tercera postulación ganadora pero en su aspiración se le ha atravesado una denuncia por corrupción y lavado de dinero producto de supuestos sobornos de la constructora OAS que le habrían beneficiado personalmente.

Y Sergio Moro, el súper fiscal anticorrupción, lo ha encontrado culpable y subsecuentemente dictó una sentencia condenatoria de nueve años y seis meses de prisión. No obstante, los abogados de Lula, han recurrido la sentencia para evitar la aplicación de la ley Ficha Limpia aprobada en 2010 para combatir los escándalos de corrupción. Este ordenamiento impide candidaturas de personas condenadas por la justicia, en decisión colegiada, “por delitos de corrupción, abuso de poder económico, asesinato y tráfico de drogas”. Lula ha apelado ante el Tribunal de Apelación y ha permanecido en libertad esperando ser absuelto.

Sin embargo, esta semana los tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Cuarto Tribunal Regional Federal, con residencia en Porto Alegre, lo han encontrado culpable y han resuelto que debe ser mayor el castigo, entre diez y doce años en prisión. Todavía  Lula puede ir al Tribunal Federal con sus alegatos pero el proceso podría quedar concluido antes de los comicios presidenciales lo que podría significar ser detenido en plena campaña y que su partido quede en el desamparo electoral. Lula hoy es el candidato más popular y mejor posicionado en las encuestas de intención de voto. Y ese sesgo ganador complica el escenario político. Obvio, detener al candidato mejor posicionado, suena a una vendetta política o como decimos en México, es ganar a la mala.

Y es que el Poder Judicial con sus resoluciones está a un paso de bajarlo como candidato presidencial lo que cambiaría el escenario de competencia. EL PT quedaría momentáneamente acéfalo de candidato y tendría que habilitar un sustituto. Pero no es lo mismo. Iría contra el tiempo y el descrédito de tener a su líder en la cárcel que la gran prensa conservadora buscaría aprovechar para ahondar en los negativos.

Hasta aquí los hechos grosso modo. Las interpretaciones oscilan entre las posiciones de la derecha brasileña que esta empecinada en “aplicar la ley” y tomarle la foto ingresando a prisión y la izquierda variopinta que cuestiona la utilización política de la justicia.

Así, la derecha busca acabar con Lula mediáticamente y también destruir la opción electoral de izquierdas. Cómo también se ha intentado, curiosa coincidencia, en Argentina, Chile, Ecuador, Bolivia y Venezuela luego del llamado ciclo de gobiernos de izquierda y el triunfo de los partidos de la derecha, la consigna parece ser la de “no vuelvan más”, y en ese sentido, estaría haciendo uso de las instituciones del Estado para evitar su regreso mientras se consolidan los personeros neoliberales.

Pero, en esta expectativa, no van bien las cosas, la derecha si bien ganaron las últimas elecciones en Argentina con Mauricio Macri y  en Chile con Sebastián Piñeira, la respuesta a sus políticas sociales no recibe apoyos más allá de los electorales, que alguien lo explique. Especialmente en el caso de Argentina donde la protesta social alcanza cada día mayor espacio social y hoy el gobierno macrista hasta en franco retroceso.

La izquierda del sur del continente, sabe que en el juicio contra Lula –quizá el último líder carismático latinoamericano vivo- no solo está en juego la libertad de este personaje legendario de la lucha contra la dictadura militar (1965-1985), sino el triunfo del neoliberalismo y sacrificio de las conquistas alcanzado durante los gobiernos petistas. Aquellos mandatos que significaron que 40 millones de brasileños salieran de su estado pobreza. Y, justo el éxito de los gobiernos de Lula, es lo que provoca hoy que él sea el político mejor posicionado en las encuestas de intención de voto.  Y eso molesta en los círculos conservadores.

Así, que un fallo definitivo en su contra, no es el triunfo del Poder Judicial que tiene en sus manos un caso sin mucho sustento acusatorio –hay la sospecha de que habría recibido de soborno un departamento en la costa pero sin evidencia de que sea suyo o que lo haya ocupado en algún momento-, y esa sospecha ha llevado a que los jueces, dos de ellos promovidos por el gobierno de la defenestrada  Dilma Rousseff, encuentren que Lula sea quien estaría detrás de la trama corrupta de Petrobras que significó el robo de más 8 mil millones de dólares y por lo que muchos empresarios y políticos terminaran en prisión.

La historia de Brasil está marcada por una derecha fuerte y provocadora que en 1965 apoyo el golpe militar contra el Presidente Joao Goulart, a quien acusó a través de los grandes medios que hoy acusan a Lula, de pretender imponer en Brasil el modelo soviético, lo que llevó al golpe y al poder al general Alencar Castelo Branco que desataría una persecución de todos aquellos sospechosos de “comunistas”.

Más recientemente estuvo detrás del desafuero de la Presidenta Dilma Rousseff, quien había estado presa y fue torturada durante la dictadura, bajo el cargo de “incumplimiento de las leyes presupuestales”, lo que ello signifique. El pedido del impeachment (juicio político) inició en octubre de 2015 y concluyó en agosto de 2016 con la destitución por un legislativo severamente cuestionado.

Desde entonces ha existido una campaña fuerte en contra de Lula al que se le ha buscado involucrar en la corrupción en que incurrieron varios cargos del PT y que los llevarían a prisión producto de la operación anticorrupción Lava Jato. Hasta ahora todo marcha en contra de Lula y las posibilidades de salir bien librado se desvanecen, sin embargo, se encuentra en campaña recorriendo el país, llenando plazas, denunciando la persecución de que es objeto y obteniendo el apoyo de millones de brasileños que ven en los jueces del Poder Judicial una institución que no busca solo enjuiciar a su líder, sino a todo un país.

Así, el desenlace, podría incendiar a ese gran país.

Ernesto Hernández Norzagaray

https://www.sinembargo.mx/author/ernestohernandez/

Doctor en Ciencia Política y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Profesor-Investigador de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel I. Ex Presidente del Consejo Directivo de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales A. C., ex miembro del Consejo Directivo de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política y del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Ciencia Política A.C. Colaborador del diario Noroeste, Riodoce, 15Diario, Datamex. Ha recibido premios de periodismo y autor de múltiples artículos y varios libros sobre temas político electorales.

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