Las investigaciones por el caso de corrupción de la empresa brasileña Odebrecht derivó en la orden de captura de un mexicano. Se trata del empresario Ruperto Luis Antonio Flores Mancera, a quien la justicia peruana busca por formar parte del llamado “Club de la Construcción”, una organización de empresarios que se repartían contratos de obras públicas en ese país a cambio de sobornos.
Ha pasado un año desde que se destapó en Latinoamérica el caso Odebrecht. En otros países se avanza gracias a los partidos de oposición y de las instituciones. Se han ordenado detenciones, allanamientos de oficinas privadas y federales, se ha incautado dinero, ex presidentes se han mostrado dispuestos a declarar y a otros se les ha procesado. En México hay cero detenidos y un ex funcionario citado a declarar.
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Ciudad de México, 22 de enero (SinEmbargo).– Por primera vez la investigación por el caso Odebrecht desemboca en la orden de captura de un mexicano. Se trata del empresario Ruperto Luis Antonio Flores Mancera, a quien la justicia peruana busca por formar parte del llamado “Club de la Construcción”, una organización de empresarios que se repartían contratos de obras públicas en ese país a cambio de sobornos.
De acuerdo con el Ministerio Público de Perú, esta red de empresarios del rubro de la construcción habría operado de 2011 al 2014.
Ha pasado un año y en cada lugar donde se hicieron públicos los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht con funcionarios públicos se han tomado cartas en el asunto, excepto en dos países: México y Venezuela. Y en ambos, las ligas podrían alcanzar a la figura presidencial.
De acuerdo con el diario peruano La República, unas 30 empresas constructoras, nacionales y extranjeras, constituían el "Club de la Construcción". A Flores Mancera lo buscan por ser el representante legal de la empresa de origen español San Martín Contratistas Generales.
Entre las empresas investigadas se encuentran Obrainsa, Malaga, Cosapi, Graña y Montero, ICCGSA, JOHE, Grupo Plaza, Constructora San Martin, OAS, Andrade Gutiérrez, Motaengil, Queiroz Galvao, H&H Casa, entre otras.
El modus operandi del “Club de la Construcción” consistía en que las empresas acordaban entre ellas cual sería la beneficiada de millones de proyectos, entre ellos algunos de Provías Nacional, una oficina dependiente del Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Perú.
Odebrecht fue parte de este grupo y también la Constructora San Martin.
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El pasado 12 de enero, la Fiscalía peruana informó que su Equipo Especial realizó un allanamiento en las oficinas de distintas empresas vinculadas al “Club de la Construcción”.
San Martín Contratistas Generales, empresa donde el mexicano Flores Mancera es representante legal, confirmó el allanamientos en sus instalaciones a través de su página oficial.
“La empresa ha colaborado con brindar todas las facilidades del caso a las autoridades para que lleven a cabo su diligencia y se aclaren cuanto antes los hechos materia de la investigación.
Nuestra empresa rechaza toda práctica anticompetitiva de cualquier naturaleza, y reafirma sus valores y compromiso con el desarrollo del país”, detalló la empresa en un comunicado.
El diario La República tuvo acceso a la base de datos de Provías e identificó a los funcionarios de este organismo que fueron parte de los Comités de Licitación que otorgaron los proyectos a las millonarias obras públicas adjudicadas a los miembros del llamado “Club de los Constructores”.
En Perú, las investigaciones por el caso Odebrecht han alcanzado las esferas más altas de poder como el Presidente Pedro Pablo Kuczynski, la opositora Keiko Fujimori y el ex Presidente Alan García.
La investigación ha derivado en varios casos de corrupción entre empresas-gobierno, como es el del “Club de la Construcción”.
Tras varios meses de investigación, el Equipo Especial del Ministerio Público ha logrado documentar la relación entre funcionarios públicos y los representantes de las empresas constructoras, para sustentar los pedidos de detención y allanamiento de los inmuebles.
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EN MÉXICO: CERO DETENIDOS
En México, el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, ha sido el único nombre que ha salido a la luz, aunque en la declaratoria de la empresa ante los tribunales estadounidenses se habló de cinco funcionarios inmiscuidos con la constructora.
A lo largo de 2017, Lozoya Austin fue sólo en una ocasión a la Procuraduría General de la República (PGR), pero a pesar del número de medios que se dieron cita para registrar su llegada al edificio de Reforma, al ex director de Pemex no se le vio entrar, ni tampoco se le vio partir.
Ese mismo día ofreció una conferencia de prensa, en la que negó las acusaciones de sobornos y anunció demandas por daño moral.
De acuerdo con las declaraciones del ex director de Odebrecht en México, Luis Alberto de Meneses Weyll -cuyos videos fueron difundidos por Quinto Elemento Lab-, Emilio Lozoya recibió 4 millones de dólares que habrían tenido como destino la campaña de Enrique Peña Nieto, para luego, obtener ayuda con contratos con Pemex.
De acuerdo con la declaración, Lozoya planteó a Odebrecht, que sería “muy importante” si pudieran contribuir con algo cuando él los había apoyado desde 2009.
El reconocimiento pedido era de 5 millones de dólares, pero le dieron 4 millones. Luego, ya al frente de Pemex, recibió otros 6 millones de dólares.
Lozoya, según la empresa, tenía potencial en el gobierno y eso ameritaba una relación “más estrecha y de confianza” con él. La declaración de Meneses es expresa: en 2012, Emilio Lozoya recibió 4 millones de dólares como miembro del comité de campaña. En 2013 y 2014, ya como director de Pemex, recibió 6 millones de pesos” y agregó que, de “tener éxito”, habría más compensaciones.
Hasta el momento se sabe que también, una filial de Odebrecht, Braksem, intervino en la campaña de Peña Nieto con transferencias por 1.5 millones de pesos, que fueron transferidos a Latin América Asia Capital, empresa que ha sido relacionada por testigos protegidos, con Lozoya Austin.
En otros países se avanza gracias a los partidos de oposición y de las instituciones. Se han ordenado detenciones, allanamientos de oficinas privadas y federales, se ha incautado dinero, ex presidentes se han mostrado dispuestos a declarar y a otros se les ha procesado. En México hay cero detenidos y un ex funcionario citado a declarar.
