Esta semana es de definiciones. Durante las plenarias de cada una de las fuerzas parlamentarias se decidirán los temas prioritarios del fin de la legislatura y la estrategia para darles cause. Este es el último período de sesiones y a muchos congresistas preocupa más el salto a un lugar seguro, que los asuntos pendientes que -les guste o no- deben trabajar.

Al cierre del año pasado, el Congreso aprobó la Ley de Seguridad Interior imponiéndose un estigma automático de subordinación al ejecutivo, de las propias fuerzas armadas y también, de lejanía con la ciudadanía. Probablemente, no existe en la historia otro proceso legislativo en la cual hubiere tanta oposición por parte de la sociedad.

Menos popular pero no menor, fue la aprobación por el Senado de la Ley General de Archivos –aún falta la Cámara de Diputados- que, si bien fortalece al Archivo General de la Nación y contempla mejoras sustantivas para la gestión pública de los archivos, dejó de lado consideraciones importantes sobre el papel de estos en la lucha contra la impunidad de las violaciones a derechos humanos.

Al mismo tiempo, a pesar de que un gran grupo de sociedad civil presentó un trabajo serio y técnicamente viable de la reforma al artículo 102 Constitucional, los legisladores presentaron con bombo y platillo la eliminación del pase automático del Procurador General al nuevo Fiscal sin considerar una reforma estructural y orgánica a la Procuraduría que diera pauta a un cambio de raíz y no cosmético. Por esto, aun cuando piensen que hicieron su trabajo y que la bolita esta en las legislaciones locales, este no es suficiente y mucho menos aceptable. La transformación a la Fiscalía General de la Nación no es un tema resuelto y es uno de los que debe ponerse sobre la mesa en estas reuniones. Todas las palabras contra la impunidad de cada uno de los candidatos carecen de sentido si esta reforma no tiene cauce. La definición en cuanto a una Fiscalía que Sirva es la oportunidad de ver cambios reales. No hay forma de sentirse seguro si cada delito cometido no es investigado y sancionado ¿qué más perdón que ese?

Finalmente, está el tema que la Corte obliga a regular: la publicidad oficial. El Congreso tiene tres meses para romper la histórica relación perversa entre los medios y el gobierno y controlar el indiscriminado y arbitrario ejercicio del gasto público. Esta ley podría significar dejar de ver las caras y colores de funcionarios y partidos y hacer que la información que nos comunica el estado sea de utilidad y no solo promoción. Además, sería la oportunidad de los medios de ganar legitimidad con las audiencias y de estas de recibir información plural.

Enrique Peña Nieto ha tenido una larga lista de afirmaciones que reflejan su intolerancia al disenso y su desesperación por reconocimiento. ¿Quieren que aplaudamos? reformen el artículo 102 Constitucional conforme a la propuesta del colectivo Fiscalía que Sirva y regulen la publicidad oficial, no solo para librar el desacato, si no para garantizar la libertad de expresión.

Ana Cristina Ruelas

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Ana Cristina Ruelas, colabora en la oficina regional para México y Centroamérica de ARTICLE 19. Es abogada y maestra en administración pública y políticas públicas. Se desempeño como Directora Regional y Oficial del Programa de Derecho a la Información en la misma organización y ha trabajado en organizaciones de derechos humanos en México y en Perú en temas relacionados con participación ciudadana y educación para el desarrollo.

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